Trabajo de www.talcualdigital.com
15 de marzo de 2022. Esa fue la fecha del último aumento salarial decretado por Nicolás Maduro. Por aquel entonces, se estableció un sueldo mensual de Bs 130 que equivalía a $30 y comprendió un resquicio para la población que esperaba, a partir de allí, una recuperación gradual de su poder adquisitivo. Sin embargo, esa espera ya acumula 656 días y no da señales de acabar.
La población venezolana ha permanecido atada al mismo salario durante 21 meses. En este período de tiempo, los Bs 130 perdieron 88% de su valor en dólares y de $30 pasaron a representar apenas $3,62.
Esta disminución del poder adquisitivo se produjo, además, en un contexto inflacionario en el que los precios siguen aumentando de precio tanto en dólares como en bolívares. Esto quiere decir que los venezolanos que reciben este ingreso por concepto de salario evidencian cómo su pago cada vez tiene menos valor mientras que los productos que deben comprar suben de precio.
Es cierto que Nicolás Maduro ordenó el 1º de mayo de 2023, en el marco del Día de Trabajador, un ajuste de los bonos que entrega el Gobierno a través del sistema patria, dando luz a un ingreso en torno a los $70 para los beneficiarios de sus asignaciones, pero estos montos no llegan a toda la población y no tienen repercusión en pasivos laborales al carecer de carácter salarial.
De hecho, en la torta de la remuneración del trabajador que cobra sueldo mínimo, el salario solo representa menos 4% del pago total, mientras que los cestatickets corresponden a 39% y la mayor tajada se la lleva el bono de guerra económica con 57%.
Por eso, el pago -bajo el concepto «salario»-, es la gran exigencia de la población venezolana de cara a 2024. Toda la masa laboral de la administración pública —que se estima en más de 4 millones de venezolanos— está sometida a estos $3,62, monto que se usa para determinar las tablas salariales, las primas y otros pasivos como las vacaciones y utilidades.
La ausencia de un aumento ha causado un descontento importante en la población laboral del país. Según los registros de Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2023 se registraron 2.565 conflictos laborales. La mayoría de estos casos estuvieron vinculados con exigencias de salarios dignos.
En esta misma línea, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) convocó la primera protesta gremial del año el próximo 9 de enero, exigiendo un aumento salarial y de pensiones, además del respeto a los contratos colectivos.
Sus expectativas, así como las de otros sectores laborales, están centradas en que para este año el chavismo ponga fin a la política salarial que instauró desde 2020. Las esperanzas se sustentan en la naturaleza de este 2024, un año el que se celebrarán elecciones presidenciales que podrían inducir a un incremento del gasto público.
¿Habrá incremento del salario mínimo?
Cuestionar un incremento salarial en un año entero habría sido impensable en otro período del chavismo, pues durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y del mandatario actual, Nicolás Maduro, en el período de 1999 a 2019, se ejecutaron 51 aumentos salariales, un promedio de 2,3 ajustes por año.
Los aumentos salariales eran una parte clave del discurso populista del chavismo, que se enorgullecía de la frecuencia y los porcentajes de cada aumento.
«Por 12º año consecutivo incrementamos el salario mínimo, que hoy es uno de los más altos en este continente», celebraba Chávez en 2011, dos años antes de que la debacle económica del país diera sus primeros pasos.
Las declaraciones de Chávez dejan en evidencia la estrepitosa caída de la economía venezolana en poco más de una década. Del triunfo que representaba para el chavismo presumir de tener uno de los mejores salarios del continente, ahora Venezuela ostenta la penosa reputación de conservar el peor salario de la región, y con diferencia.
Los $3,61 representan apenas 2% de los $152 que registra Argentina, el segundo país con el peor salario mínimo en la región. Los demás países cerraron el año así:
- Perú: $276
- República Dominicana: $277
- Brasil: $291
- Panamá: $326
- Honduras: $329
- Colombia: $355
- Paraguay: $368
- Ecuador: $460
- Chile: $567
- Uruguay: $570
- Costa Rica: $687
Ahora esta narrativa ha cambiado y el Gobierno parece esquivar la conversación salarial, dilatarla pese a los reclamos de las bases trabajadoras que el «presidente obrero» dice representar.
