Desde la Asamblea Nacional (AN) no solo han prometido que durante los próximos 12 meses trabajarán para aprobar leyes para «la construcción y conquista de la prosperidad», sino que también ejercerán «la función de vigilancia y de selección de los órganos del Poder Público pendiente», propósitos de año nuevo con los que espera la ONG, Acceso a la Justicia, que cumpla a cabalidad.
En efecto, la promesa la hizo el recién reelecto presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, el pasado 5 de enero, un anuncio que reiteró días después al notificar al Ejecutivo el inicio de las sesiones legislativas, cuando precisó que los diputados buscarán renovar al Consejo Moral Republicano, el máximo organismo del Poder Ciudadano.
Al respecto agregó:
«Tenemos pendiente la elección, a través de los mecanismos que la Constitución establece, de los órganos del Poder Público que tienen ya sus periodos vencidos para este año. Nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscala general de la República, del contralor o contralora general de la República, y del defensor o defensora del Pueblo».
Esta no es la primera vez que la AN electa en 2020 hace una oferta similar. En mayo de 2022 el asunto fue puesto en la palestra por el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado José Gregorio Correa, quien anunció que para junio de ese año el Consejo Moral Republicano tendría nuevos integrantes, esto luego de que los diputados hubieran remodelado —y reducido— al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y designado al defensor público general.
Sin embargo, semanas después el propio Correa admitió que el asunto no estaba «en el radar», y aseguró en esa ocasión que «La verdad es que ahora mismo no está previsto tratar el tema».
Una demora que tiene tiempo
En su intervención, Rodríguez quiso dejar ver que los mandatos de los actuales miembros del Consejo Moral Republicano expiraron recientemente, cuando en realidad lo hicieron hace tiempo.
La última vez que la AN designó a los integrantes del Poder Ciudadano fue en diciembre de 2014, cuando reeligió a Luisa Ortega Díaz como jefa del Ministerio Público y nombró a Tarek William Saab y a Manuel Galindo como defensor del pueblo y contralor general de la República, respectivamente; por el período 2015-2022. No obstante, por distintos motivos ninguno de los tres funcionarios completó su mandato de 7 años.
El 5 de agosto de 2017 Ortega Díaz fue destituida de su cargo por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada ese mismo día, y en su lugar fue nombrado, de manera provisional, Tarek William Saab, tal y como consta en los primeros dos decretos de la instancia que aparecieron en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.322 del 5 de agosto de 2017.
La remoción de Ortega Díaz se produjo luego de que en abril de 2017 ella rompiera con el oficialismo y acusara a la Sala Constitucional del TSJ de incurrir en una «ruptura del hilo constitucional» con los fallos en los que vació de competencias al Parlamento electo en 2015.
Reforzando el control
Los cambios en el Ministerio Público le dieron pie a la criticada ANC para tomar más medidas en el Poder Ciudadano, las cuales terminaron reforzando el control que el oficialismo ejerce sobre esta rama del Poder Público desde que fue creada en la Constitución de 1999.
A mediados de agosto de 2017, la ANC, luego de destituir de su cargo a la fiscal Luisa Ortega Díaz y nombrar provisoriamente en su lugar a Saab, resolvió ratificarlo en el cargo de fiscal general, quien antes de volver a la primera línea de la política y ser designado como el cuarto defensor del pueblo que ha tenido Venezuela, pasó dos períodos como gobernador del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los nexos de Saab con el oficialismo vienen desde la excarcelación del fallecido Hugo Chávez y gracias a ellos se desempeñó como constituyente en 1999 y luego diputado de la primera AN.
Estos vínculos de Saab fueron uno de los motivos por los cuales en 2016 la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) decidió degradar a la Defensoría del Pueblo y con ello quitarle la posibilidad de hablar en las instancias de Naciones Unidas.
«(La Defensoría del Pueblo) no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales», denunció la alianza en su momento.
