La semana pasada se produjo otro desaguisado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): la Sala Electoral de manera ilegal, ejerciendo el poder tiránico que le permite el oficialismo, destituyó a la Directiva del Colegio de Abogados del estado Carabobo, elegida legítimamente conforme a las normas legales prevista en el ordenamiento venezolano y designó arbitrariamente una Directiva obediente al mandato del actual gobierno.
¿Y cuál fue la razón de tan disparatado desacierto?
Que la Directiva del Colegio de profesionales, víctima del dislate en cuestión, invitó a la candidata de la oposición democrática, María Corina Machado, para que desde sus instalaciones pronunciara unas palabras, seguramente críticas del régimen y que serían bien recibida por más del 80 por ciento de la población que desea el cese de la actual administración política.
Pero nos ocupamos hoy de esta alarmante decisión, pues la misma se avizora como un peligroso derrotero que la tiranía està profundizando, siguiendo los pasos del sangriento mandato nicaragüense, en el cual ya no hay disimulo ante decisiones políticas que violentan los derechos básicos de la ciudadanía. Esta deplorable decisión del TSJ no sólo pone en peligro la estabilidad de la conducción del gremio de abogados carabobeños, sino que es una señal de la intensificación de las prácticas arbitrarias del gobierno que debe alertar a toda la población.
El Bloque Constitucional de Venezuela que reúne a ex magistrados, profesores de Derecho, juristas y los presidentes de todos los Colegios de Abogados del país, se pronunció al respecto con un valiente y contundente Comunicado, en el cual, en forma sencilla, propia de la sabiduría, explica las razones de la despótica decisión. Comienza el Bloque por precisar la legitimidad de origen del mandato de la Directiva suspendida, al referir la autorización del Consejo Nacional Electoral para que la Comisiòn Electoral de ese Colegio llevará a cabo los trámites pertinentes y que culminó en un evento electoral realizado el 3 de febrero de este año, en el cual según sus resultados, se proclamaron y adjudicaron correctamente los cargos de dicha Directiva.
De seguida el Bloque expresa su “más absoluto rechazo ante el poder que arbitraria e ilegítimamente se ha arrogado la Sala Electoral” del TSJ al reconducir irregularmente la acción de amparo originalmente planteada hace diez meses, sin señalar en dicha reconducción el derecho que se ha violado a los proponentes, condición indispensable para dar curso a dicha acción. Por otra parte, la misma Sala Electoral, mediante decisión del 4 de julio de 2022, autorizó a la Comisiòn Electoral del ente gremial para que llevara a cabo el proceso, que ahora sin razón alguna la desautoriza. Igualmente en el Comunicado se precisa que dicha Sala del TSJ, administra justicia de manera irregular a partir de la publicación del dispositivo de la sentencia, sin el cuerpo de la decisión con las razones de la misma y sin la debida notificación a las partes interesadas. Extractos estos que son materializados con el auxilio de la fuerza pública como ocurrió la noche del 22 de noviembre pasado, cuando los componentes de la Directiva afectada fueron desalojados violentamente de las instalaciones de la sede gremial por la policía estadal.
El Bloque rechaza “de manera categórica la interferencia ilegítima y abusiva de la Sala Electoral… e invita a la sociedad venezolana… a que rechace enérgicamente, por todos los medios lícitos y jurídicos que permiten el orden constitucional vigente, la espuria interferencia de la Sala Electoral al proceso electoral del Colegio de Abogados del estado Carabobo”. A lo cual agregamos nosotros que ante decisiones de hecho, pues no tiene base legal la sentencia comentada, se debe responder también con hechos que protejan la Constitución, los cuales son amparados por las disposiciones consagradas en protección de ella misma.
¿Que casualidad, que al día siguiente de anunciarse el acto en el Colegio de Abogados de Carabobo con la presencia de la candidata de la oposición democrática del país, reviviera esa acción de amparo que desde hacía 10 meses dormía el sueño de los justos en una gaveta del desastroso TSJ? Ya no hay chance para el disimulo o la argucia hipócrita, ahora el oficialismo utiliza sin vergüenza alguna al obediente Poder Judicial, representado por el TSJ, en este dañino incidente devastador del Estado de Derecho. Es el cinismo propio de una tiranía ejerciendo el poder impunemente en forma cruel y opresiva.
Queda claro para todos los venezolanos, sin importar que tengan o no conocimientos legales, que el régimen se soporta en la fuerza, en el monopolio de la violencia, facultad legitima del Estado pero que en la forma abusiva como la usa la autocracia nacional es la consumación de una tiranía degradante.
Venezuela está hundida en la miseria, de ser en el pasado la cuarta economía de América Latina con un PIB de 500 mil millones de dólares, ahora somos el país más pobre del planeta según el salario mínimo que no llega a los cuatro dólares mensuales y con un PIB que ronda los 50 mil millones de dólares, lo cual muestra que redujimos nuestro tamaño económico diez veces, creando así una limitante estructural para atender la nómina de trabajadores del sector público y la imposibilidad de prestar un servicio normal en salud, agua, electricidad, mantenimiento de vías y en general todas las obligaciones que tiene el Estado venezolano.
Entonces para evitar que el pueblo se manifieste de manera pacífica mediante el ejercicio de sus derechos políticos, acude al desconocimiento de la Constitución y acosa persigue, encarcela, criminaliza a todos quienes empujan sus acciones por la ruta democrático. Eso acaba de suceder con el Colegio de Abogados de Carabobo y lo peligroso es que esta arbitrariedad es solo un paso dentro del camino de violaciones al Estado de Derecho que debe tener el régimen en sus planes, a través de vías de hecho, ante las cuales no vale recursos jurídicos sino también vías de hecho, pero en este caso como arriba explicamos, amparadas bajo la normativa constitucional.
Sería bueno recordar la experiencia del Colegio de Abogados de Caracas, hace algunos años, cuyos directivos fueron destituidos y nombrados otros con propósitos gobierneros, mediante una decisión de nada menos que de la Sala Constitucional del TSJ, con ponencia de Jesús Eduardo Cabrera. Ante esta decisión la Directiva legítima convocó a una multitudinaria Asamblea Extraordinaria y allí se quedaron hasta el día de hoy, bajo la presidencia de Ivett Lugo.
Es hora de hacer viva la letra de nuestro Himno Nacional: “Seguid el ejemplo que Caracas dio”.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
