Destinar un 30% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, al financiamiento de la educación, es una de las propuestas formuladas por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), para contribuir a el sistema educativo nacional.
“Es hora de salir del diagnóstico y pasar a la acción. La educación venezolana no aguanta más demagogia”, dijo el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Calatrava, al presentar la «Propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB al país«, plan de política pública que tiene como objetivo mejorar el sistema educativo nacional.
La iniciativa fue desarrollada por profesores, investigadores, egresados y estudiantes de la Escuela ucabista durante el segundo semestre de 2023, con base en el análisis de la situación actual y los desafíos específicos en materia de acceso y asistencia escolar, situación de la planta física de los centros educativos, número y condiciones de los docentes en ejercicio y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
«Nos encontramos en la fase más aguda de la crisis terminal del modelo de gestión del sistema educativo ajustado a los planteamientos no renovados del Estado Docente«, advirtió Calatrava, quien apuntó que la propuesta se enmarca en la necesidad de «establecer un nuevo contrato social en materia educativa» que involucre a la «sociedad educadora» y no solo al Estado para que el país adapte la educación a las dinámicas y demandas propias del siglo XXI, tal como ha sugerido la UNESCO.
«Este nuevo contrato por la educación supone la construcción de un una pedagogía organizada a partir de los principios de cooperación, colaboración y solidaridad; procesos formativos centrados en aprendizajes vinculados con lo ecológico, lo intercultural y lo interdisciplinario; mayor profesionalización de la tarea de educar; escuelas como espacios de mayor inclusión, equidad y bienestar; así como el fortalecimiento de oportunidades que permitan el verdadero desarrollo del principio de educación a lo largo de la vida», comentó en referencia a los planteamientos de Naciones Unidas.
El profesor Calatrava agregó que la propuesta forma parte de los insumos aportados por la universidad a la Alianza por la Educación, proyecto impulsado por Fe y Alegría en el que están involucrados, además de la UCAB, universidades como la UNIMET y la Monteávila, el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE), la consultora EY y varias empresas.
Cinco acciones concretas, medibles y ejecutables
La «Propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB al país» supone una lista de políticas públicas con soluciones económicas, sociales y curriculares, para enfrentar problemas como la salida del sistema educativo de unos 4 millones de niños y adolescentes menores de 18 años; la deserción y emigración casi 200 mil docentes; las deficiencias de los planteles y el «horror» del deterioro del nivel de aprendizaje de los alumnos, identificado en estudios como el SECEL UCAB. «Los datos refieren que quienes acuden hoy a la escuela no llegan ni siquiera a la nota mínima aprobatoria de 10 puntos», apunta el documento de unas 15 páginas.
«El objetivo es lograr avances concretos para el año 2030, con la posibilidad de prorrogarse hasta el 2050″, mencionó Calatrava, quien indicó que se trata de «promover la calidad y el desarrollo educativo integral de los jóvenes venezolanos, al mismo tiempo que la reivindicación y protección social de los docentes, «con el fin de asegurar la innovación pedagógica y potenciar las competencias profesionales de los docentes en ejercicio».
En ese sentido, los expertos liderados por el director de la Escuela de Educación han propuesto cinco acciones «concretas, medibles y ejecutables a corto y mediano plazo», para que Venezuela pueda alinearse con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 establecido por la ONU en la Agenda 2030, el cual se propone «garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos».
Las cinco líneas de trabajo planteadas por el equipo de educadores son las siguientes:
- Asegurar que los venezolanos entre 0 y 18 años se integren a la escuela y culminen los niveles obligatorios en un sistema educativo público pertinente, de calidad, en democracia y libertad para el año 2050.
- Mejorar la actual planta física escolar y construir 24.513 nuevas escuelas correspondientes a los niveles obligatorios para 2030, prorrogable hasta 2050, a fin de garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación.
- Cumplir con una acción colaborativa de formación de educadores con las universidades e institutos pedagógicos del país, que permita el logro para 2030 de 255.374 nuevos profesionales.
- Ejecutar planes curriculares de formación para el trabajo de calidad integrados en la dinámica propia de la Educación Media venezolana, como vía para la vinculación pronta de hombres y mujeres al mundo productivo de acuerdo a las necesidades del país en 2050.
- Alcanzar para 2050 la plena integración escolar e inserción laboral de las personas con discapacidad sin más limitaciones que las asociadas al desarrollo de su potencial y las oportunidades presentes del entorno, con miras a la construcción de una cultura y políticas inclusivas.
Según Carlos Calatrava, estas cinco acciones proponen la «evolución natural» desde un Estado Docente hacia una Sociedad Educadora. «Lo que hemos conocido siempre como el Estado docente requiere renovarse, no obviarse ni sustituirse«, dijo, al mismo tiempo que indicó que el nuevo esquema supone mayor participación y protagonismo de la familia y las organizaciones civiles.
