Trabajo de: www.talcualdigital.com
El Ministerio de Alimentación recibirá 40% menos fondos (calculados en dólares) que en 2023, a pesar de que el Estado cuenta para 2024 con más recursos que en el presupuesto del año en curso. Un total de 13 empresas, además de tres organismos descentralizados, se beneficiarán de la repartición de dinero de la cartera ministerial
Los números que deja ver el proyecto de ley de presupuesto para 2024 parecen indicar que la política alimentaria pierde cada vez más peso en los planes del Gobierno, pues el Ministerio de Alimentación se posicionó como el 19° organismo en la cantidad de dinero asignada, con los 4.188 millones de bolívares que recibirá, equivalentes a unos 117 millones de dólares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) de 35,62 Bs/$.
La ley de presupuesto contempla un gasto total de $20.492 millones para 2024 (40% más que los $14.602 millones presupuestados en 2023). A pesar de que el Estado espera gastar más dinero en general, de los 33 ministerios que forman parte de la administración pública, el de Alimentación recibirá en 2024 solo 60% de los $197 millones que se le asignaron en 2023.
El menor monto medido en dólares dirigido al Ministerio de la Alimentación destaca además por la estructura del presupuesto, que copia casi con exactitud milimétrica los proyectos que ya se financiaron el año pasado y que, debido a su continuidad, parecen no haberse ejecutado.
Sin embargo, uno de los pocos cambios que pueden apreciarse entre el presupuesto para 2023 y para 2024 es la aparición de la Red de Abastos Bicentenario como ente adscrito al Ministerio de Alimentación que recibirá dinero este 2024, junto a otras 12 empresas que ya figuraban en la estructura presupuestaria para 2023.
Abastos Bicentenario fue una red de supermercados que comercializaba productos producidos e importados por el chavismo. Tras apenas seis años en el mercado venezolano, Nicolás Maduro ordenó su reestructuración para «acabar con la corrupción» que imperaba en la cadena de producción y distribución de alimentos para estos supermercados y la red pasó a llamarse Tiendas CLAP, siendo operadas por Salva Foods 2015, del empresario colombiano Carlos Lizcano, socio del ahora encarcelado Alex Saab.
Tras esta historia de corrupción y con todas sus tiendas cerradas, el presupuesto del Ministerio de Alimentación ahora contempla Bs 27,4 millones ($771.716) para una compañía con el nombre «Red de Abastos Bicentenario, S.A.», aunque cabe destacar que es una de las transferencias de recursos más bajas que contempla el documento.
En total, el presupuesto del Ministerio de Educación destaca que Bs 2.738 millones, 65,37% del monto total que recibirá el ente, serán destinados al financiamiento de proyectos. Este dinero será transferido a entes descentralizados inscritos al despacho, entre ellos, un grupo de empresas en las que el Estado tiene participación, como la ya mencionada Red de Abastos Bicentenario. Otras 12 compañías que recibirán financiamiento según el presupuesto, como se muestra en la siguiente lista con empresas ordenadas de mayor a menor monto asignado, junto con el porcentaje del presupuesto que representa cada monto transferido:
- Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios: Bs 583.217.978 ($16.373.328,97) – 13,92%
- Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal): Bs 509.111.529 ($14.292.855,95) – 12,15%
- Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval): Bs 228.778.403 ($6.422.751) – 5,46%
- Lácteos Los Andes, C.A.: Bs 111.252.163 ($3.123.306,092) – 2,65%
- Comercializadora y Distribuidora Red Venezuela, C.A.: Bs 90.568.973 ($2.542.643,824) – 2,16%
- Centro de Almacenes Congelados, C.A. (Cealco): Bs 84.514.809 ($2.372.678,523) – 2,01%
- Logistica Casa (Logicasa, S.A.): Bs 70.388.786 ($1.976.102,92) – 1,68%
- Industrias Diana, C.A.: Bs 61.135.187 ($1.716.316,311) – 1,45%
- Indugram, C.A.: Bs 55.551.334 ($1.559.554,576) – 1,32%
- Productos La Fina, C.A.: Bs 50.478.278 ($1.417.133,015) – 1,20%
- Fabrica para el Procesamiento de Sábila de Venezuela, S.A. (Sabilven): Bs 47.585.051 ($1.335.908,226) – 1,13%
- Red de Abastos Bicentenario, S.A.: Bs 27.488.550 ($771.716,7322) – 0,65%
- Planta Procesadora de Plátanos Argelia Laya, S.A.: Bs 22.632.589 ($635.389,9214) – 0,54%
Como dejan ver los montos, más de una cuarta parte de todo el presupuesto del Ministerio de Alimentación se transferirá a solo dos empresas, ambas con un papel protagónico en la red de producción y distribución de alimentos que maneja el Gobierno.
La compañía que más dinero recibirá es la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), fundada en 2016 —durante plena crisis de desabastecimiento—, como una de las muchas entidades creadas durante la época que daban control a militares para importar y distribuir alimentos.
Actualmente, el presidente de Cuspal es el propio ministro de alimentación, el mayor general Carlos Augusto Leal Tellería. La entidad se utiliza para ejecutar labores de inspección en la cadena de producción y distribución alimenticia que opera el Gobierno a través de los distintos entes adscritos al ministerio.
