muchos les sorprendió la decisión de la candidata opositora venezolana María Corina Machado de acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a «denunciar» el proceso que la mantiene inhabilitada. Tanto, que la mayoría de la oposición guarda silencio al respecto.
Incluso, un día antes, Machado le dijo a EL TIEMPO que no acudiría al Supremo. Su desconfianza en las instituciones no es una novedad. Pero lo hizo y reiteró que «la pelota ahora está del lado de Maduro», un refrán que hace alusión a que ahora es el chavismo el que debe dar la cara.
Perkins Rocha, abogado que acompaña en el proceso a Machado, explicó este domingo que lo que se introdujo ante el Supremo “es una reclamación contra una vía de hecho que irregularmente produce efectos materiales que menoscaban el ejercicio de los derechos políticos de María Corina Machado, pues le impide asumir cabalmente el mandato a ella otorgado por los venezolanos el 22 de octubre e inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata presidencial”.
Es decir, se trata más de una acción política ,pues la opositora no reconoce su inhabilitación por considerarla ilegal.
Ya en el pasado Machado había sido inhabilitada, pero en octubre de este año, el diputado José Brito, cercano al chavismo, le pidió a la justicia «revisar» la medida contra la hasta ahora candidata presidencial, a raíz de ello el Supremo ordenó suspender las primarias y afirmó que Machado estaría inhabilitada por 15 años.
El 17 de octubre, el chavismo y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo de garantías y derechos políticos, bajo presión de Estados Unidos, y se abrió una puerta para eliminar las medidas contra los opositores.
El Gobierno dictamina que los afectados tendrían hasta el 15 de diciembre para apelar al TSJ. Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, no acudió al llamado.
«Es una reclamación por vía de hecho y un amparo cautelar», explicó Machado horas después de acudir al TSJ, negando que haya apelado sobre su inhabilitación. Sin embargo, en la práctica sí es una apelación.
¿Qué viene ahora?
En principio, lo que prosigue es la admisión o no de la demanda, «que de ser admitida ya sería el primer milagro», le dice a EL TIEMPO Alí Daniels, coordinador de la organización Acceso a la Justicia.
Luego de la introducción de la demanda, se debe esperar un lapso de tres días para que haya una respuesta, explica Daniels.
Por su parte, el abogado José Ignacio Hernández, quien participó en el grupo jurídico del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, cree que si bien los tiempos de respuesta están reglamentados, «en la práctica, podría tardar años, e incluso podría nunca decidirse”.
Precisamente, ante este escenario, la comunidad internacional vuelve a jugar un factor clave, al menos así lo considera Ramón Muchacho, opositor en el exilio.
«Estamos en el momento en que la comunidad internacional debe ejercer máxima presión sobre Nicolás Maduro, su entorno civil y militar, y sus aliados internacionales. Esa presión debe incluir llamados inequívocos a cumplir con los acuerdos de Barbados», insiste Muchacho.
Para el político y analista, tanto Lula da Silva en Brasil como Gustavo Petro en Colombia deberían ser presionados para gestionar y presionar a Maduro: «Si vuelan a Caracas mejor«.
Con información de: www.eltiempo.com
