Un total de 20,1 millones de personas con necesidades de cuidado y protección en Venezuela, para noviembre de 2023, de las cuales 14,2 millones presentaba necesidades críticas en distintas áreas de sus vidas, con diferentes grados de severidad, llegando a umbrales de necesidades severas un total de 4,2 millones de personas.
Los datos están contenidos en el último informe de la organización HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada entre 2018 y 2019 con el fin de monitorear, documentar y hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), para medir sus impactos en la privación de derechos de la población en Venezuela.
Revela el documento, que la pobreza multidimensional afectó al 69,6% de la población en 2023, estimada en 28,8 millones de personas. Esta pobreza está caracterizada por severas privaciones concurrentes, en las cuales la reducción de los ingresos y su bajo poder adquisitivo, además de las fallas severas de acceso continuo a servicios básicos tuvieron contribuciones significativas. Hasta agosto 2023, los hogares reportaron una mediana de ingresos equivalente a 102,5 dólares mensuales. Estos ingresos representaban apenas 3,4 dólares al día y menos de un 1 dólar por persona al mes, con los cuales los hogares debieron afrontar gastos esenciales a costos superiores en más de un 80%.
Revela que el 68,2% de la población enfrentó mayores deficiencias e interrupciones de los servicios básicos de la vivienda, incluyendo electricidad, agua potable y gas de uso doméstico, además de constantes dificultades de acceso a medios de transporte, comunicaciones e información, que profundizaron las malas condiciones de vida. Las consecuencias del deterioro de los ingresos y de los servicios básicos fue un aumento de la inseguridad alimentaria, con un estado de hambre, oculta o evidente10 y un escaso presupuesto para atender las necesidades de educación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y de los miembros con problemas de salud.
Destaca que el mayor número de personas que reciben bonos y remesas no reduce la pobreza, que continúa estancada debido a la constante pérdida de medios de vida. A esto se agrega que la política de bonificaciones del Estado ha tenido efectos regresivos sobre el salario y está cuestionada por reproducir la dependencia económica de la población del Estado con fines políticos. Más bien indican el empeoramiento de la situación económica, en la que la precariedad se perpetúa y ocasiona que un mayor número de hogares llegue a niveles más extremos de pobreza.
Señala igualmente que en 2023, continuó cayendo la ocupación, formal e informal, de 48% a 49, 7%. También subió la proporción de personas que perdió sus medios de vida de forma irreversible, de 65,2% a 69,7%, y sus fuentes de ingresos, de 54% a 65%. A finales de 2023, los salarios habían perdido 98,8% de su valor, llevando a que más personas se dedicaran al comercio o servicio informal, con ingresos que alcanzan solo para cubrir algunos gastos del día. En 10 de los 20 estados, entre 30% y 40% de las personas realizó trabajos informales precarios; 11,3% de manera frecuente.
Migración forzada
Tomando como referencia el último dato de agosto 2023 de 7,7 millones de personas en migración forzada fuera del país desde el año 201522 y los resultados de las personas migrantes y refugiadas reportadas en los diagnósticos comunitarios de HumVenezuela entre los años 2021 y 2023, se estima que el desplazamiento de personas venezolanas hacia otros países representa el 25% de la población que existía en 2015. Los estados donde los hogares reportaron mayor número de migrantes hacia otros países son Táchira, Falcón, Aragua y Zulia. Un segundo grupo lo componen Carabobo, Trujillo, Anzoátegui y Mérida, y uno tercero está integrado por Bolívar, pure, Lara y Sucre. El desplazamiento hacia dentro del país se estima alrededor de un 4%.
La intención de emigrar aumentó de 8% a 13,4%, entre los años 2022 y 2023, lo cual equivale a un estimado de 3,9 millones de personas en total, de las cuales 2,8 millones tenía la intención demudarse a otro país (9,8%) y más de 1 millón a otros estados o municipios del mismo estado, dentro del país (3,6%). La mayoría de las personas relacionan sus motivos de migración con las necesidades de mejorar los ingresos (71,5%) y/o conseguir mejores puestos de trabajo (45,7%), pero también destacan las necesidades de reunificación familiar (25,6%), el acceso a servicios de atención a la salud y medicinas (13,7%) y el acceso a combustible (10,7%). Sin embargo, el 92,2% de las personas manifestó dificultades para llevar a cabo la migración; el 77,7% por limitaciones económicas, el 37,5% por la falta de documentos, y más de 12% por no contar con un traslado seguro o con una vivienda a la cual poder llegar en los países o lugares de destino, revela el informe de HumVenezuela.
