Los expertos en la economía afirman que el repunte, que se había registrado en el 2022, no pudo mantenerse el año pasado porque se produjo un estancamiento en casi todos los sectores de las actividades económicas del país.
El gobierno, que establece una política de línea vertical en sus políticas, incluyendo la de la recaudación tributaria, las cuales deben ser acatadas por gobernadores y alcaldes, ordenó el aumento total de la carga impositiva y ésta se ha convertido en muy pesada para el empresariado venezolano.
Sin discusión, ni consulta alguna, en Iribarren, en los dìas navideños recientes, el concejo del municipio capital de Lara, modificó las ordenanzas relacionadas con los tributos, expuso, al ser entrevistado por El Impulso, Elías Bessis, presidente de la Càmara de Importadores y Repuestos Automotores del estado Lara (Cidralara). Pero, medidas como estas, que son tomadas sin consideración alguna, no son beneficiosas para la gestión municipal, sino todo lo contrario, porque se genera un crecimiento de la informalidad, la cual es negativa en todos los aspectos,
La Federació Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), desde su fundación, se trazó entre sus objetivos la formalidad en la economía y ha tratado en todo instante que no haya actividad informal, porque ésta ocasiona desajustes al país.
Como empresario y dirigente gremial, ¿cuál es el sentir del sector económico privado del estado Lara sobre el 2023?
El año que terminó hace unos pocos días se caracterizó por un estancamiento casi total en las diversas actividades, no sólo en Lara sino en todo el país. Parecía que el 2023 iba a ser mucho mejor que el anterior, pero, lamentablemente, sorprendida quedó la nación cuando el 17 de marzo, el fiscal general de la República, anunció un operativo contra la corrupción a raíz del descubrimiento de la desaparición, aún no especificada, de varios miles de millones de dólares en perjuicio de Pdvsa y, naturalmente, del Estado venezolano.
El escándalo arrastró al ministro Tareck El Aissami, quien tras renunciar al cargo de ministro de Petróleo y desde ese día, 20 de marzo, nada se sabe de su existencia.
La caída intempestiva de un personaje de primera línea en la estructura del poder en Venezuela (por que había ocupado, entre otros cargos, la vicepresidencia ejecutiva de la República, y el ministerio de Industrias y Producción), naturalmente, causó un fuerte impacto económico.
En ese momento había una gran cantidad de inversiones, las cuales estaban generando, aparentemente, desarrollo en el país; pero, después de que ocurrió la desaparición del mencionado funcionario, los inversionistas se asustaron y ahí, precisamente, comenzó la desaceleración. Y ésta no ha parado.
Indudablemente, que esta realidad es la del estancamiento de la economía y si a ella le sumamos el problema de la falta de combustibles no sólo para los vehículos, sino para la producción agropecuaria e industrial, la situación crítica de por sí, se ha agravado.
¿Qué nos puede decir respecto al sector que usted representa?
La situación es muy delicada, sobre todo por el parque automotor. Venezuela es el país que tiene el parque automotor más antiguo de Latinoamérica. Nos cuesta vender repuestos. Sí se venden, pero no en la cantidad que debiera ser. Cuando miles de carros están en colas
en las estaciones de servicio en vez de estar circulando, hay una gran inmovilidad en todo el país. Y si a esa deficiencia en el suministro de combustible le sumamos las interrupciones de electricidad, la escasez de agua y, en general, las fallas de todos los servicios básicos, todo incide en el desarrollo económico de Lara y del resto de los estados venezolanos. La responsabilidad en todo caso es del mismo administrador, que es el Estado venezolano.
Pero, ¿ustedes, los representantes de los gremios económicos se han venido reuniendo con los del gobierno?
Sí ha habido motivación por parte de los funcionarios del gobierno, lo cual no podemos negar; pero, considero que las reuniones no han tenido los resultados esperados por el sector privado. El problema del socialismo, que es el término que debemos utilizar, es que quienes lo representan, les da piquiña el sector privado.
¿Cómo es que los socialistas sufren de piquiña cuando ven al sector empresarial?
Por ejemplo, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), que se ocupa de la política de importación, nos invita a muchos para que participemos. Fedecámaras, en manos de José Manuel Alejos, en Lara, se moviliza en ese sentido; pero, a la larga, cuando se toman las medidas, si no hay negocio que le convenga a los funcionarios, no se hace.
¿Cuál es el planteamiento fundamental en torno a lo que está señalando?
Que el gobierno se encargue de gobernar, de crear leyes adecuadas para el desarrollo económico y social del país, y deje la actividad económica en manos del sector privado.
¿Es factible que eso ocurra?
No nos llamemos a engaños. El sector privado, desde el año 2015, viene sosteniendo el país. Es quien paga los mejores salarios en toda Venezuela. Son muchos los que llevan contados los días que han transcurrido desde el 15 de marzo de 2022 cuando el salario mínimo fue decretado en 130 bolívares, que en aquel entonces representaba 30 dólares mensuales; es decir, un dólar diario. Pero, hoy, como todos sabemos, esa cantidad en moneda nacional apenas representa algo así como 3,6 dólares mensuales. Eso de alguna manera ha mermado la economía del Estado y del país. Sí las empresas en manos del gobierno nacional se encuentran en situación precaria, prácticamente inoperativas, ¿a quien se les puede ofrecer si el capital venezolano está destrozado? Lo indicado es que se busquen empresas del extranjero, para que vengan a invertir y, desde luego, comenzar un proceso de desarrollo.
Usted decía que el sector público llama al privado para conversar, pero luego toma decisiones en las que hay por medio negocios; es decir, que no los toma en cuenta.
Por lo menos, nos llaman para tomarse la fotografía con nosotros. Nosotros estamos ahí y sabemos más o menos los planes que tienen. Pero, desgraciadamente, el socialismo es inflexible. Aquí en Lara, ni el gobernador, ni tampoco el alcalde tienen capacidad de tomar una decisión favorable al estado o al municipio porque existe una línea vertical en la política del Ejecutivo Nacional.
Tanto el gobernador como el alcalde de Iribarren han tratado de buscar los mecanismos para el desarrollo y han conversado con nosotros; pero, al momento de tomar una decisión se han encontrado que la determinación final ha sido tomada por Caracas.
Aquí han venido ministros y viceministros, quienes toman nota de los planteamientos que se les formulan y se van, no sin antes dejar en claro que ellos no pueden tomar decisión alguna, ya que harán consultas al nivel superior, que es la cabeza principal de la política.
Mientras tengamos un centralismo como el existente, aunque haya la mejor intención de lograr el desarrollo, éste no se va a poder lograr.
¿No vale de nada la insistencia?
Insistimos en la necesidad de una apertura completa del sector privado, obviamente con el control del Estado. Nosotros, los que estamos abogando y trabajando en ese sentido, seguiremos insistiendo en que el Estado deje trabajar al sector privado y que cobre los tributos legales.
¿Cómo nos podemos sentir nosotros cuando cambian las tarifas y modifican las ordenanzas sin tomar en cuenta la realidad económica? ¿Cómo no reclamar al Estado que éste permita importaciones libres de aranceles cuando quienes trabajamos apegados a la ley nos aumentan la carga impositiva? No estamos hablando del proteccionismo, sino de que se cuide la producción nacional que está destinada a desarrollar el país.
El Estado debe impedir la competencia desleal porque ésta afecta considerablemente la producción nacional. Y, desde luego, proteger la industria y, en general, las actividades económicas nacionales.