La última promesa de un anuncio salarial la hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien encabeza el gabinete económico. El 14 de enero de 2023, la funcionaria garantizó que «en pocas horas» se anunciaría una decisión sobre el salario.
Tuvieron que transcurrir 106 días, es decir, 2.561 de esas «pocas horas» para que el Gobierno anunciara su último ajuste, pero no tocó el salario. Por lo tanto, la espera sigue.
Este miércoles 3 de enero ya suman 353 días y más de 8.483 horas desde que Rodríguez hiciera su promesa. La población sigue esperando que se cumpla.
El rezago es más que evidente. De hecho, para octubre tanto organizaciones sindicales como el mundo empresarial daban por sentado un aumento salarial. Aunque no se dio, la apuesta de algunos sigue apuntando a un 2024 con varios incrementos.
Al menos así lo estima la empresa especializada en gestión de recursos humanos Mercer, recordando que en años de elección presidencial se han efectuado 19 aumentos durante el chavismo. Esto equivale a 3,8 ajustes por año electoral. Aunque permanece la incertidumbre en torno a la naturaleza del ajuste, ante la duda de si se modificará el salario realmente, o solo los bonos como la última vez.
«Históricamente, hay cierta frecuencia de incremento de salario dados por el Gobierno al ingreso nacional, se acentúa en años de elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto quiere decir que el año que viene van a aparecer muchos ingresos de salario, o ingresos o cesta ticket. El Gobierno lo moverá con una mayor frecuencia porque es un año electoral. Más de dos seguramente va a haber», explicaba en octubre el industriólogo José Adelino, gerente en Mercer Venezuela.
Foro de Diálogo Social en 2024
Uno de los puntos claves sobre la disyuntiva salarial podría esclarecerse a principios de febrero, pues está prevista una nueva sesión del Foro de Diálogo Social, creada para establecer una mesa de diálogo entre organizaciones sindicales, entes patronales y organismos del Poder Ejecutivo bajo la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la práctica, el Foro de Diálogo Social intenta establecer una mesa de diálogo tripartito para discutir tres convenios que Venezuela firmó ante la OIT y en estos momentos viola deliberadamente. Se trata de los siguientes numerales:
- Convenio 26: Relativo a los métodos para la fijación de salarios mínimos. Ordena establecer mecanismos para la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores en caso de que no exista un mecanismo eficaz para hacerlo o donde los salarios sean «excepcionalmente bajos». No incide en el monto del salario, sino que exige establecer una fórmula al momento de incrementarlo.
- Convenio 87: Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Indica que las organizaciones sindicales pueden elegir libremente a sus representantes y que «las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal».
- Convenio 144: Relacionado con la consulta tripartita. Dicta que deben implementarse procedimientos que aseguren consultas efectivas entre representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores para discutir temas como el incumplimiento de los convenios y recomendaciones de la OIT.
Las conversaciones amparadas por el Foro de Diálogo Social iniciaron a finales de abril de 2022. Se han llevado a cabo tres encuentros y en el último de ellos, en enero de 2023, se acordó instalar mesas técnicas que trabajarán en la elaboración de un mecanismo para la fijación del salario mínimo. Este método sería enviado a modo de propuesta al Ministerio del Trabajo. Se tenía como fecha límite el 30 de abril, antes del 1º de mayo, pero la propuesta no se concretó.
El tema sería retomado en octubre, mes en el que estaba prevista la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social. No obstante, un día antes del primer encuentro entre las partes, fue suspendida la reunión y postergada para la primera semana de febrero. Por lo tanto, el panorama en torno a cuándo se producirá el próximo aumento podría despejarse un poco a mediados de febrero.
