Trabajo de www.talcualdigital.com
Nicolás Maduro ha ordenado a sus cuadros políticos, sociales y sindicales reaccionar ante un presunto plan golpista con la llamada “furia bolivariana”, un plan del chavismo que los expertos en derechos humanos asocian con persecuciones, detenciones arbitrarias y control social, en pleno inicio de un año electoral.
Días después de denunciar ante la Asamblea Nacional el desmantelamiento de hasta cuatro planes golpistas en su contra en 2023, Maduro llamó a la “máxima vigilancia” del alto mando militar para defender “la estabilidad” del país.
Prometió que los presuntos golpistas se enfrentarían a lo que llamó “la furia bolivariana de un pueblo que sabrá defender su democracia, su Constitución”.
Maduro usó ese término por primera vez en 2020 para referirse a medidas “drásticas, audaces y valientes” de su gobierno durante el primer año de la pandemia de COVID-19, entre las que mencionó el confinamiento forzado de pacientes positivos.
Entonces, especialistas en derechos humanos lo señalaron de copiar el modelo autoritario chino para ejercer control social y político, en momentos en el que, además, sus opositores denunciaban su usurpación del cargo de la presidencia.
Cuatro años después, Maduro vuelve a invocar “la furia bolivariana” como estrategia para defender al chavismo de lo que ha calificado como “un plan conspirativo”.
Plantea que civiles y militares habrían planificado en Colombia y Estados Unidos que un grupo de mercenarios” concretaran un “asalto” contra el gobernador del estado fronterizo de Táchira, Freddy Bernal, la madrugada del 1 de enero.
Luego, de acuerdo con su versión, ese grupo iría “en caravana” hasta Caracas para tratar de derrocarlo. El fiscal general y ex gobernador del chavismo, Tarek William Saab, anunció el lunes su solicitud de arrestos contra 14 personas por ese plan.
“Plan furia bolivariana frente al golpismo”, dijo Maduro a sindicalistas de la industria petrolera la semana pasada, durante una conversación telefónica con ellos que fue televisada. Les ordenó mantener “la guardia arriba” ante esas presuntas intentonas.
Política estatal de persecución
Marino Alvarado, activista de derechos humanos y directivo de la ONG venezolana Provea, dijo comprender el anuncio presidencial sobre la “furia bolivariana” como la “continuidad” de una política estatal de “persecución” contra la disidencia.
Alvarado comentó a la Voz de América que esa estrategia “abarca detenciones; perseguir para obligar al exilio a líderes políticos y sociales, e intimidar. Se trata de meterle miedo a la gente” para que no forme parte de ningún voluntariado de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año.
Carlos Lusverti, profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la “furia bolivariana” provocó hace cuatro años amedrentamientos, “cuarentenas forzadas” y criminalización de contagiados de COVID-19.
Este año, dijo a la VOA, Maduro desempolva el término para sugerir “medidas de acoso” e “intentos de intimidación” contra protestas sociales, especialmente las emprendidas para demandar al gobierno mejores salarios y pagos de pensiones.
“La complejidad es definir si efectivamente tiene la forma de un plan o protocolo establecido para generar determinado tipo de acciones. Los comentarios de Maduro hacen suponer que sí, pero formalmente no se ha verbalizado como tal”, dijo.
Lusverti dijo interpretar las menciones a la “furia bolivariana” como “una invocación” a futuras acciones del Estado frente a expresiones de disidencia en su contra.
“Es un término interno de ellos”, dijo, y señaló que el chavismo activó los planes Guaicaipuro y Zamora para defender la continuidad del gobierno frente a las protestas de miles de manifestantes que exigían cambios en el poder, en 2014 y 2017.
“Estaríamos en una situación muy preocupante. Esos planes fueron utilizados para reprimir a la disidencia, perseguir, el uso excesivo de la fuerza, el uso de tribunales militares” para condenar penalmente a manifestantes y opositores, apuntó Lusverti.
Esas estrategias del Estado se tradujeron en «detenciones arbitrarias, muertes de decenas de personas, denuncias de torturas y tratos crueles» en el país, destacó.
Alvarado, por su parte, coincidió en que la “furia bolivariana” de este año buscaría “frenar la protesta social” en un momento donde, a su entender, el gobierno “no tiene ninguna voluntad” de mejorar salarios y pensiones o discutir convenciones colectivas.
Según el experto en derechos humanos, otro resultado sería que el gobierno de Maduro sume nuevos presos políticos para negociarlos como “fichas” de canje.
“Es un gobierno que aumenta el número de presos políticos para después negociar en Barbados. Es la política de la puerta giratoria” en los centros de detención, una tesis según la cual el Estado libera a algunos presos para detener a otros, aseguró Alvarado.
El fiscal Saab confirmó el arresto la semana pasada de Víctor Venegas, un profesor y sindicalista de 57 años, por presuntamente “estar involucrado en actividades contra la paz de la república” y querer convertir al estado de Barinas en epicentro de violencia.
Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos concretaron en diciembre un canje de detenidos en el marco de esas conversaciones directas, que incluyó al empresario colombiano Alex Saab y un grupo de estadounidenses encarcelados.
Los arrestos recientes son «una jugada política que demuestra la mala fe con que el gobierno está debatiendo en la mesa de negociación”, valoró Alvarado, por su lado.
