Por: León Hernández
El 24 de noviembre de 1948, se realizó un “golpe frío” contra el gobierno democráticamente electo de Rómulo Gallegos. Toma una Junta Militar integrada por Carlos Delgado Chalbaud, hasta ese momento su ministro de la Defensa, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez- La cúpula castrense que se mantuvo en el poder hasta 1958 decide censurar desde el inicio para evitar posibilidades de conspiraciones.
La censura nace la misma noche del 24 de noviembre de 1948, pocas horas después del cuartelazo. Un personaje de la picaresca política venezolana, Luis Manuel Vicente Tinoco “Tinoquito”, instaló la oficina de censura e inició la vigencia del “lápiz rojo” como instrumento de trabajo alienante, anti espíritu, liquidador de conciencias y razones. (Catalá y Rangel, 2003).
El régimen continúa a pesar del magnicidio a Carlos Delgado Chalbaud, que en la prensa es abordado como “el crimen del 13 de noviembre” de 1950. La junta continúa primero con Marcos Pérez Jiménez a la cabeza, quien por primera vez aparece grandilocuente en los actos de sepelio de Delgado Chalbaud, para después colocar, el 27 de noviembre de 1950, a un civil como presidente de la Junta de Gobierno: Germán Suárez Flamerich.
Después de suspender algunas garantías, la Junta de Gobierno anunció el 30 de diciembre de 1950, vía prensa, la restitución de algunas, con la vista puesta en llevar a la nación a elecciones, pero la libertad de expresión queda restringida en estos términos:
No se publicarán ni difundirán conceptos o noticias basadas en rumores, o que contengan expresiones insidiosas, o tendientes a propalar alarmas, o promover la desobediencia a las leyes o a subvertir el orden político y social. A tal efecto, todo el material de carácter político destinado a la publicidad deberá ser enviado a una Comisión de Examen integrada con elementos representativos de esa actividad (…) La Comisión autorizará o no la publicación del material que se le someta, en atención a su contenido. (El Nacional, 1950)
En las elecciones del 30 de noviembre de 1952 gana URD, pero Marcos Pérez Jiménez se queda por el poder. La oficialidad envió al olvido las premisas electorales previas, y en el discurso presidencial, publicado en la prensa, Pérez Jiménez señaló que el gobierno tenía derecho a esperar como consecuencia de su obra que los electores del 30 de noviembre de 1952 se pronunciaran en favor de quienes habían dado prestigio y grandeza a la patria, y no de quienes sólo presentan “su capacidad crítica, basada en calumnias y actividades antinacionales”.
Es en este contexto que, en octubre de 1953, periodistas en el exilio presentaron un informe ante la IX Sesión de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el cual se denunció la “rigurosa” censura de la prensa escrita y radial en Venezuela. Se acusa que por espacio de cinco años ha habido “censura policial y regimentación fascista interventora de las empresas”, valiéndose, entre otras tácticas, de “liquidación mediante presión policial de empresas con elevadísimas pérdidas económicas; imposición a las empresas de publicaciones favorables al gobierno, como si fuesen propias, con la finalidad de llevar al ánimo del lector una idea falseada de la realidad nacional, (…) simulación de libertad de prensa, coacción a las empresas para que retiren de su personal a los periodistas y empleados desafectos al régimen”.
Es decir, se desinformaba no solo con censura, se falseaba la realidad imponiendo textos manipulados y dados al lector, como si fuesen escritos por los periodistas de los diarios. Interesante que para 1953, los ponentes, Andrés Eloy Blanco, Gustavo Machado, entre otros, acusaran el intento del régimen de lograr “una idea falseada de la realidad nacional”. Denunciaron los siguientes métodos de la dictadura de Pérez Jiménez.
1.-Clausura de Periódicos: El País, de Caracas; El Día, de Valencia; El Popular y El Componedor, de Barquisimeto; El Fiel, de Carúpano; Cantaclaro, de Carora; Acción, de Valera; Bandera, de Rubio; Atalaya, de Mérida y Panorama, del Zulia, este último pudo volver a circular.
2.-Suspensión temporal de periódicos: El Morrocoy Azul, El Nacional, El Gráfico y el Diario de Occidente, Tribuna Popular (este último al final fue clausurado).
3.-Control directo de empresas: en el caso de Últimas Noticias y Panorama, el régimen obligó a los dueños a venderlas a personas afectas al gobierno, para que sirvieran como órganos de propaganda de la dictadura.
4.-Represalias económicas: El Nacional, El Gráfico, El Universal y Tribuna Popular fueron multados en repetidas oportunidades por difundir información no grata al gobierno.
5.-Atropello contra periodistas: prisión para varios periodistas, muchos de ellos con más de tres años de cárcel, torturas físicas y mentales (Domingo Alberto Rangel, Ramón Velásquez, Simón Alberto Consalvi, Héctor Stredell, José Bernardo Granadillo, César Gil, Raúl Alfredo Arriaga, Simón Ferrer, Carlos Ferrera, Ismael Matos Mérida, Pedro Bernardo Pérez Salinas y José Agustín Catalá).
Mención especial en el informe daban a los dirigentes Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali y Antonio Pinto Salinas y Luis Troconis Guerrero, todos periodistas, los tres primeros asesinados por las fuerzas de seguridad y el último fallecido en el exilio.
6.-Exilio para periodistas: Valmore Rodríguez, Jesús González Cabrera, Andrés Eloy Blanco, Luis Esteban Rey, Pedro Beores, Alfredo Tarre Murzi, Humberto Bartoli, Luis Herrera Campins, Juan Liscano, Analuisa Llovera, Pedro Elías Hernández, Manuel Martínez, Alberto Ravell, Siso Martínez, Gabriel Bracho, Rómulo Betancourt, Rafael Pizani, Gustavo Machado, Mario Briceño Iragorry, Hernani Portocarrero, Julio Groscoors, José M. Machin, César Rondón Lovera, Miguel García Mackle, entre otros.
Lamentablemente, el régimen de Pérez Jiménez fue una escuela de métodos de censura y desinformación, y aún hoy nos persiguen más de una de sus estrategias.
León Hernández