Más recientemente, la cercanía de Saab con el Gobierno alarmó a la ONU y durante el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos le valió una reprimenda. «Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia», declaró un miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Pero no solo Saab fue ratificado en su cargo, sino también el entonces contralor general, Manuel Galindo. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, se refiere que fue nombrado temporalmente Alfredo Ruiz, como se lee en el decreto publicado en la Gaceta Oficial n.º 41.126 del 17 de agosto de 2017. Más adelante, la ANC emitió otro decreto, publicado en la Gaceta Oficial n.º 41.529 del 21 de noviembre de 2018, en el que ratificó a Ruiz «en el ejercicio de sus funciones (…) como defensor del Pueblo».
Para el momento en que Saab fue escogido como reemplazo de Ortega Díaz, Ruiz ocupaba la Dirección Ejecutiva de Defensoría del Pueblo, es decir, era el segundo de a bordo de la institución y, por lo tanto, el llamado a cubrir las vacantes temporales y definitivas de la cabeza del organismo.
Pese a haber iniciado su carrera en una organización de derechos humanos (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz), la labor de Ruiz en estos años también ha sido reprobada nacional e internacionalmente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela lo acusó de ignorar «de manera sistemática y deliberada» las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Poco después de haber ratificado a Ruiz en el cargo de defensor del pueblo, la ANC designó de su propio seno a Elvis Amoroso como contralor general, como consta en Gaceta Oficial n.º 41.508 del 23 de octubre de 2018. Esto, luego de que Galindo renunciara días después de admitir que la corrupción en el país era «galopante».
Por su parte, en 1999 Amoroso se desempeñó como secretario de la ANC de Chávez y hasta 2015 fue diputado a la AN tanto por el oficialista Movimiento Quinta República (MVR) como por el PSUV. Tras no ser reelecto en las parlamentarias de diciembre de 2015, Maduro lo designó como consultor jurídico del Palacio de Miraflores y en 2017 participó en las elecciones para la ANC, en las que consiguió un escaño.
En la actualidad, el cargo de contralor está asignado temporalmente a Jhosnel Peraza, quien era el subcontralor y había sido llevado a la Contraloría por el mismo Amoroso. Hay que recordar que la salida de este último de la Contraloría a finales de agosto se debió al golpe al Consejo Nacional Electoral (CNE), que le propinó el partido de gobierno y que condujo a su designación como rector y presidente de este organismo.
A dedo y sin procedimiento
En ninguno de estos nombramientos la ANC aplicó el procedimiento previsto en el artículo 279 de la Constitución de 1999, el cual obliga a convocar un comité de evaluaciones de postulaciones, que se encargará de recibir las candidaturas de los interesados en desempeñarse como fiscal, contralor o defensor del pueblo y revisará sus credenciales para luego presentar al Parlamento una terna para que esta instancia realice la escogencia definitiva.
El artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, por su parte, establece que el comité estará integrado por representantes de «diversos sectores de la sociedad» y en «un número no mayor de 25 integrantes».
Sin embargo, el parágrafo 2 de la norma antes citada también prevé que si esta instancia no es convocada en los 60 días antes del vencimiento de los mandatos de los titulares del Consejo Moral Republicano, la AN procederá a la designación. Esta disposición igualmente prevista en el texto fundamental fue utilizada por el Parlamento en 2014 para, de una manera muy criticada en su momento, reelegir a Ortega Díaz como fiscal general, a Galindo como contralor y a Saab como defensor del Pueblo.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El Consejo Moral Republicano es, de acuerdo con lo previsto en el artículo 274 constitucional, el organismo llamado a
«prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo».
En otras palabras, el Poder Ciudadano tiene la misión de combatir la corrupción y garantizar el correcto funcionamiento del Estado, lo cual no es poca cosa.
No obstante, en sus más de dos décadas de existencia, esta rama del Poder Público ha estado lejos de cumplir esas metas; así lo revelan los informes que en el mismo período de tiempo han ubicado a Venezuela en los últimos lugares en materia de corrupción y Estado de derecho, una situación que en parte puede explicar la incorrecta constitución de sus cabezas.
El proceso anunciado por la AN es una oportunidad para reinstitucionalizar al Poder Ciudadano, justo cuando la Constitución está por cumplir 25 años desde su aprobación. Sin embargo, la historia da pocos motivos para el optimismo.
