Trabajo de: www.runrun.es
La ONG internacional Civicus Monitor publicó este 06 de diciembre su nuevo informe sobre el respeto al espacio cívico en el mundo. Venezuela, por primera vez desde el inicio de la evaluación en 2018, es catalogada como un país «cerrado», la peor calificación para el respeto y reparación de los derechos humanos.
Civicus adviertió en su informe que el cambio es consecuencia «de un ataque constante a los derechos civiles y políticos en la nación sudamericana, que comenzó hace más de una década y continúa en la actualidad».
El informe, titulado «El poder ciudadano bajo ataque 2023», detalla las condiciones del espacio cívico en
198 países y territorios. «Las conclusiones para Venezuela muestran que queda poco espacio para que las personas ejerzan sus libertades fundamentales, ya que las autoridades siguen intentando asfixiar a la ciudadanía en un ambiente de hostilidad».
Aumentan las agresiones
Según la institución, en el 2023 se documentaron «cientos de agresiones» a personas defensoras de los derechos humanos en el país.
«Al marco legal restrictivo ya existente, el cual limita que las organizaciones de la sociedad civil operen de forma independiente, se suman nuevos proyectos normativos que pretenden restringir aún más el derecho de asociación», reitera Civicus. «Cientos de periódicos y emisoras de radio han sido forzadas a cerrar, otras se han autocensurado o se han desplazado al extranjero, y quienes quedan se enfrentan a una intimidación aún mayor».
La intimidación a la prensa fue la denuncia más frecuente a nivel mundial durante el 2023. Civicus documentó 950 violaciones de la libertad de expresión, «estos es la mitad de todas las infracciones documentadas en las actualizaciones que se publicaron durante el periodo que se analiza en este informe».
En el caso de Latinoamérica las denuncias de agresiones a periodistas alcanza el 60 % de las denuncias.
«Este cambio de calificación para Venezuela es el resultado de décadas de ataque contra el espacio
cívico», afirma Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). «La situación es desoladora, ya que las autoridades venezolanas han cerrado por completo el espacio de actuación de la sociedad civil».
Cerrarse a los DDHH
La puntuación de Venezuela la sitúa entre los 28 países en la peor categoría: cerrada. A nivel mundial, el informe de este año revela que casi un tercio de la humanidad, es decir el 30,6% de la población mundial, vive ahora en sociedades cerradas, el porcentaje más alto que el Civicus Monitor ha registrado desde el inicio del proyecto en 2018. La mitad de la población latinoamericana vive en un país «cerrado».
Mientras tanto, sólo el 2,1% de las personas viven en países «abiertos», donde el espacio cívico es libre y está protegido, el porcentaje más bajo hasta la fecha y casi la mitad de la tasa de hace seis años.
«Estamos presenciando una represión global sin precedentes del espacio cívico», dice Marianna Belalba Barreto, responsable de Civicus Monitor. «Líderes mundiales y personas activistas de la sociedad civil necesitan trabajar en conjunto para evitar que más personas vivan en condiciones de restricciones extremas al espacio cívico».
A nivel mundial, la ONG estimó que El Estado fue el principal responsable de las violaciones en cada jurisdicción. «Las fuerzas de seguridad del Estado fueron las responsables de alrededor del 30 % de las violaciones y otro 30 % fueron perpetradas por el propio Estado, ya sea mediante tribunales, leyes, funcionarios», detalla la institución.
En el caso de Venezuela, la ONG enumera «decenas de violaciones de la libertad de expresión, desde amenazas a la familia de un reportero hasta detenciones de quienes alzaron la voz, pasando por investigaciones a periodistas en virtud de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La policía investigó incluso a activistas dedicados a la edición de Wikipedia. Al menos cinco emisoras de radio han cesado su transmisión, incorporándose a las 81 que cerraron el año pasado».
Retrocesos y esperanzas
Debido al marco legal que otorga al gobierno influencia sobre la mayoría de los aspectos de la organización de la sociedad civil, casi el 55% de las organizaciones registradas denunciaron obstáculos para realizar cambios administrativos rutinarios. Las autoridades simplemente cerraron algunas organizaciones, como la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó la intervención del Comité Nacional de la Cruz Roja Venezolana y confiscó sus bienes.
«El gobierno venezolano considera que las voces críticas son la máxima amenaza para su poder. Así que utilizan todas las tácticas posibles para garantizar que la sociedad civil y los medios de comunicación apenas puedan operar y mantenerse», dice Ángela Rodríguez, investigadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD). «El resultado es una situación en la que las personas defensoras de los derechos humanos se sienten constantemente amenazadas».
A nivel internacional, Venezuela baja su categoría de respeto a los derechos civiles y políticos junto a Bangladesh (cerrado), Bosnia y Herzegovina (obstruido), Alemania (estrecho), Kirguistán (represivo), Senegal (represivo) y Sri Lanka (represivo). Sin embargo, la sociedad civil internacional resalta que están surgiendo sinergias entre los activistas y la prensa para sobrellevar un panorama cada vez más cerrado e impune.
«Hay activistas y voces críticas que permanecen en Venezuela a pesar de la represión. Se necesita mayor solidaridad hoy, sobre todo para hacer frente a distintos sectores de poder que quieren invisibilizar esta crisis», concluye Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de la organización nacional Espacio Público.
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