Hay sincera preocupación en muchas organizaciones de la sociedad civil con la mentada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG en el país.
Un proyecto legal que, comenzando por el nombre, no oculta nada en materia de autoritarismo, con unos aditamentos que le hacen perfecto juego al actual estado de cosas en el país.
Es cierto que en todos estos años -desde los tiempos de Eva Golinger- el chavismo ha discutido varias leyes para conjurar los derechos políticos de la sociedad civil y neutralizar a las ONG, colocándolas en estado de sospecha. No ha podido llevar estas iniciativas a efecto, esperando condiciones políticas propicias en un contexto en el cual la sociedad democrática ha plantado una prolongada resistencia.
Es al menos admisible figurarse que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la cocción de la ley se detenga, conociendo los efectos de la presión política en un año electoral encuadrado en complejas negociaciones con factores de poder, y entonces entren de nuevo al congelador.
Nadie debería engañarse son las intenciones concretas del chavismo, del Palacio de Miraflores, en este y otros temas estratégicos en su relación de poder con la sociedad que gobierna. La espera de condiciones favorables para avanzar en su lucha por consolidar un dominio total sobre el país democrático con reglamentos donde sean ellos los únicos que jamás van a rendir cuentas, habiendo sido quienes de verdad administraron la millonaria renta nacional de estos años.
El planteamiento hecho con esta Ley de Fiscalización de las ONG tiene, de acuerdo a lo que han expresado voceros calificados, como Feliciano Reyna, un carácter tan radical y desproporcionado, que no es posible hacerle mejoras a partir de interpretaciones, o procurar ablandamientos o cesiones en el marco de una negociación política como la que teóricamente está plantada con las consultas públicas de la Asamblea Nacional. Es un proyecto que, de acuerdo a su criterio, vulnera de manera grave la libertad de asociación consagrada como derecho constitucional.
Se trata, de acuerdo a las fuentes, de un proyecto legal que despliega con enorme precisión la majadería de la burocracia, haciendo exigencias imposibles, planteando a las organizaciones registrarse ante el estado, de nuevo, por primera vez. Las ONG no quedarían amparadas en el contrato social que, teóricamente, ofrece la Constitución Nacional. Una sentencia del TSJ podría decretar el fin de una ONG.
La ley ha sido aprobada en primera discusión, y ha recibido el año en plenas gestiones, priorizada por Jorge Rodríguez, haciendo el trámite de las consultas públicas. Muchas organizaciones acuden de buena fe, esperando ser escuchadas. Algunas de ellas están vinculadas al oficialismo; muchas otras hacen activismo en temas alejados de la política, otras tantas tienen interpretaciones diferentes a las que ahora imperan en la mayoría de la oposición venezolana.
“De aprobarse como está, esta ley elimina de facto a las Organizaciones No Gubernamentales como las conocemos ahora”, afirma Carlos Correa, de Espacio Público, quien tiene algunas reservas en torno a la inminencia de su aprobación en virtud del entorno político que trae consigo 2024. “Las ONGs tendrán que volver a nacer bajo unas condiciones más agotadoras que las existentes. Para poder existir tienes que volver a integrar un registro, que regionaliza la actividad de las organizaciones e impide atenderlas desde Caracas con una estrategia nacional. La burocracia del estado las atenaza por completo.”
ONG, presa fácil de los autoritarismos
Las Organizaciones No Gubernamentales han sido la expresión de uno de los eslabones más interesantes de la política global y venezolana de finales de siglo XX, y conocieron como espacio un enorme impulso con el desplome del comunismo y la expansión de los valores democráticos en todo el mundo.
Como tienen un carácter independiente, a veces trasnacional, y suelen fundamentar sus pronunciamiento en el uso de la data, es frecuente que sean instancias tomadas por asalto o progresivamente por los autoritarismos. El camino que ofrecen, como parte del paisaje, y sin muchos escándalos, Bielorrusia, Nicaragua o Rusia.
Uno de los temas más recurrentes en torno a la existencia de las ONG consiste en los límites de su conducta y el origen de su financiamiento. Bajo este parámetro, a sabiendas de que algunos se lucran recibiendo fondos con causas que no defienden, los voceros del autoritarismo consiguen, como también ocurra en la política con la comprensión de la democracia, argumentos para desacreditarlas.
En Venezuela se ha ido expandiendo un interesante tejido de activismo ciudadano, y existen muchas ONG, luego de un ejercicio ininterrumpido desde los años 90, que ha incluido, no sin problemas, y no sin sobresaltos, la realidad política de este siglo. La sociedad civil local está tan lastimada como la propia sociedad, pero ha demostrado tener un carácter orgánico y una enorme fortaleza.
Son varias las Organizaciones No Gubernamentales que, soportadas por un trabajo técnico inobjetable, han podido documentar los excesos en el ejercicio del poder en estos años, en materia de gestión económica, corrupción, rendición de cuentas, ambiente, libertad de expresión, derechos humanos. El trabajo de ellas es, literalmente, uno de los faros que protegen de las tinieblas y la desinformación a la sociedad y al interés nacional.
La aprobación de esta Ley de Fiscalización, un hecho en desarrollo, plantea un grave peligro, y persigue convertirse en un arma disuasiva en el marco del careo político actual en un año presidencial.
Su puesta en vigor no debería tomarse como un hecho irreversible en un país en el cual, después de todo, se presentan paradojas y quedan espacio para la política. Pero tampoco, jamás, como un aspaviento. Muy al contrario
Vaciar de contenido las ONG, y además poblar el panorama civil de instancias afines, de replicas, de asociaciones intervenidas, de partidos políticos judicializados con directivas clonadas, forma parte de una rutina asentada en cualquier dictadura, y es muy probable, vistos los hechos, que sea una decisión tomada en el alto gobierno.
