La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Venezuela se enfrenta a la falta de información: por un lado los programas del Estado no tienen suficiente visibilidad, y tampoco hay cifras oficiales que ayuden a determinar la magnitud del problema y sirvan para implementar correctivos
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca visibilizar y erradicar una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y graves en el mundo.
En Venezuela, de la atención a la mujer se habla poco. Aunque hay esfuerzos en el país para brindar protección contra la violencia de género, las iniciativas no se conocen y pasan por debajo de la mesa mientras las agresiones aumentan y la sensación de vulnerabilidad no da tregua.
Por otro lado, en Venezuela no existe un registro oficial que refleje los casos desglosados de violencia contra la mujer. En la página web del Instituto Nacional de Estadística, Ine, solo hay un escueto informe del 2020 que recuenta el índice ocupacional o laboral de las mujeres. Solo algunos monitores de ONG como Utopix, Provea, Cepaz y Cofavic, entre otras, dan cuenta que al menos desde el año 2017 hasta el 2022, en Venezuela han muerto más de 2.500 mujeres por causas violentas, hechos que se conocen como femicidios.
Veronica Colina, coordinadora de Redes y Activismos del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), destacó que de enero hasta octubre de 2023 ocurrieron más de 193 femicidios en todo el país, contando solo los casos documentados por medios de comunicación, ya que es la única fuente documental a la que tienen acceso.
De esta cifra, 160 ocurrieron en el primer semestre del año y causaron que 55 niños quedaran huérfanos, algunos presenciaron la muerte de su madre. Lo más alarmante es que no hay una política de Estado para proteger a estos niños, indicó Colina. «44,4% de los agresores se encuentran en fuga, de este porcentaje 29,4% corresponde a parejas o ex parejas, y el 40% de los hechos ocurrió en casa de la mujer», señaló.
La antropóloga Aimée Zambrano, directora de Utopix, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que sólo en el mes de agosto de este año se contabilizaron 20 femicidios en el país. “Nuestra información se basa en las publicaciones que hacen medios de comunicación digitales, nacionales y regionales, y no con datos de algún ente oficial del Estado”, aclaró Zambrano.
Entre los estados más violentos, Zambrano destacó a Carabobo en el primer lugar, seguido de Miranda, Bolívar, Zulia, Lara y Anzoátegui. “Esto no implica que no ocurran femicidios en los otros estados”, refirió.
En voz baja
«No estás Sola» es una guía para afrontar la violencia contra la mujer, realizada por la Red Mérida Feminista. Busca orientar frente a cualquier situación de abuso o violencia, y define las 21 formas de agresión que se consideran delito en Venezuela, según la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una Vida libre de Violencia.
Violencia psicológica, violencia física, acceso carnal violento, acoso sexual, violencia obstétrica, violencia institucional, acoso u hostigamiento, prostitución forzada, violencia domestica, violencia laboral, esterilización forzada, violencia simbólica, amenaza, violencia sexual, esclavitud sexual, violencia mediática, violencia patrimonial y económica, tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes y, por último, femicidio que es la expresión más grave.
Sin embargo, no hay registro oficial de los delitos cometidos contra las mujeres. Colina hizo especial énfasis en que el Estado debe generar estadísticas oficiales y que, cualquier esfuerzo que provenga de la documentación de casos denunciados por medios de comunicación y redes sociales siempre serán parciales y limitados.
La ONG Cofavic reporta en su portal web que las cifras aportadas por el Ministerio Público reflejan el número de casos atendidos y casos resueltos, pero no especifica el número de medidas de reparación o de protección dictadas a favor de las víctimas, tampoco el tipo de violencia, si se penalizó a los agresores o se reparó a las víctimas.
Sin embargo, son diversas las organizaciones no gubernamentales que intentan suplir las carencias del Estado en materia de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género. La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), Tinta Violeta, Mulier Venezuela, Yo te creo Venezuela, Proyecto Redes, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela y la Casa de la Mujer de Catia son algunas de las instituciones abocadas a esta labor, aunque reconocen que el problema inicia con la falta de información
Aunque desde el Estado se intenta atender el problema, e incluso existe una línea gratuita nacional para denunciar los casos de violencia de género (0800-MUJERES o 0800-6853737 ), las iniciativas no se conocen porque no tienen ni la promoción ni la repercusión requerida en la comunidad. No solamente los esfuerzos nacionales se diluyen, tampoco son conocidos los que se llevan desde las regiones o los gobiernos locales.
El Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) ofrece orientación jurídica y vigilancia del cumplimiento de las leyes Órgano permanente de definición, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer venezolana; también la Defensoría del Pueblo debería promocionar, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sin embargo, es poco lo que se conoce.
Lo mismo ocurre con la División de atención a la violencia contra la mujer y la familia del Cicpc y la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía General de la República, que deberían brindar atención en casos de agresiones, reincidencias y denuncias no atendidas en otros organismos.
Los problemas son los mismos en las regiones que en la capital. Existen los programas, pero son poco conocidos entre las mujeres y su alcance es mínimo.
Acompañamiento en Anzoátegui
En el estado Anzoátegui, la directora estadal del Ministerio del Poder Popular para la Mujer (MinMujer) y del Instituto Estadal de la Mujer en Anzoátegui (IEMA), Marina Martínez, informó que desde estos espacios cuentan con abogadas para acompañar a las víctimas de violencia de género desde que formulan la denuncia, hasta todo el proceso necesario para lograr justicia.
De igual manera, señaló que por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), uno de los entes adscritos al MinMujer, se encarga de la formación de las defensoras comunales de los derechos humanos de las mujeres que, posteriormente, se unen a los Centros Comunales que son inaugurados en la entidad. Actualmente existen 24.
Todos los viernes hacen un recorrido casa a casa por algún sector vulnerable de los municipios. Aquí les llevan un instrumento que llaman violentómetro, que explica de forma sencilla los distintos niveles de violencia de género para reconocerlos a tiempo y evitar desenlaces trágicos como el femicidio.
En Anzoátegui no hay un centro formal ni observatorio para este tipo de denuncias, pero los indicadores dan que cada mes, por lo menos dos mujeres, son víctimas de femicidio. En general, los municipios con más alta incidencia de violencia de género con denuncias son Guanipa, Simón Rodríguez y en la zona norte Bolívar y Sotillo.
Pese a todos los programas que se desarrollan en la entidad en pro de la eliminación de la violencia de contra la mujer, sólo dos de 10 féminas consultadas señalaron que tenían conocimientos de que el Estado cada vez protege más a las mujeres y desconocen cuáles son las acciones que realizan en concreto.
Atención a las víctimas en Yaracuy
En el municipio Independencia del estado Yaracuy fue creado el Instituto Municipal de Atención a la Familia (IMAF) para minimizar la violencia contra la mujer y la violencia de género. Entre los programas y planes que desarrollan están: atención psicológica a la víctima, asesoría Jurídica, jornadas de atención social, así como formación y capacitación (cursos, talleres) en estilismo, corte y costura, manualidades, electricidad, tejido en vetiver, repostería, panadería, barbería, productos lácteos, harinas alternativas y embutidos, estos tres últimos en alianza con el Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE).
También dictan charlas en las que abordan los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, los derechos humanos de la mujer, el maltrato intrafamiliar, bullying y violencia en el noviazgo, estas tres últimas las realizan sobre todo en instituciones educativas.
Nohelys Angarita, presidenta del IMAF, detalló que en el último semestre de 2023 los casos de violencia han aumentado 10 por ciento y que atienden este tipo de casos los lunes y jueves, y entre ambos días asisten a unas 10 personas a la semana.
Algunas de las mujeres consultadas reconocen la importancia del programa, pero otras no saben de qué se trata. «Revisaré cuáles actividades ofrece porque la mujer hoy en día está más empoderada que nunca y nadie tiene derecho a hacerle daño» , dijo Jessica Mújica, vecina de San Felipe.
En Táchira no denuncian
De enero a julio, en la región de los andes hubo 68 femicidios, de los cuales 51% ocurrieron en Mérida, 35% en Táchira y 13% en Trujillo. La mayoría de los casos que ocurren en Mérida, en los que hay violencia y abuso sexual, no son denunciados sobre todo en las zonas rurales.
En el estado Táchira funcionan varias instituciones dependientes de la Gobernación del estado, como el Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), encargadas de atender los casos de violencia contra la mujer. En estos organismos reciben asistencia legal y psicológica, y además dictan talleres formativos.
Beatriz Mora, directora general de la Fundación en Pro de la Igualdad, Derechos Humanos, Empoderamiento y la Acción Social (Pro- Idheas), atiende en el Táchira a mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia. Manejan programas sociales y de atención en esta entidad.