De hecho, según se estipula en el documento, «en la Sociedad Educadora el Estado deja su rol único -por momento exclusivo- como responsable del sistema educativo. Comparte su protagonismo, capacidades y procesos de toma de decisiones con la familia y la sociedad«.
Contra la deserción y el rezago: 30% del IVA para un programa nacional de emergencia educativa
Con respecto a la primera línea de acción, y siendo el sistema educativo venezolano uno de los grandes afectados directamente por la crisis económica del país, la «Propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB al país» plantea, a corto plazo, destinar 30% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto de Sucesiones al sector educativo. Esto se lograría mediante una reforma del Código Orgánico Tributario y el establecimiento de previsiones en la Ley Orgánica de Presupuesto.
«Esto no es nuevo. Vale recordar que al declararse la educación pública, gratuita y obligatoria en el año 1870, el ingreso para financiarla provenía de un impuesto sobre las estampillas», comentó el profesor Calatrava, quien indicó que la estrategia tributaria, además de garantizar una mayor autonomía en la captación de recursos, permitiría apuntalar el financiamiento de un programa nacional para abordar la emergencia educativa, con el objetivo de enfrentar la deserción escolar y el rezago pedagógico, así como la crisis salarial de los maestros.
Así, en lo inmediato, la Escuela de Educación de la UCAB llama a revitalizar y poner en primer plano el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para ello, propone una revisión exhaustiva de los contratos actuales del PAE; la total descentralización del programa, «para una mejor interacción municipio-centro escolar»; la geolocalización de necesidades nutricionales por entidad federal, grupos de edad, incidencia de desnutrición, clase social y nivel educativo, y la «asignación de recursos y materiales a partir de la incidencia de las necesidades de nutrición».
Pensando en los docentes, la propuesta llama a implementar un Sistema Nacional de Atención al Educador, orientado hacia la protección social de los maestros y profesores en ejercicio, con acciones como la «asignación de un porcentaje fijo del presupuesto nacional del sector educación para protección del docente», la formalización de sus necesidades y demandas y la reactivación y mejoramiento de los servicios de previsión existentes. “Ello a través del redimensionamiento del actual Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, IPASME”, puntualizó Calatrava.
La Escuela ucabista también pide, en lo inmediato, crear un «Programa de Educación Alternativa» que, junto con adaptaciones curriculares y la incorporación de profesionales no docentes de áreas diversas de aprendizaje, atienda a la población de jóvenes fuera del sistema educativo, ofreciéndoles así diversas alternativas de estudio de acuerdo con sus circunstancias.
Para esta modalidad, que puede ser entendida como una evolución del parasistema, los educadores ucabistas han pensado en la creación de aulas híbridas (presencial-virtual) que alcanzarían un 15% en cada municipio del país. Según lo establecido en la propuesta, el financiamiento de estas aulas se lograría a través de la creación de «fideicomisos con fondos de la banca privada y pública, que también ofrecerían a la población de estudiantes rezagados la posibilidad de contar con un programa de becas estudiantiles».
“La modalidad ya existe, se llama ‘Educación de Jóvenes y Adultos’. Lo que esperamos es dotarla de contenido, fondo y forma con el programa de Educación Alternativa”, puntualizó el profesor.
Infraestructura escolar: remozamiento y ampliación
Respecto a la segunda línea de trabajo y con la mirada puesta en la demanda educativa actual y futura, la propuesta de la Escuela de Educación de la UCAB insiste en la urgencia de reparar, actualizar y ampliar la red de planteles educativos.
«El 62% de las escuelas no cuenta con iluminación apropiada, el 60% no cuenta con baños operativos, el 70% no cuenta con internet, y existen deficiencias generales en la recolección de desechos para atender a los estudiantes», apunta el documento, en el que se habla de levantar 24.513 nuevos espacios educativos.
Entre las acciones a poner en práctica, a corto y mediano plazo, se encuentra la ejecución de un programa de emergencia para el mejoramiento de planta física escolar; la incorporación en estas tareas de padres y adultos significativos de comunidades aledañas; la dotación descentralizada de servicios públicos esenciales a los centros escolares, con la participación de las propias escuelas en este proceso, y el involucramiento de la empresa privada en la construcción de nuevos locales, junto con el Ministerio de Educación, «con mecanismos que garanticen la transparencia».
Para superar el déficit: formar más de 250 mil docentes
Según documentan los expertos de la Escuela de Educación en su propuesta, el sistema de educación básica y media del país cuenta con unos 400 mil maestros y profesores en ejercicio, luego de que alrededor de 97 mil emigraron a otros países y unos 100 mil abandonaron la carrera para dedicarse a otras actividades u oficios.
