El ministro de Trabajo e integrante de la delegación oficialista en la mesa de diálogo, Francisco Torrealba, aseguró este domingo que las reuniones con la oposición pueden darse en «cualquier momento» y destacó que por ahora no hay una fecha fijada para generarse un encuentro.
Así lo destacó Torrealba en entrevista concedida a Venevisión, donde destacó que los «jefes» de ambas delegaciones, como el exalcalde de Baruta Gerardo Blyde y el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, son quienes acuerdan cuándo se llevarán a cabo las reuniones y adelantó que el oficialismo está listo siempre para conversar.
Recalcó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el que tiene potestad para fijar cronogramas y fecha de elecciones, por lo que subrayó que -en el marco de los acuerdos de Barbados- los comicios se llevarán a cabo en el segundo semestre de este año y recordó que ese periodo comienza el 1° de julio.
En ese sentido, espera que ambas partes cumplan lo establecido en Barbados a mediados de octubre de 2023.
También se refirió a la reciente detención en Barinas del profesor Víctor Venegas, a quien acusó de «sindicalero» y aseguró que en la entidad cometió varios presuntos ilícitos con el objetivo de crear caos en la entidad como por ejemplo que anotaba con nombre y apellido quiénes iban a dar clases y los papás que llevaban a sus hijos a las escuelas, hecho que tildó de «represión» y de «paraestado» porque «no quería que se dieran clases».
A su juicio, todos aquellos trabajadores que no quieran aumento en el ingreso mínimo integral -por medio de bonos- «está listo para que se le haga una evaluación psiquiátrica, a menos que sea un millonario» porque «no conozco a nadie que se oponga a la política del Gobierno».
Torrealba enfatizó que la gente puede hacer sus protestas pero siempre en el marco de la ley y sin perjudicar a los demás, al tiempo que denunció que hay un «sindicalismo mercenario» que cobra dinero de aquellos «apellidotes» que «robaron» recursos del país y que no van a las marchas si no tienen pagos.
Aseveró que recientemente acudió un pequeño grupo a la sede del Ministerio del Trabajo con un pliego petitorio, el cual fue admitido porque tenía competencias que ellos pueden resolver y cumplirle a la ciudadanía.
Francisco Torrealba recalcó que en el país hay más de 5,5 millones de pensionados y que, si bien su ingreso se equipara al mínimo, están asistidos por otras políticas «indexadas» que se traducen en bonos que da el gobierno vía Sistema Patria.
Por eso, aseguró que solo en bonificaciones pasaron de 49 a 70 dólares, además de contar con asistencia médica, combos alimenticios, planes de recreación y subsidio educativo, entre otras medidas.
Aseveró que la empresa privada no está obligada a pagar el «bono de guerra» (que recibe la administración pública equivalente a 60 dólares en bolívares según la tasa de cambio establecida por el BCV), pero sí el cestaticket; del que no deben esperar una Gaceta Oficial para cancelar su valor en la moneda nacional a la tasa del dólar oficial.
Insistió Torrealba en que el anuncio hecho por Nicolás Maduro «es el primero de muchos que se van a realizar» y destacó que, gracias a las políticas económicas recientes, se ha controlado la inflación y con ello el alza de los precios.
