El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el día sábado, antes de entregar su mandato este domingo, en el que dispone que el Estado argentino le brinde custodia personal y familiar en el futuro tras salida del cargo.
El DNU, que fue publicado en el Boletín Oficial el día antes de la asunción de su sucesor, el radical Ricardo Alfonsín, establece que Fernández tendrá derecho a contar con una dotación de agentes de seguridad, vehículos blindados, escoltas y chóferes, así como a recibir una compensación económica por concepto de gastos de representación.
La medida, que fue criticada por la oposición y por algunos sectores del oficialismo, se basa en el argumento de que Fernández enfrenta una situación de riesgo debido a las amenazas que ha recibido durante su gestión, especialmente por su rol en la negociación de la deuda externa, la reforma judicial y la legalización del aborto.
El decreto de Fernández modifica la ley 25.164, que regula el régimen de protección de los expresidentes y vicepresidentes de la nación, y que establecía que solo podían acceder a este beneficio quienes hubieran ejercido el cargo por al menos dos años consecutivos o tres alternados. El decreto también fue ampliado a protección en todo el mundo, ya que el mismo abarcaba solo el territorio argentino.
El DNU de Fernández ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y social, ya que muchos lo consideran una medida arbitraria, innecesaria y costosa para el erario público. Algunos dirigentes opositores han anunciado que presentarán recursos judiciales para impugnar el decreto, mientras que otros han cuestionado la legitimidad de Fernández para dictar un DNU en sus últimos días de gobierno. Por su parte, algunos referentes del Frente de Todos, la coalición que llevó a Fernández al poder, han expresado su desacuerdo con el decreto y han pedido que se revise su alcance y su duración.
