Dedicado a María Beatriz Rosell y su esposo Peter Kiss, víctimas de tres intentos de matraqueo en diciembre pasado.
Este artículo queremos dirigirlo muy especialmente a la atención a Julio León Heredia, gobernador del estado Yaracuy.
Señor gobernador: ¿hasta cuándo se hará el desentendido de lo que sucede en el territorio en el cual usted tiene mando, sobre todo en lo que ocurre en la Autopista Centro-Occidental que atraviesa Yaracuy? Sabemos de su poder político en el estado, al ser reelegido como gobernador desde 2008 y de su influencia en la Fuerza Armada al ser oficial egresado de la Academia Militar de la Aviación. Autoridad y eficacia le sobran para dar una simple orden, que por otra parte podría impedir la perpetración de graves y cotidianos delitos en su jurisdicción.
Ya en agosto de 2022 dedicamos un artículo a este mismo tema que titulamos “MATRALCABALA”, reseñando una denuncia realizada por la conocida cronista viajera Valentina Quintero, víctima de esta generalizada delincuencia que asola a viajeros, turistas y transportistas de toda índole, sobre todo a agricultores que ven mermada la mercancía que acarrean a través de estas prácticas de saqueo delincuencial. Es tal la generalización de estos hábitos de despojo, que empresas de transporte dedican una partida especial para que los conductores puedan seguir con su ruta, luego del pago extorsivo a los funcionarios policiales y militares corruptos que los acosan.
Pero Yaracuy, estimado gobernador Heredia, se lleva la palma de oro en la comisión del delito de concusión, cometidos por funcionarios que aun cuando están bajo su mando de manera indirecta, no lo excluye a usted de responsabilidad, sobre todo por la vigencia del Decreto aprobado por el Ministerio de Interior y Justicia por medio del cual se prohíbe instalar alcabalas móviles, las cuales deben ser autorizadas especialmente por razones de seguridad a través de solicitud con por lo menos 24 horas de antelación. Pues bien, en el trayecto entre la ciudad de San Felipe y el peaje de La Raya, de 48 kilómetros de extensión, el día 4 de enero pasado se pudieron contar siete “puestos de control”, algunos escuálidos de unos dos o tres policías o militares, que decidieron montar su “negocio” tienda aparte.
Recibir dinero por algún funcionario público al realizar actos de su competencia, aparte de su sueldo, es delito con prisión media de 2 años y 6 meses, a pesar de que al recibirlo esté cumpliendo con algún acto propio de sus obligaciones y si acaso recibe el pago ilegal por retardar u omitir actos de sus funciones la pena sube a 5 años. En este ámbito el delito más grave que se pena con 6 años de prisión, es el de concusión, es decir la extorsión que ejerce el funcionario policial o militar en contra del ciudadano, para obligarlo a poner algo a su orden que sin eufemismos se expresa así: “si no te bajas de la mula no te dejo seguir el viaje”, en vez de imponer una multa que el ciudadano tendría un plazo de 30 días para pagarla. Estos tipos penales están tipificados en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley Contra la Corrupción.
Como ejemplo de la práctica descrita en la vialidad del estado Yaracuy, mientras redactamos estas notas nos enteramos de la denuncia realizada por el conocido politólogo Piero Trepiccione, ya que su hijo fue detenido en una alcabala del nombrado estado sin justificación alguna y le exigían el pago de 120 dólares para dejarlo continuar el viaje. Sabemos que la inmensa mayoría de quienes leen estas líneas han tenido la desagradable experiencia de toparse con funcionarios corruptos que les amarga su travesía.
Sabemos que en un régimen arbitrario como el existente en el país, lo escrito arriba no es más que un saludo a la bandera, aun cuando son normas jurídicas penales vigentes. Sin embargo, lo que podría tener algún efecto sería la orden del gobernador Heredia, para eliminar del estado Yaracuy la mácula de ser la región más corrupta en lo tocante a las “matralcabalas”. De esa manera los ciudadanos pudieran transitar por la autopista Centro Occidental, sin el fundado temor de recibir la orden de: “orillate ahí”, para luego ser objeto por parte de tan despreciables funcionarios policiales y militares, del trato humillante que ejerce toda autoridad abusiva sobre la ciudadanía indefensa al tener que soportar pasiva y calladamente sus conductas delictivas.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
