Trabajo de www.lamananadigital.com
La trata de personas es un delito que ha alertado a las autoridades a nivel mundial y Venezuela no ha estado exento de este flagelo.
A pesar de no existir datos de instituciones públicas sobre este asunto, diversas ONG han documentado números en diversas zonas del país.
Según reportó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), los estados fronterizos son los más propensos a observarse este tipo de actividades ilícitas. 75 % de las víctimas de la trata de personas son mujeres, 25 % son menores de edad y 24 % hombres.
Recientemente, el Ministerio Público (MP) anunció la apertura de dos fiscalías de competencia nacional para combatir a las redes que operan en el país y juzgar a quienes realicen este tipo de trabajos.
En una entrevista para Notitarde, Juan Gil, sociólogo de la Universidad de Oriente (UDO), en el estado Sucre, señaló que esta situación ha ido en aumento, sobre todo en zonas limítrofes, donde hay algunas personas que conocen sobre estas redes y frecuentan realizar viajes con ellos.
“A pesar de que mucha gente termina engañada creyendo que entrará a un trabajo estable, otras saben a lo que van, por lo menos aquí en Sucre, a algunas personas se les ofrece trabajo en Trinidad y Tobago en un empleo tranquilo y legal, pero terminan estafados y siendo explotados de forma laboral y sexual, sobre todo las mujeres; sin embargo, otras personas van y vienen normalmente usando estas redes”, expresó.
De igual forma, destacó que las consecuencias dentro de la sociedad es que “normaliza” este sistema, lo que termina creando un problema mayor en las generaciones más jóvenes.
“En los estados fronterizos se ha normalizado esta situación, algo que no debería ocurrir, porque al considerarlo habitual les hacemos entender a los más jóvenes que esto es una profesión como otra, cuando la verdad es que esto es un delito”, comentó.
Aspectos legales
Entre 20 y 25 años de prisión, dependiendo de la magnitud del caso, es la condena para quienes induzcan, promuevan, transporten, alojen o exploten a mujeres en otros países.
En Venezuela, a pesar de que existen varias investigaciones y expedientes abiertos por este delito, han sido pocas las personas capturadas en flagrancia debido a que cuando los familiares de las víctimas detectan que están siendo explotadas sexualmente en el exterior, al formular la denuncia, ya los responsables se encuentran fuera del país.
Las autoridades realizan diversas campañas informativas en terminales, escuelas e instituciones, para prevenir este delito, ya que muchas adolescentes y mujeres son llevadas bajo engaño ofreciéndoles otra visión del campo laboral en países como Trinidad y Tobago, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
Entes encargados de recibir estas denuncias, revelan que la mayoría de estas mujeres son de bajos recursos, captadas a través de redes sociales, que por la necesidad aceptan por su propia voluntad, pero al llegar a su destino las explotan sexualmente para cancelar una tarifa exorbitante supuestamente para cubrir los gastos del traslado y de alojo, perdiendo el total contacto con sus allegados.
En los terminales terrestres, las autoridades supervisan las unidades de transporte que van con destino a estados fronterizos, para comprobar que todo menor de edad vaya acompañado de un representante o con un permiso autorizado por la Ley Orgánica de Protección de Niño Niña y Adolescente (Lopnna).
Los transportistas que accedan a llevar menores de edad sin un permiso legal de viaje firmado y notariado serán sancionados con cárcel.
Los entes competentes ante estos casos declaran que la trata de blanca es un delito muy complejo de lesa humanidad, cruel, que traspasa fronteras y juega con la integridad de mujeres, en la mayoría de los casos adolescentes, que por necesidad o carencia económica emigran, por lo que las autoridades se encuentran preocupadas para atacar este flagelo que afecta a familias venezolanas.
