Al cumplirse, este domingo 10 de diciembre, 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Venezuela no puede celebrar este importante acontecimiento, porque está viviendo el momento más oscuro de la defensa de estos Derechos.

Así lo sostiene, al ser entrevistado por El Impulso, el doctor Rafael Narváez, abogado en ejercicio, ex parlamentario y quien, desde hace cuarenta años, ha venido siendo defensor de esos derechos en todo el país.

¿Qué es lo más importante de este aniversario de una Carta de la ONU que ha tenido vigencia durante tres cuartos de siglo?

Precisamente su vigencia. La Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió en esta fecha hacer sentir la voz de las víctimas y sus familiares de quienes habían sufrido por parte de las autoridades de sus respectivos países, abusos, vejaciones, persecuciones, prisión, torturas y muertes por el solo hecho de tratar de hacer valer sus derechos civiles y políticos. Pero, la ONU fue más allá, pues, además se propuso defender los derechos ambientales, de educación, de salud, de alimentación, a tener trabajo, salarios justos y, en general, una vida digna. Son treinta y dos los derechos contemplados en esa Carta profundamente humana elaborada por esa organización con miras a que tuviéramos, como debe ser, un mundo más justo, más equilibrado y más adecuado para vivir en paz.

¿Usted dice que en nuestro país no hay celebración?

En Venezuela no hay celebración alguna, sino que por el contrario al espíritu humano de la defensa de los Derechos Humanos, estamos presenciando, sufriendo y soportando persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas sicológicas y físicas, desapariciones forzadas y muertes. Violando el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana, aquí las personas son detenidas arbitrariamente y nada se sabe de la suerte que corren tras ser sometidas por funcionarios policiales o militares, como es el caso del presidente de la organización civil Súmate, Roberto Abdul Hady, quien desde el miércoles fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Pero, también existen órdenes de detención contra el ingeniero Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela; el politólogo Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del mismo movimiento; y Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de la candidata presidencial María Corina Machado. En Venezuela, quienes tienen el control del Estado han venido aniquilando los Derechos Humanos. Prueba de ello es que cuando hacemos un balance de este año lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el derecho a la alimentación y, por supuesto, a una vida digna. Claramente hay un empobrecimiento total de un pueblo porque el Estado no tiene prioridad al derecho de un estado de vida y bienestar para la gente. Y lo más preocupante, deprimente y lamentable es que el Estado se ha convertido en una fábrica de pobres, porque todas las encuestas y principalmente la Encovi de universidades de alta jerarquía, como la Central y la Católica Andrés Bello ha hecho estudios de campo que determinan que el 80 por ciento de los venezolanos no hacen las tres comidas diarias. La deserción escolar se ha incrementado porque ¿cómo van a ir los niños a la escuela con la lunchera vacía? Al mismo tiempo, la inflación que se ha venido registrando en el país es indetenible y el dólar paralelo, aliado del dólar oficial, han hecho que la canasta básica, cuyo costo hoy día está por el orden de lo 523 dólares al último mes, que no se compadece con un salario mínimo y asignación para trabajadores pensionados y jubilados, de apenas son de 130 bolívares (menos de cuatro dólares). Es la vulneración al derecho a la alimentación y, naturalmente, a la calidad de vida.

Ya le hacía referencia a los derechos civiles y políticos.

Estaba hablando de la aniquilación de derechos y, además de los ya mencionados, tenemos el de los derechos civiles y políticos. El más sagrado es el derecho al ejercicio del voto directo y secreto, La soberanía popular se expresa en el voto para elegir y del mismo modo evitar conflictos. ¿Qué ha hecho el Estado venezolano? Vulnerar todos los derechos de los ciudadanos y prueba de ello es que cuando se hace un acto cívico y privado, como el de las elecciones de la Primaria, lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia, a través de hechos infundados, toma decisiones arbitrarias y de un plumazo elimina el proceso de esa Primaria, como ocurrió el jueves, caso inaudito y rechazable, porque se está invalidado un acto propio de la ciudadanía. Asi es que el TSJ se convierte en un verdugo para los derechos políticos de los venezolano, que es lo fundamental para que exista democracia.
Estamos viendo la indetenible persecución contra la disidencia. Después de haberse hecho un referendo consultivo para algo que sabemos todo, que la soberanía no se consulta sino que se ejerce, hay una situación que tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia y lo más indicado es convocar a los mejores juristas y consultar la opinión de las academias en cuanto a lo relacionado con la reclamación histórica del territorio Esequibo, eso sí, a través de las vías correctas: la diplomática y la resolución de conflictos, que es la negociación, la mediación. Por supuesto, defender nuestros derechos en la Corte.
Ha habido declaraciones por parte de la disidencia en cuanto al tratamiento de este asunto y la justicia penal ha reaccionado expidiendo órdenes de captura sin el debido proceso, como tiene que hacerse y lo establece nuestra Constitución. Entonces, al producirse la oleada de persecución y detienen al presidente de Súmate, no le dan el derecho al debido proceso y lo más grave es que, a esta alturas, la defensa y sus familiares han denunciado que no se sabe su paradero. Ese es un hecho sumamente grave porque, primero, se ha producido una detención arbitraria y, segundo, se ha cometido una desaparición forzada de persona, porque cuando pasa uno, dos o tres días sin saberse del paradero del detenido, el Estado debe informar la situación en que se encuentra el ciudadano que tiene bajo su control.