Este déficit, según el análisis de la situación actual planteado en la propuesta, se debe a la «precariedad de las condiciones para el cumplimiento de su trabajo», junto con un «sueldo base que condena al hambre a maestros, docentes y profesores en todos los niveles de estudio».
Ante esto, y como parte de la tercera línea de trabajo, la Escuela de Educación de la UCAB considera necesaria la formación de 255.374 nuevos docentes. Para ello, entre otras cosas, propone la actualización de las políticas nacionales de formación de educadores, mediante la «identificación de la vigencia de los roles y funciones profesionales tradicionales de la carrera docente, así como los correspondientes a las nuevas realidades del país y el mundo», y la definición de nuevos lineamientos en conjunto con las universidades e instituciones relacionadas.
Como medida de emergencia, se recomienda la asignación inmediata del cargo de «Docente I» a todos los estudiantes de la carrera de educación del país, de manera de enfrentar el déficit de maestros. Esto supondría la «incorporación en centros escolares en el mismo municipio donde cursan estudios universitarios», así como un trabajo de seguimiento a los alumnos que cursan la carrera para garantizar su prosecución.
Adicionalmente, el plan sugiere la puesta en marcha del “Programa Andrés Bello”, iniciativa de certificación de competencias que implicaría el trabajo conjunto entre Estado, universidades que cuenten con la carrera de Educación, sector empresarial y comunidades, a través de la cual se ejecutarían formas innovadoras de formación de educadores, tomando como base las ofertas académicas que actualmente hay en el país. “Todo ello va cumplir una doble condición de la carrera docente: espacio de formación profesional y campo de ejercicio profesional específico”, mencionó Calatrava.
La Escuela de Educación también plantea la reformulación del programa de becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, para seguir formando profesionales con niveles académicos y de calidad internacional, mediante la revisión y adecuación de los procesos de asignación y el ajuste de los mecanismos de retorno de los becados, para asegurar el ejercicio profesional en el país.
«Esto es muy importante porque permitiría la unión entre lo que se está aprendiendo con la transferencia de esos aprendizajes. Entonces, no se pensaría en esas prácticas profesionales al final, sino en cómo, de modo paralelo, vamos aprendiendo para formar«, apuntó el director de la Escuela de Educación de la UCAB.
Educación para el trabajo e integración de estudiantes con discapacidad
Lograr que los alumnos de educación media se capaciten para ingresar exitosamente al mercado laboral supone reformas al sistema curricular, algo que está contemplado como parte del cuarto lineamiento del plan propuesto por la Escuela de Educación de la UCAB.
A corto y mediano plazo, el proyecto establece la revisión y mejoramiento de los programas curriculares de la Educación Media Técnica; la consolidación de un sistema nacional de asesoramiento académico, vocacional y social para los estudiantes de bachillerato; la integración de al menos una opción de Educación Media Técnica en todos los liceos e institutos del país; el «establecimiento de un sistema nacional de certificación para el trabajo, a partir de la recuperación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)», y la puesta en marcha de un sistema nacional de prácticas laborales.
Respecto a la integración escolar e inserción laboral de las personas con discapacidad para el año 2050 (planteada en la quinta línea de acción) los expertos en educación inclusiva del equipo de la UCAB proponen identificar la diversidad presente en las aulas, diferenciando entre dificultades de aprendizaje y condiciones de discapacidad, con el fin de determinar las ayudas técnicas necesarias la adecuación de las orientaciones didácticas necesarias tanto a nivel regional como a nivel nacional.
En ese sentido, la propuesta incluye la construcción de al menos 6 mil nuevos centros especialmente dedicados para la modalidad de educación especial. «De igual forma, dentro de los 100 mil nuevos docentes necesarios para reactivación del sistema educativo, 60 mil de esos profesionales deberían estar especializados en la atención de calidad en discapacidad, tanto para escuelas regulares, como especiales y alternativas», precisó Calatrava.
El director de la Escuela de Educación sostuvo que el inicio de 2024 es una «excelente oportunidad para atender la problemática que arrastra la educación venezolana desde mediados de los años ochenta» y espera que los hacedores de política pública puedan escuchar estas propuestas e incorporarlas.
Insistió en el llamado a la sociedad venezolana toda a involucrarse en la Alianza por la Educación porque, recordó, esto implica la salvación de Venezuela y su futuro.
«Nos estamos jugando los próximos 100 años del país, porque sin una educación de calidad difícilmente tendremos oportunidad de superar los retos de desarrollo social y económico que tenemos por delante como nación», precisó Calatrava.
