Cada 10 de diciembre se celebra en el mundo el Día Universal de los Derechos Humanos, en vista de que en una fecha como esta en París durante 1948 fue proclamada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la declaración universal de los DDHH que establece respeto a los derechos fundamentales de todas las personas independientemente de su raza, género, creencia religiosa, posición política, idioma o tendencia sexual.
En Venezuela, diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciando que constantemente el Estado viola los derechos básicos de la población, persigue y encarcela a la disidencia política, criminaliza la protesta, incumple el mandato constitucional de garantizar un salario digno, acceso a la salud y servicios básicos. Además, es investigado en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad que incluyen supuestos asesinatos sistemáticos en el marco de protestas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles e inhumanos a privados de libertad.
En Runrunes consultamos a varios miembros de ONG encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos y expusieron sus alcances, desafíos e igualmente el trabajo que se debe hacer para recuperar la calidad de vida del venezolano en el marco de una emergencia humanitaria compleja.
Cascarones vacíos
Para Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, las instituciones en Venezuela son una especie de cascarones vacíos: «No responden a las peticiones de los ciudadanos”, dijo la abogada.
Louza sentenció que desde su fundación, la misión de Acceso a la Justicia es la de denunciar irregularidades que se cometen en materia legal.
“Explicar temas complejos como lo de la Corte Penal Internacional, para que estemos conscientes de los derechos que tenemos, estamos atentos en todo momento a lo que hace el Estado”, agregó.
De acuerdo con Louza, la falta de institucionalidad en Venezuela ha acelerado la emergencia humanitaria compleja.
“El Gobierno no asume responsabilidades y se escuda en pretextos como las sanciones internacionales, quizás en el mediano plazo el poder tenga que cambiar su manera de gobernar, pareciera que hay un descontento grande, al final le pedimos al Gobierno que recapacite, que se dedique al ciudadano”, sumó.
La abogada aseveró que este año, el Gobierno venezolano quedó expuesto ante organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminacion contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), la CPI, la Misión de Determinación de Hechos y la oficina del Alto Comisionado para los DDHH.
“Las recomendaciones de cada uno de estos cuerpos son muy valiosas, cada vez se abren más mecanismos para tomar en consideración los atropellos que se cometen en Venezuela. Nuestra expectativa es que el Gobierno entienda que no son críticas destructivas sino constructivas. No importa quién esté en el poder, lo importante es que se respeten los DDHH, que no se reprima a la gente por pensar distinto ni por reclamar derechos fundamentales”, recalcó.
Recordar también es hacer justicia
Estar al lado de las víctimas y sus familiares es la labor de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, cuya coordinadora general es Martha Tineo.
“En la búsqueda de justicia tanto en instancias nacionales como internacionales. En el caso de los presos políticos, procurar que sean liberados y que los crímenes de tortura sean juzgados y condenados, que no haya impunidad, propiciar garantías de no repetición”, amplió Tineo al explicar la misión de su organización.
Tineo indicó que la capacidad de atención a las víctimas y familiares de JEP en comparación con la del aparato gubernamental es mínima: “No podríamos pretender reemplazar al estado en sus funciones”.
La experta en sistemas de justicia expuso que la organización que dirige ha hecho esfuerzos, especialmente en el marco de la emergencia humanitaria compleja, para documentar casos de violaciones a DDHH ante instancias como la Misión Independiente de la ONU.
“No podemos garantizar justicia a las víctimas, lo que hacemos es que ante esa omisión por parte del Estado, documentamos, preparamos a las personas para enfrentar procesos en instancias internacionales”, acotó.
Tineo sentenció que gracias a la labor de las ONG, las víctimas han podido exponer sus casos ante instancias internacionales en pos de conseguir justicia.
“A pesar de que ha sido un año duro hemos avanzando, lamentablemente eso no se traduce en la obtención de justicia, pero a partir de actuaciones independientes de las ONG, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó al Fiscal a seguir su investigación sobre Venezuela, la Fiscalía determinó que el Estado es incapaz de avanzar en procesos judiciales, transparentes, legítimos y conformes a derecho”, recordó.
