Nicolás Maduro anunció un ajuste en lo que llamó el “ingreso mínimo mensual” (no del salario base) de los trabajadores venezolanos. La medida significó el aumento el Bono de Guerra Económica a 60 dólares mensuales. Mientras que el bono de alimentación se mantiene igual en 40 dólares que, según el gobernante, están indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
“He decidido dar el paso de subir de 70 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares (…), a partir del 1 de febrero (…) ¿Pariendo?, sí, pariendo. Pariremos, pero avanzaremos en tiempo de guerra económica y bloqueo”, expresó Maduro durante su Memoria y Cuenta ante el Parlamento oficialista.
Una violación a los derechos de los trabajadores
Después de que Maduro informó del aumento a 100 dólares del «ingreso mínimo integral indexado» a través de bonos mensuales -que no generan pasivos laborales ni inciden en ningún tipo de beneficio que proviene del salario mínimo como lo establece la ley- organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos y opositores denunciaron una violación a derechos laborales de los trabajadores.
La ONG Provea aseveró que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.
Según la dirigente sindical Ana Rosario Contreras, la bonificación de los ingresos de los trabajadores elimina las pensiones a jubilados y pensionados, las prestaciones sociales y las cláusulas económicas contractuales, bono vacacional y bono nocturno porque no tiene incidencia salarial.
Un ingreso empobrecido
Nicolás Maduro se olvidó del salario mínimo, el cual se mantiene en 130 bolívares desde el último aumento que autorizó en marzo del 2022. Desde 2023, y pese a las insistentes protestas y exigencia de los trabajadores, la estrategia gubernamental ha sido ajustar bonos adicionales que no generan pasivos laborales y dificultan que los trabajadores puedan tener mejores ingresos.
Un ingreso empobrecido
El gobierno de Nicolás Maduro se olvidó del salario mínimo, el cual se mantiene en 130 bolívares desde el último aumento que autorizó en marzo del 2022. Desde 2023, y pese a las insistentes protestas y exigencia de los trabajadores, la estrategia gubernamental ha sido ajustar bonos adicionales que no generan pasivos laborales y dificultan que los trabajadores puedan tener mejores ingresos.
Los pensionados, el eslabón más débil
La vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 16 de enero que los trabajadores que perciben el Bono de Guerra Económica bono tendrán un salario integral indexado de 100 dólares. Esta bonificación la perciben completa únicamente los trabajadores de la administración pública.
En el caso de los jubilados de la administración pública, según el anuncio de Rodríguez, percibirán 70 dólares, que corresponden al 70 % del ingreso mínimo integral indexado.
Delcy Rodríguez justificó que los pensionados recibirán solo 25 dólares por concepto de Bono de Guerra Económica. Justificó la reducida cifra bajo el argumento de que estas pensiones son “totalmente financiadas por el Estado”.
“Esos pensionados van a llegar al equivalente de 25 dólares, y acompañados de políticas de bonos de protección social de Patria, superarán los 30 dólares”, dijo Rodríguez.
Los pensionados siguen cobrando mensualmente 130 bolívares, que corresponden al último aumento del salario mínimo hecho en marzo de 2022. Al recibir 25 dólares del Bono de Guerra Económica estarían percibiendo menos de la mitad de lo que cobrarán los trabajadores activos, lo que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas.
Inés Parra es pensionada y vive en Caracas. A sus 61 años todavía trabaja en el área administrativa de una empresa privada. Pese a que quisiera poder retirarse y descansar, ve imposible poder materializar esta iniciativa por el ingreso tan bajo que devenga como pensionada.
“La pensión son 130 bolívares y ahora el Bono de Guerra lo aumentaron, pero a nosotros solo nos pagarán 25 dólares. Con eso, a duras penas puedo comprar las medicinas que necesito para la pensión y mis problemas circulatorios”, relató a Runrun.es
Después de trabajar toda una vida, Inés lamenta no poder ver el fruto de ese esfuerzo. A su edad tiene que seguir trabajando y asegura que mientras pueda, lo seguirá haciendo. “Gano más con lo que hago en la empresa donde estoy. Si yo dejara de trabajar, pasaría hambre”, expresó.
Jóvenes no ven el fruto del trabajo
Angélica Rodríguez es una profesional de Contaduría y actualmente trabaja en una empresa privada. Su salario base es de 130 bolívares mensuales y tiene bonificaciones en dólares. Esto representa un problema, porque como empleada, es irrisorio lo que percibe por vacaciones y utilidades, que se calculan sobre la base del salario mínimo del 2022.
“Cuando yo salgo de vacaciones nunca puedo hacer nada porque el pago por el bono vacacional es nulo. En diciembre también es difícil porque, mientras en algunas empresas el sueldo base es un poco más alto, el mío es bajo y no tengo ganancias adicionales porque las utilidades se calculan con el sueldo mínimo”, contó en entrevista con Runrun.es.
Rodríguez, que tiene 26 años, quisiera poder ahorrar pero todos sus ingresos los gasta en comida y servicios para su hogar. Como trabaja en una empresa privada tampoco recibe el Bono de Guerra Económica. Tiene que subsistir con las pocas bonificaciones en dólares que otorga la compañía en donde trabaja.
“Yo quisiera poder independizarme, incluso poder viajar cuando salgo de vacaciones, pero con esos 130 bolívares no hago nada. Para nosotros los jóvenes es muy difícil salir adelante y, si algún día salgo de la empresa donde trabajo, tampoco voy a tener un colchón que me permita estar bien mientras consiga otro empleo. Uno se siente atado de manos”, agregó.
