Con la designación de la nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia, de manera sorpresiva y apresurada, cualquier duda que pudiera existir sobre la partidización de la Justicia en Venezuela, ha quedado totalmente despejada, de acuerdo con el análisis dado a conocer este miércoles, por la ONG Acceso a la Justicia.
En efecto, el sorpresivo relevo en la dirección del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ocurrido el pasado 17 de enero ha dejado algunas incógnitas. ¿Por qué se produjo este cambio antes del acto que marca el inicio de las actividades judiciales? ¿Por qué no fue reelecta la anterior presidenta, quién hace 2 años logró el no menos sorprendente hecho de volver a ser designada magistrada y, de paso, recuperar la presidencia del organismo que perdió en 2017? Sin embargo, lo ocurrido también sirvió para confirmar otras sospechas: la partidización del máximo juzgado.
La nueva presidenta, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez (Sala Electoral), así como los vicepresidentes Edgar Gavidia Rodríguez (Sala de Casación Social) y Tania D’Amelio Cardiet (Sala Constitucional), tienen probados nexos con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el cual no solo militar, sino que además fueron candidatos a cargos de elección popular. Si lo anterior no fuera suficiente, alguno de ellos incluso están emparentados con un alto jerarca del Estado.
Todo lo anterior hace que el mandato previsto en el artículo 256 de la Constitución sea letra muerta, al menos por lo que respecta a la directiva del TSJ:
«Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados, jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas».
Una militante pública y notoria
La elección de Caryslia Rodríguez como presidenta del TSJ reavivó el debate en relación con su idoneidad para ocupar el cargo de magistrado, con una fuerza incluso superior a la registrada cuando su nombre comenzó a circular entre los posibles 20 miembros del máximo juzgado que la Asamblea Nacional (AN) eligió en abril de 2022.
Nada más conocerse la información de que la Sala Plena decidió por unanimidad entregarle las riendas del organismo rector del Poder Judicial a Rodríguez, en redes sociales comenzó a circular un video en el cual se le ve instando a los militantes del PSUV a participar en las últimas «primarias abiertas» que ese partido político celebró en 2021.
«Militante del PSUV mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido Nicolás Maduro». Así comienza la invitación de la hoy magistrada, que concluye invitando «a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV».
Además, en su cuenta de Instagram la nueva presidenta del TSJ volvió a dejar en claro su inclinación partidaria. El pasado 18 de enero, la funcionaria publicó una serie de imágenes y un video que recoge la primera reunión de la nueva directiva, celebrada en su despacho. En una de las fotos se ven colgadas en su oficina retratos de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La designación como magistrada supuso para Caryslia Rodríguez su primer cargo en el Poder Judicial; antes no fue jueza en ningún tribunal ni tampoco trabajó como abogado de alguno. Lo más cerca que estuvo de un juzgado fue por sus responsabilidades como consultora jurídica de organismos como el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel), la Red de Transmisiones de Venezuela o de una de las comisiones de la Constituyente de 1999. Así figura en su currículo, el cual está publicado en la página web del TSJ.
Caryslia Rodríguez tampoco tuvo carrera académica. Se dio a conocer en agosto de 2021, cuando tras la renuncia de la entonces alcaldesa de Caracas, Erika Farías, asumió las riendas del ayuntamiento capitalino, en virtud de que para ese momento se desempeñaba como presidenta del Concejo Municipal. La ahora presidenta del TSJ fue electa en las elecciones municipales de 2017 como concejal en el municipio Libertador por el PSUV.
La magistrada nacida en Italia ha pasado por tres poderes públicos
Una objeción similar se le debe hacer a la presidenta de la Sala Constitucional y segunda vicepresidenta del TSJ, magistrada Tania D’Amelio.
Antes de haber sido designada magistrada en abril de 2022, D’Amelio ocupó por casi tres lustros una de las cinco sillas del Consejo Nacional Electoral (CNE), cargo al que llegó tras un período en la AN como diputada del estado Vargas por el extinto Movimiento Quinta República.
El oficialismo pretendió silenciar las críticas a la elección de D’Amelio como rectora electoral al solicitarle que presentará una constancia de renuncia a su militancia partidista, un trámite que comenzó en 2004 cuando diputados como Luis Velásquez Alvaray o Luis Franceschi cambiaron sus curules por las togas de magistrados.
Como la recién electa presidenta del TSJ, la nueva titular de la presidencia de la Sala Constitucional tampoco tiene carrera judicial. Su andadura profesional se inició en 1999 en la jefatura civil y luego en la prefectura de La Guaira, según se lee en su currículo. No tiene carrera académica, su especialización es en derecho ambiental, tributario y ha realizado cursos en materia de derechos humanos, pero no se menciona ningún estudio en derecho constitucional.
D’Amelio nació en Italia en 1971 y ha conseguido ocupar puestos en altas instituciones del Estado. El artículo 263 de la Constitución establece claramente que el primer requisito para ser miembro del máximo juzgado es «tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no tener otra nacionalidad», sin que se conozca hasta los momentos el supuesto bajo el cual se considera a la magistrada venezolana por nacimiento según el artículo 32 de la carta magna
Este no sería el primer caso que se registra en el TSJ. La abogada Evelyn Marrero Ortiz fue designada en 2004 magistrada de la Sala Político Administrativa, pese a que había nacido en Puerto Rico.
Emparentado con Miraflores
Por último, el primer vicepresidente del TSJ y reelecto presidente de la Sala de Casación Social, Edgar Gavidia, tampoco tuvo carrera judicial ni académica; ni siquiera tiene especialización en el área laboral, de protección de niños y adolescentes o agraria, las cuales son competencia de la instancia que preside, sino en derecho penal, de acuerdo con su currículo.
Como sus compañeras de la directiva, militó en el partido de Gobierno y gracias a ello fue elegida concejal metropolitano de Caracas. Cabe destacar que, además, es hermano de Walter Gavidia, quien fue presidente de la Fundación Negra Hipólita y exesposo de la primera dama y actual diputada, Cilia Flores.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La nueva directiva del TSJ muestra hasta qué grado ha llegado la cooptación del TSJ por parte del oficialismo y también explica por qué cuando se trata de defender los intereses del Gobierno la institución está siempre presta.
El relevo en la cúpula del organismo judicial es preocupante, en especial en la actual coyuntura. En 2024 se deben celebrar elecciones presidenciales y la nueva presidenta del TSJ encabeza la Sala Electoral, instancia encargada de dirimir cualquier controversia relacionada con los comicios y con la actuación del árbitro.