Wendy Córdoba, vive en un sector de la parroquia La Concordia de San Cristóbal y tiene un punto de reparación de zapatos, dijo que ignora los planes y programas que abordan la violencia contra la mujer y tampoco conoce los sitios ni los pasos para formular una denuncia.
En cambio, Kely Castro sabe que a nivel regional hay planes para luchar contra la violencia a la mujer, pero no los conoce. “He escuchado en las noticias que a nivel de la gobernación y del municipio manejan planes que favorecen y protegen a la mujer, pero en realidad esa información como tal sobre los programas no la manejo”, afirmó.
Lo mismo ocurre con Zulay Leal, quien trabaja en las cuadrillas de limpieza de la alcaldía de San Cristóbal y desconoce los programas y acciones que adelantan las instituciones públicas y privadas en defensa de los derechos de la mujer.
Violencia psicológica en Lara
Diversas instituciones y organizaciones del estado Lara se han sumado a los esfuerzos de divulgación para erradicar la violencia de género. Atención, prevención y educación a las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia basada en género son los objetivos que guían estas iniciativas.
Según datos de Alaplaf, una asociación civil que da asesoría legal y psicológica a las víctimas de violencia, actualmente los casos más frecuentes que han recibido son 297 casos de violencia psicológica, 25 casos de violencia física, 23 casos de violencia sexual, 15 casos de violencia económica y 6 casos de violencia laboral, en total han atendido 377 casos con diversas tipologías de violencia en lo que va de año.
Desde el Instituto Municipal Para la Mujer e Igualdad de Género de Iribarren se está realizando un trabajo de salud mental para que las mujeres sepan cuándo deben acudir a los organismos competentes a realizar denuncias. “Estamos en las comunidades dando talleres sobre la violencia y femicidio. El pasado 7 de noviembre acreditamos 30 compañeras que recibieron su certificación del diplomado de derechos humanos para la mujer y los derechos humanos y ellas se convierten en difusoras de su formación”, afirma López.
Pero falta mucho por hacer. Al consultar a personas en las calles acerca de si tienen conocimiento sobre los planes desarrollados desde IMMI y otros organismos, el 60 % reconoció no tener conocimiento de los programas llevados a cabo desde estas instituciones regionales para concienciar acerca de la importancia de erradicar la violencia contra la mujer.
En Zulia la prioridad son las víctimas
Gabriela Hernández Barboza, quien está a cargo de la Secretaría de Atención Integral para la Mujer e Igualdad de Género de la Gobernación del Zulia, indicó que esa dependencia brinda asesoría psicológica y legal a todas las víctimas de agresiones, y las ayuda en los procesos judiciales al momento de presentar denuncias formales.
Este departamento trabaja en alianza con ocho oenegés nacionales e internacionales, las cuales son: Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Save the children, Azul positivo, Cruz roja, Renaciendo en familia, Cairus y Rehabilitarte.
La secretaría promueve talleres y programas sociales, de los cuales se han beneficiado cerca de 5.000 mujeres en lo que va de año, pero el alcance sigue siendo reducido. A través de una encuesta realizada a 10 mujeres del Zulia, 5 de ellas residenciadas en Maracaibo y las otras cinco en Cabimas, San Francisco, Machiques de Perijá, Lagunillas y Mara, se determinó que ninguna conoce la iniciativa del Gobierno nacional de la Gran Misión Venezuela Mujer.
Opciones para denunciar en Bolívar
Además de las fiscalías y los tribunales con competencia en materia de Violencia contra la Mujer, de acuerdo con información oficial, cualquier órgano receptor de denuncias como las comisarías y dependencias de la Policía del estado Bolívar y de las municipalidades, están en capacidad de atender y canalizar denuncias por violencia de género.
Las víctimas también pueden acudir a las distintas sedes del CICPC en la entidad, las cuales están en el deber de procesar denuncias por delitos contra la mujer.
La Gobernación del estado Bolívar cuenta con el Instituto Autónomo Regional de la Mujer Mamá Rosa para brindar asesoría y acompañamiento a las víctimas de violencia que acuden a su servicio. También operan organizaciones como la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que atiende a las mujeres sobrevivientes de cualquier tipo de violencia.
Créditos: Elisa Gómez (El Tiempo), Beisys Marcano (Correo del Caroní), Luis Daniel Cambero (El Impulso), Josed Alastre (La Verdad), Frida Guerrero (TalCual) redacciones Runrun.es, Correo del Caroní, Yaracuy al día, La Nación, y Radio Fe y Alegría.
