Con motivo de conmemorarse cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), revela que cada 31 horas un agresor la arrebata la vida a una mujer en Venezuela, además de denunciar que el Estado no cumple sus obligaciones internacionales en materia de género.
Este día, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca sensibilizar sobre los impactos devastadores de la violencia de género y hacer un llamado a acciones concretas y efectivas para prevenirla.
De acuerdo con cifras de ONU Mujeres, se calcula que en todo el mundo casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, fuera de la pareja, o de ambos, al menos una vez en la vida.[1] Es importante destacar que estos datos no incluyen el acoso sexual y otros tipos de violencias hoy reconocidos en tratados internacionales, observaciones, recomendaciones y legislaciones internas.
Ahora bien, en Venezuela estos indicadores desgarradores cobran otra dimensión. La crisis que atraviesa el país tiene un impacto diferenciado y desproporcionado en las mujeres, sobre todo en aquellas de comunidades marginadas, mujeres indígenas y mujeres migrantes. La falta de recursos y servicios básicos aumenta su exposición a situaciones de violencia, aunado a las escasas posibilidades de obtener protección y contención por parte del Estado, quien mantiene una deuda histórica en materia de erradicación de todas las formas de violencias basadas en el género.
El Estado no cumple sus obligaciones internacionales en materia de género
Durante el año 2023 se ha llevado a cabo una agenda internacional muy importante en cuanto a la evaluación del cumplimiento de las Convenciones, Pactos, recomendaciones y en general de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de género.
El Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ambos conformados por expertos independientes de las Naciones Unidas, han monitoreado y evaluado la situación de las mujeres, niñas y adolescentes en el país, y en ese sentido durante este año han publicado informes contundentes con recomendaciones que dejan en evidencia la falta de medidas por parte del Estado para erradicar todas las formas de violencias basadas en el género.
Específicamente, las observaciones finales de la Cedaw evidenciaron profundas y preocupantes deficiencias del Estado en términos de garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencias y de estereotipos y roles discriminatorios, de contar con medidas de protección por parte del Estado y de asegurar una vida digna con acceso a la salud, al empleo, a la educación y a una participación en la esfera pública y política sin brechas ni prejuicios.
Entre tanto, el Comité de Derechos humanos en sus observaciones finales hizo eco de lo expuesto por la Cedaw e insistió sobre la persistencia y el impacto de los estereotipos y roles de género, la subrepresentación de las mujeres en la vida política y pública del país y en el sector privado, la deficiencia del sistema de justicia que revictimiza a las mujeres y que ante la alta tasa de impunidad solo perpetúa la violencia, y el incremento de las formas contemporáneas de esclavitud.
A grandes rasgos los expertos hicieron recomendaciones en materia judicial, en medidas para prevenir, enjuiciar y sancionar a los perpetradores de los actos de violencia, en materia legislativa con reglamentos y protocolos que faciliten la aplicación de la legislación respectiva, en la necesidad de recopilación y publicación de datos oficiales y desglosados de mujeres víctimas, en el abordaje de las formas contemporáneas de esclavitud, en medidas que permitan la participación igualitaria de hombres y mujeres en la esfera pública y política, en medidas para el acceso de las mujeres a la salud sexual, educación, vivienda y empleo; y en general a velar porque las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela disfruten de una vida digna, igualitaria y libre de todo tipo de violencia.
Así pues, aunque ambos comités cuentan con atribuciones diferentes, siendo el Comité de la Cedaw el órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y el Comité de Derechos Humanos el órgano que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sus recomendaciones han sido muy importantes por el llamado de acción que le han hecho al Estado venezolano, pero también por el alto nivel de cooperación y de refuerzo de las observaciones y preocupaciones plasmados en ambos informes de ambos órganos, los cuales en definitiva dan cuentan de la falta de cumplimiento por parte del Estado venezolano de sus compromisos internacionales en materia de género.
Urgen acciones para erradicar todas las formas de violencia de género
Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer no solo es un momento propicio para recordar las injusticias del pasado, por ejemplo, las 184 mujeres venezolanas víctimas de femicidio en lo que va del año, según cifras del Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz, (Cepaz); sino también, este día debe ser un llamado a la acción para sumar esfuerzos colectivos con un enfoque integral, con respuestas coordinadas que aborden las consecuencias inmediatas de la violencia basada en el género pero también que aborde sus raíces y los fenómenos asociados a ésta.
Este día también se convierte en un momento propicio para recordarle al Estado las múltiples recomendaciones de los organismos internacionales que tiene pendiente cumplir, de las obligaciones que ha omitido cumplir y en definitiva de la deuda en materia de género que debe atender con políticas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Se advierte que a pesar de las dificultades, de la emergencia humanitaria compleja y de la crisis en derechos humanos que persiste y se agudiza en el país, desde las organizaciones de la sociedad civil independiente y el movimiento feminista en Venezuela continuamos trabajando en la sensibilización, en el apoyo a las víctimas y en la promoción de cambios estructurales. La labor de las organizaciones hoy es esencial frente a las continuas omisiones del Estado para atender sus compromisos en materia de género y abogar por una sociedad más justa e igualitaria.
