Las órdenes de detención anunciadas por el fiscal general Tarek Williams Saab contra miembros de Súmate y Venezuela, así como a otras personas, son arbitrarias porque no existen pruebas que demuestren las acusaciones que está haciendo públicamente el mencionado funcionario y constituyen violación a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la organizaciòn y al libre derecho de opinión y de disidencia contemplados en los tratados internacionales suscritos por el país.
La declaración fue hecha por el profesor Nelson Fréitez, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y vocero de la Red Larense de Defensa de los Derechos Humanos, quien al ser entrevistado por El Impulso manifestó que esta escalada de persecución se produce tres días después de haberse realizado el referendo consultivo y, sin argumento jurídico, se están haciendo graves señalamientos como delitos de traición a la patria y de estar involucrados en una conspìración con una potencia extranjera para dañar al país.
Lo que llama la atención es que entre los señalados, quienes se encuentran en el país, son dirigentes vinculados al movimiento político de María Corina Machado y al presidente de Súmate, organización ésta fundada por la hoy candidata electa en el proceso de Primaria del 22 de octubre. Se trata de Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela, y Roberto Abdul, de Súmate.
El profesor Fréitez reiteró que las órdenes de detenciones son arbitrarias porque hasta ahora no se conoce ninguna prueba en contra de las personas cercanas a la candidatura de María Corina Machado, a la que se pretende con esa acción amedrentar e intimidar ante el país.
Al no presentar pruebas inventan unas acusaciones sin justificación jurídica para detener a dirigentes de una organización partidista y al propio presidente de Súmate, pero rebuscan el argumento de traición a la patria precisamente cuando está en la agenda del gobierno el conflicto de la reclamación del territorio del Esequibo con la República Cooperativa de Guyana. Evidentemente, esta es una estrategia de persecución política e indica el fiscal general que la Exxon Mobil está financiando una conspiración, pero, como ya he señalado, sin presentar prueba alguna.
Creen que de esta manera más adelante podrán crear condiciones para declarar un estado de excepción que les permita perseguir a toda la disidencia democrática y, por supuesto, buscar intimidar a la candidata presidencial María Corina Machado.
Dentro de la intencionalidad de arremeter contra las organizaciones políticas también figura atemorizar a las que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos, las cuales están atentas a las violaciones que se cometen a diario y formulan las denuncias correspondientes.