La abogada indicó que en el Estado venezolano no existe voluntad de juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de protestas antigubernamentales: «Para las víctimas ser recordadas es importante, nuestra organización trabaja bajo el lema de recordar es una forma de hacer justicia”.
Tineo dijo que JEP no solo asesora y acompaña a las víctimas en materia jurídica.
“También los apoyamos emocionalmente. Entendiendo que el dolor nos une, podemos transformar ese dolor en una fuerza. Este año inauguramos el primer museo virtual de la memoria y la represión en Venezuela, para conocer los rostros de las víctimas fatales desde 2014, es una forma de honrar a sus familiares», mencionó.
Según Tineo en 2024 puede incrementarse la ejecución del patrón de persecución por tratarse de un año electoral.
“Recientemente, detuvieron a un miembro de Súmate, a otro del partido Encuentro Ciudadano y a un líder sindical en Anzoátegui, esa persecución está siendo cada vez más selectiva, hay un ánimo de un castigo ejemplarizante, hacen público las torturas al estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez, es una afrenta”, alertó.
Para Tineo es fundamental no solo obtener justicia desde la denuncia, documentación y difusión, sino reconstruir al país: «No es poca cosa que Venezuela siga siendo objeto de interés en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en medio de la situación caótica mundial”
Organizaciones han salvado vidas
A juicio de Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, el trabajo de incidencia de diversas organizaciones y voluntarios ha hecho que la hecatombe que vive Venezuela en materia de salud sea menor.
“Han disminuido el riesgo tan grande que tenemos, el trabajo ha sido excelente a pesar de las circunstancias adversas, ellas han estado trabajando en pro de los venezolanos”, indicó.
Contreras sostuvo que pese a la indolencia oficialista, aspira a que el Gobierno entienda que la salud es algo fundamental para que el enfermo pueda reinsertarse en una fase productiva.
“Hoy los hospitales están afectados por más del 80% de déficit de enfermería producto de los bajos salarios, esto es algo que incide negativamente en los pacientes, no tenemos más tiempos de espera, los hospitales tienen que dar una respuesta oportuna, no podemos seguir viendo a niños muriendo por la escasez”, lamentó.
El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina Medina, aseguró que en Venezuela se violan diariamente los derechos a la salud.
“No hay programas adecuados, se abandonó el de la lucha contra la malaria, el de protección a la mujer y el adolescente, no hay equipos suficientes para hacer diagnóstico de cáncer de mama y uterino (la primera causa de mortalidad de mujeres en Venezuela)”, detalló.
Urbina sostuvo que las carencias y la poca disponibilidad de cupo en los hospitales es una de las principales violaciones del derecho a la salud.
“No hay servicios de farmacia, de dieta, los pacientes no pueden protestar en los hospitales, no hay vacunas suficientes, en Venezuela el porcentaje vacunal es de 50,8%, no hay agua potable…Tenemos que seguir visibilizando los problemas y hacer denuncias a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó el médico pediatra intensivista.
Trabajadores unidos por sus derechos humanos
La organización del sector trabajador en defensa de sus derechos e intereses y la participación activa en las próximas elecciones presidenciales son claves para lograr una mejora laboral según el analista del Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), José Calma.
Calma expresó que la insuficiencia del salario mínimo, que tiene más de 600 días sin ser aumentado por el Ejecutivo nacional, vulnera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no permitir «vivir con dignidad y cubrir para sí y la familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales» tal como dicta el texto.
Cuestionó que el Gobierno argumente una presunta incapacidad de incrementar los salarios.
“El sector público es grande en cuanto a número de empleados y se busca sopesar las carencias salariales con aportes de bolsas de comida. Esto lleva a la ambivalente valoración: garantiza el Gobierno directamente las necesidades básicas o se está cumpliendo con esa noción teórica de esclavitud de trabajar por comida”, opinó.
Calma expresó que el conflicto territorial con Guyana, con una enorme inversión de propaganda a favor del referendo consultivo del 3D, ha relegado a un segundo plano los titulares en medios de comunicación sobre vulneración de derechos humanos.
“Sin embargo, las distintas ONG dedicadas a la defensa de los DDHH no han dejado de alzar la voz para reclamar atropellos a los venezolanos, que pasan por sectores como el estudiantil o el sindical”.
