El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advirtió a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre nuevos crímenes de lesa humanidad en Venezuela por la detención de Roberto Abdul, presidente de Súmate.
Mediante un comunicado, el panel de expertos también rechazó la órdenes de captura que emitió la Fiscalía contra otras 13 personas que incluyen dirigentes opositores, chavistas disidentes y un ciudadano estadounidense.
«Estas acciones se suman a los cientos de casos y denuncias presentadas por el Panel de Expertos ante la CPI, en dos informes anteriores», añade el texto.
Asimismo, manifestaron preocupación por los ataques dirigidos contra opositores y sus colaboradores «para impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales, previstas en Venezuela para el año 2024″.
El miércoles 6 de diciembre, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, anunció la solicitud de 14 órdenes de aprehensión contra dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela.
Según Saab, todos los mencionados supuestamente conspiraron contra Venezuela y el Referéndum Consultivo, llevado a cabo el 3 de diciembre de 2023, por lo que serán imputados por los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Las personas afectadas son: Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolanski, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Leopoldo López, Henry Alviarez, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul, quien fue detenido el 6 de diciembre.
Además fue detenido el ciudadano estadounidense Savoi Jandon Wright y se emitieron órdenes de captura contra los exministros de Hugo Chávez, Andrés Izarra y Rafael Ramírez.
El Panel de Expertos de la OEA destacó la existencia de un patrón por parte del Estado venezolano de «perseguir a personas que forman parte del entorno de los líderes de la oposición, ya sean sus familiares, allegados o simpatizantes prominentes y, señala que la gran mayoría de estas personas han sido previamente objeto de actos de persecución por parte del gobierno venezolano».
Además, considera que estas recientes medidas constituyen un flagrante ataque a los derechos fundamentales de estas personas.
El Panel llamó a la administración de Nicolás Maduro para que libere a todos los detenidos, incluidos Roberto Abdul y Savoi Jandon Wright, y retire las órdenes de detención.
Asimismo, hace un llamado urgente a Karim Khan, Fiscal de la CPI, para que emita una advertencia al Estado venezolano «para que ponga fin a la comisión de crímenes de lesa humanidad de persecución política y detención arbitraria».
