Trabajo de: www.runrun.es
Con la misión de unificar alianzas en pro de la búsqueda de justicia culminó la reunión entre representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Venezuela.
Al encuentro, cuyo propósito era exigir a los Estados condiciones de detención compatibles a la dignidad humana, asistieron Marina Dias, directora del Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa de Brasil; Valentina Díaz Moya, directora del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes de Colombia; Fernando Bastias, coordinador de Litigio Estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador; Yaneth Martínez, técnica legal de la organización Cristosal de El Salvador; Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción social de Documenta de México; y Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
De acuerdo con los expertos, la crisis penitenciaria en Latinoamérica ha alcanzado proporciones alarmantes, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos de los reclusos.
Los expertos destacaron que los principales problemas que afectan a los sistemas penitenciarios latinoamericanos son el hacinamiento, el retardo procesal, el ocio, la corrupción, la violencia y la falta de atención médica.
“La falta de espacio conduce a hacinamiento, limitando el acceso a servicios básicos como atención médica, educación y recreación. Esta sobrepoblación carcelaria no solo es un reflejo de la falta de inversión en infraestructuras adecuadas, sino también de la necesidad de reformas legales y judiciales para abordar eficazmente el problema”, reza una nota de prensa colgada en la página web del OVP.
De la declaración conjunta se desprende que los informes de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como ejecuciones extrajudiciales, son frecuentes. “Estas prácticas no solo constituyen violaciones graves de los derechos humanos, sino que también perpetúan un ciclo de violencia y desconfianza en el sistema”.
Los activistas latinoamericanos expresaron que la falta de acceso a la justicia, la lentitud en los procedimientos legales, la falta de defensa adecuada y la corrupción en el sistema judicial atentan contra los DDHH de miles de privados de libertad en la región.
En una declaración conjunta expresaron que se necesitan inversiones significativas en infraestructuras penitenciarias, así como reformas legislativas que promuevan un sistema de justicia más eficiente y equitativo.
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