El especialista en materia sindical indicó que los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Venezuela ha ratificado, dan un importante marco jurídico en favor de los trabajadores.
“Pero el sistema de justicia interno es lento, tardío y no necesariamente se traduce en decisiones justas para todo aquel que reclama lo que considera jurídicamente válido”.
Calma sostuvo que la expectativa o esperanza para los venezolanos en materia salarial sigue siendo compleja: “Aspectos como la actual economía, la situación sociopolítica, la enorme diáspora venezolana, el incremento de la economía informal, la deserción escolar, el desinterés por la profesionalización ante las pocas oportunidades laborales para los jóvenes junto a la priorización de oportunidades de producción económica rápida, dan un panorama de complejidad”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, enfatizó que los gremios de trabajadores en Venezuela seguirán insistiendo en la necesidad de un justo incremento salarial.
“Porque en una relación laboral existen dos partes y la responsabilidad es del patrono. Solo estamos pidiendo al Gobierno que cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que habla de la obligación de establecer un salario mínimo en perfecta armonía con el costo de la canasta básica, que supera los 500 dólares. Tenemos el sueldo más bajo del mundo desde hace dos años, eso coloca en riesgo las prestaciones sociales y los contratos colectivos”, recordó.
Contreras indicó que en Venezuela no puede ser considerado un delito ejercer la protesta sindical.
“Hemos visto con mucha preocupación como se ha judicializado la protesta, dirigentes sindicales han sido privados de libertad por reclamar el derecho de los trabajadores, pero nosotros hemos convertido el miedo en una fuerza para seguir adelante”.
Caos penitenciario tiene solución
Para Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, el caos que vive el sistema penitenciario en Venezuela tiene solución, pero no ha habido voluntad política.
“Y eso tiene que ver con la corrupción en las cárceles, Elio Gomez Grillo (abogado y criminólogo) decía que las prisiones eran un negocio tan productivo como Pdvsa”, manifestó Nieto Palma.
El abogado informó que este 10 diciembre UVL cumple 26 años de fundada: «Fuimos la primera organización en monitorear a las personas privadas de libertad, cuando la elaboración de la Constitución del 99 colaboramos en la redacción de los artículos que tienen que ver con cárceles”.
Nieto Palma aseveró que la misión principal de UVL es hacer seguimiento a la situación de los reclusos respecto a sus DDHH.
“Denunciamos las violaciones a los DDHH en las prisiones que en los últimos tiempos se han acrecentado, tenemos un departamento de asesoría legal para brindar atención gratuita a presos y familiares, organizamos jornadas de salud, hemos atendido a 5.000 presos en 5 años”, describió.
Nieto Palma dijo que en los últimos años se ha acrecentado la crisis en los centros de detención preventiva o calabozos, donde hay hacinamiento y por ende enfermedades y violencia.
“Estamos constantemente dando información a organismos internacionales como la ONU y la CIDH, en Venezuela hay una especial falta de interés por parte de los entes encargados en torno a la salud del preso”, denunció.
Atropello a derechos humanos empieza en Venezuela
La socióloga y fundadora del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Ligia Bolívar, dijo que la labor de las ONG ha contribuido a que en los países de acogida se vele por la protección de los derechos humanos del migrante venezolano.
“Están trabajando tanto en la parte humanitaria como en la legal, para ayudar a la gente a que reciba asesoría en pro de resguardar su estatus migratorio y sus derechos humanos”, comentó.
Bolívar indicó que hay otro grupo que labora en función de la integración de la diáspora venezolana a las naciones receptoras:
“Esas son organizaciones que trabajan a nivel comunitario, se buscan políticas de integración que no desconozcan las necesidades de la población local y que progresivamente se busquen fórmulas para que los venezolanos se integren, especialmente a los niñas, niños y adolescentes que están en ámbito escolar, son operaciones a gran escala porque hablamos de casi 8 millones de personas”.
Bolívar recordó que la mayoría de los migrantes no salieron de Venezuela por voluntad propia.
“La violacion de sus DDHH no empieza en los países de acogida, la violacion de DDHH comienza en Venezuela, salen de Venezuela porque precisamente aquí no se le garantizan los derechos fundamentales”.
