Trabajo de www.talcualdigital.com
A los diputados a la Asamblea Nacional (AN) de 2020 se les olvidó legislar para mejorar los servicios públicos en el período Legislativo 2023. Pese a ser una de las principales promesas con las que iniciaron el año, no sancionaron ninguna de las leyes en esta materia; todas se quedaron, una vez más, en el congelador.
La Ley Orgánica de Aguas, por ejemplo, fue aprobada en primera discusión el 9 de junio de 2021, desde entonces no se ha vuelto a tocar el tema en las sesiones ordinarias. Entre las prioridades del Legislativo tampoco estuvo hacer la reforma que se plantearon -al asumir en 2021- a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La reforma de la Ley de Gestión Integral de la Basura también se quedó en el congelador. La iniciativa fue planteada en 2022 por el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca; en junio del año pasado, la Comisión Permanente de Administración y Servicios, presidida por el diputado Pedro Carreño, presentó a la cartera ejecutiva algunos «avances» a la preparación de la norma.
Según nota de prensa de la AN, la comisión preparó un informe de exposición de motivos y el impacto económico de la ley una vez que entre en vigencia. «Si lo pudiéramos aprobar en primera discusión antes que culmine el periodo legislativo, sería ideal», pero esto no se hizo.
Al igual que las anteriores, la Ley de Gestión de Riesgo y la de Convivencia Ciudadana se quedaron en el tapete porque nunca se dio la segunda discusión.
Los servicios públicos en Venezuela están en su peor momento. En los últimos años no han dejado de ser valorados negativamente por parte de la ciudadanía.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) publicó el 30 de noviembre de 2023 un boletín sobre la percepción del servicio de agua potable, realizada ese mismo mes en 12 ciudades del país y reveló que la insatisfacción por el servicio se ubicó en 64,9%. Sobre el servicio eléctrico indicó que 76,7% de encuestados en 12 ciudades percibió negativamente la calidad.
Lo que la AN metió en el congelador
El 10 de enero de 2023, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Pero Infante, dijo que ese año se priorizarían las leyes económicas. Aseveró que la Asamblea Nacional estaría centrada en trabajar leyes que atiendan los servicios públicos, el desarrollo humano y procuren la «revolución del sistema de justicia».
La Asamblea Nacional dejó en primera discusión 14 proyectos de ley, entre ellos el de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (24 de enero), Desarrollo y Producción de Cervezas Artesanales (26 de enero), Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual (14 de febrero) y Ley Orgánica Contra todo Tipo de Discriminación (28 de marzo).
Igualmente, aprobó en primera discusión los proyectos de Ley de la Danza (11 de mayo), Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2 de junio), Ley de Pesca (2 de junio), Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras (26 septiembre), Ley Orgánica de la Guayana Esequiba (6 diciembre) y la Ley de Atención Integral a las Personas Sordas y Personas con Discapacidad Auditiva, esta última llevada a segunda discusión y diferida el 21 de noviembre.
En materia económica para el 2023 la AN-2020 prometió abordar las siguientes leyes:
- Ley de Reforma de la Ley de Contrataciones Públicas (No se discutió)
- Ley de Comercio Digital (No se discutió en plenaria)
- Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Quedó en primera discusión desde 2022)
- Ley para la Protección y Promoción de Agave Cocui-Cocuy (aprobada en segunda discusión
- Ley del Fomento de las Exportaciones no Tradicionales (aprobada en primera discusión. Septiembre 2023)
Con estas deudas a cuestas, este viernes 5 de enero se realizará la sesión de instalación del nuevo periodo de la Asamblea Nacional electa en 2020.
Plan a medias
La Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista cerró el período anual de sesiones con el Plan Legislativo a medias. El Parlamento, presidido por el oficialista Jorge Rodríguez, apenas sancionó 10 de las 28 leyes que prometió en enero, cuando definió su agenda anual.
El jueves 21 de diciembre, el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante, celebró la aprobación en segunda discusión de 14 instrumentos legales. Aunque efectivamente fueron sancionadas 14 leyes, solo 10 de ellas estaban en la planificación anual; mientras que el resto surgieron en el camino, cuando ocurría algo que enardeciera a las altas esferas del chavismo.
Las primeras leyes aprobadas en 2023 fueron la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad (24 de enero), Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica (7 de febrero), Ley de Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (28 marzo), Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas (26 de julio), Ley Aprobatoria del Acuerdo Colombo-Venezolano de Protección de Inversión (16 de febrero), Ley para la Protección y Promoción del Agave Cocui-Cocuy y sus Derivados Artesanales (14 de marzo), y la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (18 julio).
Fueron aprobadas también la ley de Contraloría Social (25 de mayo), la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (22 de junio), la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre Venezuela y de Turquía (26 de septiembre), la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico y Financiero 2024 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual para 2024 (ambas el 14 diciembre).
La Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas y la Ley Aprobatoria del Acuerdo Colombo-Venezolano de Protección de Inversión no estaban en la agenda de este año. Tampoco estaban las leyes Orgánicas de Extinción de Dominio (27 de abril); la de Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero (16 mayo).
