Trabajo de www.talcualdigital.com
Tras la llegada de 180 venezolanos desde Islandia el pasado 15 de noviembre, luego de que se les negara la solicitud de asilo en ese país y haber recibido malos tratos por parte de las autoridades venezolanas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, han surgido varias interrogantes sobre la situación de estos connacionales, de otros que siguen en esta nación nórdica y corren la misma suerte, además de la ausencia de información que crea una especie de «zona gris».
De acuerdo con videos que circularon en la red social X y versiones de algunos medios, estos venezolanos, entre los que había niños, fueron obligados a firmar un documento en el que se les acusaba de «traición a la patria», no les entregaron sus pertenencias y a algunos les quitaron el dinero en efectivo que traían desde Islandia. ¿Dónde están?, ¿qué pasó con ellos?, ¿volvieron a sus casas? son algunas de las preguntas que aún siguen sin respuestas.
Los retornados desde Islandia fueron llevados al Hotel Sanitario La Guaira para la revisión por los sistemas de los organismos de seguridad y tribunales, pero han transcurrido dos semanas y la información sobre ellos es prácticamente nula. Ni el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, ha aportado datos sobre el paradero de estos venezolanos (como sí lo ha hecho con los deportados desde Estados Unidos) y, aparentemente, a quienes aterrizaron en el país se les prohibió hablar de lo ocurrido.
En busca de algunas aclaratorias, TalCual conversó con Ligia Bolívar, especialista en derechos humanos y coordinadora de Alerta Venezuela, y con Huáskar Vásquez, quien pertenece al Comité de Planificación del Grupo Ad Hoc de Defensa de los Derechos Humanos de los Venezolanos en Islandia.
Pese a que estos venezolanos que retornaron desde Islandia lo hicieron por «motivación propia», Vásquez asegura que el trasfondo «es que en realidad quieren (autoridades islandesas) que los venezolanos se vayan voluntariamente», por eso ofrecen un incentivo de poco más de 2.000 euros para que vuelvan a su país; bien sea porque decidieron no apelar a la negativa del asilo y otros porque consideran que la respuesta demora mucho tiempo.
Sobre esta medida, Ligia Bolívar explica que «no es una deportación, pero tampoco es fácil calificarlo como un retorno voluntario porque a ellos se les niega el refugio y las condiciones para permanecer allá son muy adversas». Enfatiza que el regreso de estos venezolanos «no cabe dentro del Vuelta a la patria», como el Gobierno lo quiere hacer ver, incluso con los deportados desde Estados Unidos.
«No se puede llamar un retorno voluntario porque en realidad estás poniendo a la gente entre la espada y la pared», indica Bolívar, quien sostiene que de haber tenido las condiciones, muchos de estos venezolanos hubiesen apelado la decisión.
Huáskar Vásquez añade que el retorno voluntario desde Islandia se hizo «bajo presión psicológica y otros factores».
¿Traidores a la patria?
Entre las denuncias de los retornados y sus familiares destacan que fueron despojados de sus pertenencias, especialmente el dinero que traían, les decomisaron los pasaportes y fueron obligados a firmar un documento en el que supuestamente se les acusa de «traición a la patria»
Esta medida, que no ha podido ser comprobada por la falta de información, Ligia Bolívar la califica como «extremadamente grave» y explica que, de haber sido cierta, «tuvieran que estar privados de libertad» por ser un acto con una consecuencia jurídica.
Cree que quizás esto fue solo «un rumor que no tiene pies ni cabeza». Sin embargo, no desestima que los funcionarios que recibieron este vuelo desde Islandia se hayan referido a los retornados con este término peyorativo por haberse ido del país.
Derecho de ir y venir
No debe existir ningún protocolo para que los venezolanos que se han ido de su país regresen. La defensora de DDHH recuerda que las personas tienen derecho a salir y entrar y que el único documento necesario para identificarse es el pasaporte.
Condena que a estas casi 200 personas se les haya limitado la comunicación con sus familiares porque es un procedimiento que «no tiene base legal en ninguna parte del mundo».
De la misma manera, Bolívar desaprueba el traslado y permanencia de estos retornados al Hotel Sanitario La Guaira, espacio adscrito a la Misión Negra Hipólita, para hacerles chequeos de salud, descarte de enfermedades y que personal policial verifique sus datos en los sistemas: «No tiene sentido, es irregular», afirma.
Apoyo de Acnur
En Islandia quedan alrededor de 1.500 venezolanos que corren el mismo riesgo de que se les niegue el asilo y temen que deban acceder a un «retorno» no tan voluntario, por lo que se organizaron para solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que sirva de mediador con las autoridades islandesas para plantear alternativas al regreso que sean de beneficio mutuo.
El pasado lunes 27 de noviembre realizaron una concentración frente al Parlamento para hacer visible su caso ante los medios de comunicación nacionales e internacionales y dijeron que muchos de los venezolanos en Islandia que solicitan asilo «temen por su vida, integridad y estabilidad» en su país de origen, cuyos gobernantes están acusados e investigados por cometer crímenes de lesa humanidad.
Esta situación con los migrantes venezolanos en Islandia, Ligia Bolívar la tilda como «gris» por los vacíos de información y las contradicciones que existen.
Expone que el derecho al refugio protege contra la deportación, pero como en este caso los retornos son voluntarios y las personas desisten de la solicitud de asilo «ya no los protege el principio de no devolución».
Sobre el apoyo que le están solicitando a Acnur, la coordinadora de Alerta Venezuela agrega que este organismo puede intervenir mientras estén bajo la protección temporal de las autoridades de Islandia, «pero no necesariamente para que le concedan el asilo. Podría intervenir para su transferencia a un tercer país», pero recuerda que es un trámite que puede tardar hasta dos años.
Huáskar Vásquez indica que antes de que partiera el vuelo con los primeros retornados se hablaba de que serían dos viajes, pero tras lo sucedido con quienes llegaron el 15 de noviembre, no se han conocido más detalles sobre otro regreso, cuándo sería y la cantidad de venezolanos que se devolverían.
«La cifra se ha manejado con secreto. No hay datos oficiales sobre la cantidad de venezolanos que deseaban regresar ni quiénes serían, pero ahora hay más temor de lo que pueda pasar y quizás algunos arrepentidos», afirma.
Hasta el momento el Gobierno de Islandia no ha emitido ningún pronunciamiento sobre esta situación.
Varias organizaciones en Europa enviaron unas cartas al presidente de este país, Guðni Thorlacius Jóhannesson, al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Inmigración, manifestando su oposición a estas devoluciones y para pedirles que «los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes venezolanos no sean devueltos o deportados a Venezuela, para evitarles miseria e inhumanidad» y que se tomen medidas verdaderamente efectivas y eficientes.
El texto, firmado por Coalición por Venezuela, Global Refugee Forum, Save my Identity, y otras organizaciones, habla del desafío que implica recibir a cientos de migrantes y solicitantes de asilo e integrarlos a la sociedad, pero también de cómo estos pueden contribuir a la economía de ese país.
También detalla que más que una crisis económica, Venezuela sufre las consecuencias de un régimen autoritario que persigue y humilla a sus habitantes, que es «incapaz de garantizar los derechos fundamentales, lo que representa un riesgo para la integridad y la vida de cada venezolano» y enfatiza que «no es un país apto para vivir».
La comunicación también alerta que tras el operativo policial que se realizó para recibir a estos migrantes que vivían en Islandia, en el futuro pudiera haber casos de «intimidación y acoso contra ellos y sus familias».
