Los procesos de diálogo que se cursan en Venezuela son indispensables para buscar salidas a la pavorosa crisis institucional y socioeconómica que atraviesa el país. Hace falta un entendimiento serio, consistente, de largo plazo a fin de que la economía pueda tomar el carril de la producción y el progreso, para ello es absolutamente necesario que Fedecamaras y el resto de los gremios empresariales ajusten acuerdos con el gobierno, no obstante y ello tenemos que recalcarlo hasta el cansancio, este entendimiento debe estar sujeto a la norma constitucional porque en el campo de la discrecionalidad siempre prospera lo opaco, lo manumiso y de esta manera se genera un tramado de entuertos que luego hace difícil aclarar las reglas del juego desde el punto de vista legal.
En el área política es donde se concentran las mayores expectativas porque allí se decide el cómo realizar las fórmulas de libertades ciudadanas tuteladas en la Constitución. El problema es que las negociaciones se han circunscrito a la bilateralidad secreta de Estados Unidos y el gobierno de Maduro, es allí donde se decide y no en los otros escenarios donde participan representantes del gobierno y la oposición democrática. Muchos dirigentes dan por bueno lo anterior o en todo caso lo asumen como una realidad impuesta que no tiene vías de reclamo o modificación. Sobre esto debiera existir un marco de opciones donde al menos prele un conjunto de consultas que den garantía a los partidos y organizaciones que están trabajando con denuedo el tema electoral.
Respecto al diálogo que debe existir en materia de Derechos Humanos vemos un escenario devastador, simplemente porque en esta área tan sensible no hay diálogo, no hay entendimientos sino puramente agresión por parte del régimen y protesta de los defensores de esos Derechos. Sin embargo, existen instancias inscritas en el segmento de los derechos básicos de la ciudadanía que intentan un entendimiento pagando el precio del silencio y la mirada oblicua ante los desmadres oficialistas, sin calibrar que esta tolerancia sirve de fachada propicia para la validación de atropellos totalitarios.
Pareciera que lo descrito son simples formalidades sin ningún anclaje real y carente de una concreción en el contexto social. Esa idea de la inutilidad de alegar premisas legales y constitucionales tiene su origen en la actitud que ha asumido un régimen que en más de 20 años renunció a gobernar con base en la legalidad. La arbitrariedad que nos oprime por más de dos décadas, desde aquellas expresiones de “¡¡¡EXPRÓPIESE!!!” del “Comandante Eterno” de ingrata recordación, es lo que sufrimos cotidianamente y por ello con frecuencia captamos aquellas exigencias propias de la ley y de la Constitución como ingenuidades de ilusos operadores políticos de la oposición.
En resumen, el diálogo en todos los terrenos debe darse con una clara definición de roles, sin concesiones principistas, sin devaneos ni neutralidades que terminan enviando señales equivocadas a las víctimas y sus familiares. En esto debemos ser absolutamente contundentes, vamos al diálogo como demócratas que luchan por la vigencia de la Constitución y no como ciudadanos sometidos que esperan del diálogo pequeños favores que permitan alargar la subsistencia, pero bajo las cadenas del oprobio. El diálogo tiene que ser digno, no un intercambio para mendigar favores, sino un pulso heroico entre la sumisión y la libertad.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