Doctor,¿Éstas desapariciones forzadas están calificadas como delitos graves?

Entran en la condición de crímenes de lesa humanidad. El Estado, además de tener más de 288 presos políticos, trata de ocultar sus delitos. Ha pintado fachadas y sigue torturando a las personas que detiene. La última de sus víctimas ha sido John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, a quien el médico forense determinó que había sufrido daños de la visión; sin embargo, en el expediente no aparece responsabilidad de quienes le ocasionaron los daños.

Usted que ha venido defendiendo los Derechos Humanos, ¿qué siente al plantear estos aspectos de violaciones?

La misma preocupación que tenemos todos los venezolanos por la falta de justicia y sobre todo con los derechos de los ciudadanos, que hoy en día se encuentran en estado de indefensión y no tienen donde acudir. Es por esa razón que la Corte Penal Internacional sigue un proceso de investigación por los delitos que ha cometido el Estado venezolano. Cuando nosotros hablamos de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo estamos refiriéndonos a algo sagrado, porque los comunicaciones le están informando al pueblo en forma veraz y oportuna de un derecho constitucional. Pero, aquí la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo están muy limitados, han ido desapareciendo la mayoría de los medios de comunicación social impresos, algunos medios radiales están asediados por medidas de Conatel y sin derecho a la defensa son cerradas las emisoras. Es por eso que, además de los crímenes de lesa humanidad nos referimos a esta situación, se evidencia que en Venezuela se ha venido oscureciendo la defensa de los Derechos Humanos. Y cuando se denuncia la falta y la deficiencia de los servicios básicos también se está reclamando los servicios fundamentales. El agua y la energía eléctrica no sólo afecta a la gente que necesita ese vital líquido y el fluido eléctrico para sus actividades cotidianas, sino también a los hospitales, ya que se colocan en riesgo a pacientes que se encuentran esperando calidad de salud y también en riesgo a los equipos que funcionan en esos centros asistenciales porque si falla la electricidad no se pueden utilizar tomògrafos o cualquier otro aparato; es decir, se violenta el derecho a la salud. Y de éste sólo es factible para los poderosos porque pueden resolver sus problemas. Mientras los pobres tienen que sufrir irremediablemente, sobre todos los que padecen enfermedades crónicas, cáncer y quienes necesitan diálisis. Tienen que pedirle a Dios y la intervención de José Gregorio Hernández.

¿Hay discriminación?

El Estado la ha establecido con el carnet de la patria. Los bonos no llegan a todas las personas, aunque sus montos son muy bajos. Las bolsas de comida no contienen las proteínas necesarias que requieren las personas que las reciben…Y lo peor es que no hay justicia.

Volvemos a lo que está haciendo la Corte Penal Internacional…

Porque es la única vía que nos queda. Los recursos que ha presentado el gobierno han sido desechados porque no presenta argumentos válidos. La última vez consignó treinta mil páginas cuando sabe que la Corte conoce todo lo que ha venido ocurriendo. Venezuela firmó en el 2.000 su adhesión al Estatuto de Roma y en el 2.002 la Corte inició sus funciones. Conoce los casos de Venezuela desde el 2.014. Ha habido tanta presencia de informes como de funcionarios que han venido recibiendo denuncias y realizando verificaciones e investigaciones. La Comisión independiente y la propia Autoridad de Derechos Humanos han hecho una labor muy significativa en los casos de delitos de lesa humanidad. Y la Corte está trabajando.

Usted ha insistido en la responsabilidad de altas autoridades en esos crímenes…

La Corte está llamada a investigar cuando ocurren esos horrendos crímenes y, al efecto, tiene que indagar a presidentes y jefes de gobierno en ejercicio, a componentes militares de alto rango y a funcionarios que tienen responsabilidades en casos de violación de
Derechos Humanos. Pero, ¿qué ha hecho el Estado venezolano? Procesar y en algunos casos, condenar a funcionarios de bajo nivel o jerarquía. Está cerrando el año sin haber hecho justicia y sin piedad, ni clemencia para aplicar una amnistía a los presos políticos, muchos de los cuales están enfermos y no reciben el tratamiento adecuado a sus males, además de que se les han violentado sus procesos porque las audiencias fueron hechas a destiempo o no se han hecho. Los 288 ó más presos políticos ven mermar sus vidas y sus esperanzas porque el sistema de justicia no funciona. El gobierno no ha cumplido el acuerdo que firmó con el fiscal de la Corte, abogado karim Khan, como el de que se estableciera un sistema de justicia autónomo e independiente con jueces titulares y no provisorios, y, por lo tanto, no ha mejorado una justicia con acceso justo.

Definitivamente, el Estado venezolano aniquiló los Derechos Humanos y los defensores de estos Derechos, en el 75 aniversario de la Carta Universal, nos sentimos preocupados por la violación que se comete a diario en nuestro país, pero aún con la esperanza de que la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo con miras a aplicar la justicia que todos esperamos.