El exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Asdrúbal Aguiar, aseguró que lo más preocupante de la disputa del Esequibo entre Venezuela y Guyana es “la pérdida de partes significativas del territorio desde la formación histórica de nuestro Estado”.
En un artículo difundido por El Nacional, Aguiar señaló que la solicitud de Guyana de suspender el referéndum del próximo domingo 3 de diciembre “es una inteligente provocación” para que se realice y mantener al país en rebeldía ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia.
“Lo emocional en nosotros es lo que me preocupa, pues ha sido la constante que nos ha llevado hasta la pérdida de partes significativas del territorio desde la formación histórica de nuestro Estado. Y acaso, lo así pedido por nuestra vecina –que no hagamos el referéndum– es una inteligente provocación para que lo hagamos y para mantenernos como país en rebeldía ante los jueces de la Corte, quienes, al cabo, son los que decidirán si anulan o no el Laudo Arbitral de París de 1899 que nos despojó de nuestro oriente guyanés”, escribió. el exministro.
“¿Media una ingenua creencia en Maduro o es un juego suicida suyo con los intereses superiores de la nación al pensar que tal consulta –sin carácter vinculante, por tratarse de la prevista en el artículo 71 constitucional– incidirá en el acatamiento o no por Venezuela de lo que al final sea sentenciado por la Corte? ¿Se retirarán de Guyana las petroleras?”, preguntó.
Aguiar señaló que “en la ordenanza suscrita por el presidente de la CIJ el 8 de marzo de 2021, a objeto de organizar el procedimiento y habiendo decidido, el 18 de diciembre de 2020, sobre su competencia y el paso al conocimiento del fondo, consta que la representación del Estado venezolano desconoció a la Corte”.
“Le indicó, en suerte de galimatías, que “todavía no ha decidido sobre la posición que adoptará de cara a dicho procedimiento”, agregando que, tratándose de una cuestión de soberanía debía proceder a consultas populares sobre la cuestión y que ello le tomaría “un lapso de tiempo importante”, explicó.
“¿No repara Maduro que ha acreditado a sus agentes e incluso ya solicitó de la Corte la designación de un juez ad hoc –exigió que se eligiese como tal a un extranjero –por no existir un nacional venezolano dentro de la composición del tribunal? Lo cierto es que, aun insistiendo en su contumacia, lo inevitable es que Venezuela se encuentra a derecho, es decir, sometida, quiéralo o no, a la jurisdicción de La Haya”, refirió.
En el artículo, Aguiar indicó que Maduro corre en línea contraria a la que impuso Chávez en 2004, “cuando este pasa a ser deudor real de los hermanos Castro – aliados históricos de Guyana– luego del apoyo que le dan durante el referéndum revocatorio que ese año buscó eyectarse del poder y les retribuye a costa de nuestra soberanía”.
“El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, declaró el presidente. Pero, a la vez, también enterró la práctica constante durante más de media centuria por parte de Venezuela, la de reclamar hacia afuera –permaneciendo en silencio– por cualquier actividad o concesión que se intentase realizar en el territorio bajo disputa: “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial…”, reza el artículo V, inciso 2 del Acuerdo ginebrino”, precisó.
“Estamos en La Haya no por una imaginaria contradicción que con los términos del Acuerdo de Ginebra nos hayan impuesto los jueces de dicha Corte. Estamos allí convocados para hacer valer el Acuerdo, que es nuestro éxito y los objetivos que nos trazáramos los venezolanos al firmarlo en 1966. Las palabras del canciller Ignacio Iribarren Borges, al presentarlo ante el Congreso de la República, son concluyentes: “Venezuela propuso que se encomiende la función de escoger los medios de solución a la Corte Internacional de Justicia como órgano permanente… [y] de acuerdo con los términos del artículo 4, el llamado Laudo de 1899, en el caso de no llegarse antes a una «solución satisfactoria», deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial”. En esa estamos”, indicó.
