Trabajo de: Runrunes
Los días 7 y 8 de noviembre se llevaron a cabo dos audiencias en las que participaron los representantes de la administración nacional de Venezuela y la Oficina Pública de la Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI). El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó que una vez culminadas dichas audiencias de apelación sobre la situación Venezuela, los jueces deliberarán y emitirán su decisión a través de una audiencia pública, sobre la cual todavía no hay una fecha pautada.
«En esta decisión pueden ocurrir tres escenarios: los jueces pueden confirmar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, pueden revertir esa decisión o modificarla, o pueden enviarla a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación», comentaron en un texto informativo compartido a la prensa.
Desde el año 2018 Venezuela ha estado bajo la consideración de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que varios Estados Parte presentaran una denuncia formal ante este tribunal internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad y porque la justicia venezolana «no ha llevado a cabo procedimientos e investigaciones que conduzcan a la rendición de cuentas de los perpetradores y a la reparación de las víctimas y/o de sus familiares».
Indica Cepaz que en los últimos años el Estado venezolano «se ha caracterizado por llevar a cabo maniobras para poner fin a este proceso», mostrando una «aparente cooperación» con la Fiscalía de la Corte y exponiendo un sistema de justicia nacional «que dista mucho de la realidad, pues el aparato judicial venezolano a la fecha no ha garantizado investigaciones independientes, imparciales y expeditas contra los presuntos autores de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, en este sentido tampoco se han reparado a las víctimas o a los familiares».
Aún así, y pese a la última solicitud de Venezuela de diferir las investigaciones de la Fiscalía debido a que el Estado estaría llevando a cabo esas investigaciones, en junio del 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidió autorizar a la Fiscalía a reanudar su investigación sobre Venezuela, pues no evidenciaron investigaciones profundas por parte del Estado tal y como lo exige la Corte. Esta decisión fue apelada por Venezuela.
En las audiencias celebradas los días 7 y 8 de noviembre las partes presentaron sus alegatos sobre, entre otros, los siguientes aspectos legales: el nivel de detalle que debe incluirse en la notificación del fiscal de la Corte al Estado sobre los actos criminales que tienen la intención de investigar, la posibilidad de que la Sala de Cuestiones Preliminares se base en documentos proporcionados por el Estado, en apoyo a sus delegaciones que están en español, sin traducciones a ninguno de los idiomas de trabajo de la Corte y el grado de coincidencia entre los procedimientos nacionales y la investigación prevista por el Fiscal de la CPI, incluida la cuestión de las diferencias entre las definiciones legales nacionales e internacionales y los elementos contextuales de ciertos delitos.
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