La segunda mayor adjudicación la obtuvo Mercal, la red de abastos creada hace 20 años por el fallecido presidente Hugo Chávez que tenía como objetivo la venta de productos alimenticios a precios «justos», que hoy en día destaca por el abandono y la desidia a la que fueron sometidas sus sucursales.
De acuerdo con un trabajo publicado por TalCual en el marco del 20º aniversario del proyecto creado por el chavismo, la mayoría de los locales se encuentran cerrados y los pocos que permanecen abiertos mantienen una operatividad mínima gracias a actores privados. Los productos que venden son de marcas privadas que no controla el Estado.
Transferencias a entes descentralizados del Min-Alimentación
El presupuesto restante para transferencias se dirige específicamente a entes descentralizados sin fines empresariales, como lo son el Instituto Nacional de Nutrición (INN), la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal) y la Superintendencia Nacional de Gestión Alimentaria (Sunagro).
Al entrar al detalle de los puntos de cuenta que preparó cada uno de estos organismos y hacer la comparativa con el año anterior, se denotan exactamente los mismos planes que supuestamente se llevarían a cabo durante 2023.
En primer lugar, el INN pide Bs 324 millones ($9,1 millones), que pretende utilizar para financiar los mismos seis proyectos que levantó el año pasado, centrados en la creación de una red de restaurantes, inspecciones de calidad de los alimentos distribuidos en programas sociales, la producción de alimentos, jornadas de atención domiciliaria a «víctimas de la guerra económica» y el desarrollo de espacios para «fortalecer la nueva cultura agroalimentaria».
El planteamiento es idéntico al que se hizo para 2023 y solo varían las cantidades y el dinero presupuestado. Para aquel entonces, los Bs 269 millones representaban casi $24 millones, casi el triple de los otorgados para 2024.
El segundo caso es el de Fundaproal, que recibirá Bs 304 millones ($8,5 millones) para sustentar tres proyectos. Plantea el «reimpulso» de las casas de alimentación y comedores «Mamá Rosa», optimizar el funcionamiento de estas estructuras con dotación de equipos, y finalmente renovar la infraestructura de Fundaproal.
Si se compara con el informe de ingresos y gastos para 2023, vuelven a repetirse los tres mismos proyectos, aunque hay una leve modificación en las palabras utilizadas, pero se prevé de igual manera impulsar y dotar los comedores «Mamá Rosa», así como renovar la infraestructura de Fundaproal por segundo año consecutivo.
Incluso replican la cantidad de toneladas de alimentos que pretenden aportar (58.207) y el número de comedores que esperan beneficiar (1.000). La gran diferencia es que el año pasado contaban con tres veces los recursos que, en esta ocasión, pues les habían asignado Bs 304 millones ($26 millones).
Finalmente, figura la Sunagro recibirá Bs 269 millones (7,5 millones) para los únicos dos proyectos propuestos este año. Esta vez sí se aprecia un ligero cambio frente al presupuesto de 2023, pues había tres proyectos en esa ocasión. Los dos restantes fueron replicados en el documento recientemente entregado a la Asamblea Nacional electa en 2020.
Los dos proyectos hacen referencia al desarrollo de un sistema de fiscalización para la Sunagro, así como la «construcción y adecuación tecnológica del sistema integral alterno de datos y archivo de Sunagro», que ahora tendrán que ejecutarse con un tercio del presupuesto que tenían el año pasado.
El restante de los recursos está repartido entre aspectos administrativos y gastos de personal, que incluye a los 1.129 trabajadores del ministerio —entre fijos y contratados—, además de 147 pensionados y jubilados.
Poco dinero, mucha hambre
La escasa asignación de fondos al ministerio que define la política alimentaria del Gobierno contrasta con las dificultades que poseen los venezolanos para alimentarse apropiadamente con los bajos salarios que persisten en el país. Según consultoras privadas, 85% de la población genera ingresos inferiores a $300.
Mientras que 8,5 de cada 10 venezolanos deben sobrevivir con una remuneración mensual inferior a $300, la canasta alimentaria familiar que mide el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) llegó a $493 en noviembre. El ingreso de la gran mayoría de los venezolanos no alcanza para cubrir sino 60% de los bienes fundamentales para alimentar a una familia.
En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas alertó en un informe sobre la situación alimentaria del país durante 2022, que en ese año más de 5 millones de venezolanos requerían asistencia humanitaria, con aproximadamente 70% de la población padeciendo algún nivel de inseguridad alimentaria.
Por su parte, un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en enero de 2023 advertía que Venezuela posee la mayor tasa de subalimentación de toda Sudamérica, con un índice de Prevalencia de Subalimentación de 22,9%.
En consonancia con esta cifra, la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), publicada en noviembre de 2022, resaltaba que en siete de cada 10 hogares había una preocupación latente de quedarse sin alimentos.
Las cifras enmarcan una situación precaria en materia alimentaria en el país, pero el proyecto de presupuesto para 2024 apenas aborda el hambre como un problema nacional, asignando un monto considerablemente inferior al año anterior al Ministerio de Alimentación y dejándolo al margen en el proyecto de ley de endeudamiento, que no considera financiamiento adicional para política alimentaria alguna.
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