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Valentina Ballesta indicó que Amnistía Internacional teme porque se pongan requisitos altos para las ONG, lo que haría que sean criminalizadas
La directiva de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Valentina Ballesta, manifestó su preocupación sobre el proyecto de ley de fiscalización a las ONG porque, según su opinión, tiene muchas similitudes al articulado que se aprobó en Nicaragua y que ha eliminado hasta el momento a más de 3.000 organizaciones.
Ballesta, quien concedió una entrevista al periodista Vladimir Villegas, indicó que existe un grupo cercano a las cuatro millones de personas que están en situación vulnerable y que requieren de la ayuda de las ONG, por lo que la entrada en vigencia de este articulado dejaría a la deriva a estos venezolanos.
«Nos preocupa a las organizaciones que elevamos nuestra voz, que primero es una ley para colocar un nivel de arbitrariedad extra al funcionamiento y a la existencia misma de las organizaciones que protegen derechos humanos y otras», dijo la directiva de AI.
Opinó que la entrada en vigencia de esta ley sobre las ONG eleva el riesgo de que las organizaciones sean criminalizadas porque les pidan requisitos que sean difíciles de cumplir, junto a altos niveles de arbitraje, que al final acelere el cierre de las mismas. Por ello, alertó que se acabe el trabajo humanitario y se extinga además el financiamiento.
«Lo que tememos hoy en día con la aprobación de esa ley, es que se termine de asfixiar el funcionamiento de estas organizaciones que parecen lejanas, quizás para los ciudadanos, pero están presentes en el día a día», expresó.
Las declaraciones de Ballesta se producen dos días después de que Amnistía Internacional (AI) emitiera una alerta por el «grave riesgo para las ONG de Venezuela», ante la «inminente» aprobación de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas organizaciones y cuya discusión fue retomada la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020.
«La Asamblea Nacional (de contundente mayoría oficialista) retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela», dijo AI en su cuenta en X.
De aprobarse, prosigue el escrito, «todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias», reseñó la agencia EFE.
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