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Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro «no iba a ser suspensivo» para la investigación
Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad
En los días 7 y 8 de noviembre se realizaron las audiencias de apelación en la Corte Penal Internacional (CPI), donde el régimen de Nicolás Maduro presentó sus argumentos sobre supuestos errores de la Fiscalía de la Corte en su decisión de continuar con la investigación del caso Venezuela I.
Este evento contó no solo con la participación de representantes del gobierno venezolano, sino también de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte.
Durante las audiencias, aunque los representantes del oficialismo trataron de desacreditar el trabajo de la Fiscalía de la CPI, esta instancia rebatió todos sus argumentos.
«Venezuela no está investigando, ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente», consideró Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI.
Por su parte, la Fiscalía de la Corte rebatió cifras de condenas presentadas por la administración de Maduro, a la par que desmontó argumentos del oficialismo sobre supuestos errores en el actuar de la propia Fiscalía.
«Esto es algo inédito, nunca había ocurrido. Las partes pueden expresar directamente a los jueces», sostuvo el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, en un «Spaces» realizado el 7 de noviembre en la red social X (antes Twitter).
Una estrategia de victimizarse y descalificar
Para el abogado Alí Daniels, el régimen aplicó la estrategia de la «victimización».
«Al final se quería ver como que el gobierno está en indefensión cuando las que están en estado de indefensión son las víctimas», señaló.
Por su parte, la profesora e investigadora Thairi Moya sostuvo que el chavismo trató de «descalificar» la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
Una de las acciones del chavismo en las audiencias fue alegar que muchos documentos que enviaron no fueron traducidos al inglés y francés, únicos idiomas que maneja la CPI.
«Esto viene de la estrategia de llenar de información a la CPI, que no es pertinente, que vinieron a utilizar este argumento para descalificar la decisión de la Sala», señaló Calixto Ávila, abogado y Magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), en un Spaces que se realizó este 8 de noviembre en X (antes Twitter).
A juicio de Ávila, la estrategia de tratar de descalificar esta investigación «es muy peligrosa».
También, el experto resaltó el lenguaje descalificatorio que utilizaron los representantes del chavismo. Aunque es costumbre escucharlos utilizar ese tipo de lenguaje, «no deja de ser sorprendente que rompan los mismos reglamentos de la CPI».
Además, en esta etapa preliminar, para el profesor de derecho internacional Simón Gómez, resulta de gran valor para las víctimas que se exhibiera «este claro desdén del Estado venezolano para combatir los crímenes de lesa humanidad».
El Estado se niega a hablar de las cadenas de mando
Por su parte, la investigadora Thairi Moya consideró que el Estado se encargó «solo de hablar de cadenas de mando y limitarse al momento de establecer responsabilidades» de la misma.
Esa acción, según Moya, es una forma de «desvirtuar el contenido del manejo principal de la corte».
A su vez, Calixto Ávila opinó que durante estas audiencias se hizo frente a un Estado cuyas investigaciones «no son genuinas».
«El tema de los elementos contextuales de los crímenes, si son sistemáticos o si corresponden a una política de Estado, debe ser investigado», señaló el especialista.
Además, Ávila consideró que el Estado ratificó su posición de que no se han cometido crímenes de lesa humanidad y que tampoco hay una política de Estado para atacar.
En ese sentido, sostuvo que el chavismo prefiere calificar los incidentes como «hechos aislados» y no reconocer que existe una política de Estado.
«Sigue mostrando que solamente está investigando los mandos bajos», alertó.
Sobre la cadena de mando, Meudy Osío, esposa del concejal Fernando Albán, calificó de «inaudito» que no sea investigada.
«Mi esposo fue injustamente detenido, se le violaron todos sus derechos desde su detención, hubo una desaparición forzada. Fue objeto de torturas y terminó muerto en custodia dentro de las instalaciones del Sebin. ¿Cómo la línea de mando no fue enterada de lo que sucedió con Fernando en el Sebin?», cuestionó.
Las víctimas solo confían en la justicia internacional
Un hito que marcó la realización de estas audiencias es que se le permitió a los familiares y víctimas tener una representación. Por primera vez fueron escuchadas.
Sobre esto, Elvira Pernalete, madre del estudiante Juan Pablo Pernalete -asesinado en las protestas del año 2017-, consideró que su familia no obtendrá la justicia que espera en el país, y que espera que ocurra a través de mecanismos internacionales como la CPI.
«Nosotros, durante todos estos años, hemos tenido que enfrentar un sistema de justicia diseñado para violar los DDHH de los venezolanos, y cometer crímenes de lesa humanidad. Nos convertimos en víctimas directas de un Estado», señaló la señora Pernalete en el Spaces del 7 de noviembre.
La señora Pernalete también criticó que el chavismo trate de crear una «falsa sensación de justicia ante los organismos internacionales» no reconociendo el «ataque» al que fueron sometidos ciudadanos como su hijo.
Por su parte, Meudy Osío, esposa de Fernando Albán, quien murió en custodia del Sebin en octubre del 2018, cree que la justicia internacional es la única opción que tienen las víctimas.
«El caso de Fernando (Albán) cumplió cinco años y en Venezuela no se obtuvo la debida justicia que se merece», dijo Osío este 8 de noviembre.
En ese sentido, reflexionó diciendo que la única opción que queda a las víctimas y familiares «es acudir a los espacios internacionales, con mucha fe de que algún día se obtenga esta justicia merecida».
¿Qué esperar tras las audiencias?
Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro «no iba a ser suspensivo» de la investigación.
No obstante, destacó Gómez, la intención del chavismo parecía ser «armar un show o simplemente de hacer uso de la audiencia como parte de esa cuenta que el gobierno tiene sobre cómo se da el manejo de este proceso».
«El verdadero problema es que si Venezuela está interesada en demostrar que tiene la intención de investigación, es quien debe llevar los elementos de prueba», añadió Gómez.
Por su parte, Alí Daniels señaló que aunque en algunos otros casos la CPI ha sido más lenta, en el caso venezolano no ha habido ningún retraso.
«Luego de esta audiencia pasaríamos a la etapa de sentencia. Ya con lo que oralmente expusieron las partes podrán tomar una decisión más rápido. Podrían sorprender con una decisión en diciembre o en el primer trimestre del año. Es una justicia mucho más rápida», vaticinó Daniels.
Finalmente, la investigadora Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad.
Asimismo, la especialista comentó que cuando se pasa a la etapa de investigación, la Fiscalía de la CPI puede determinar nombres, recordando que ya la Fiscalía había anunciado que estaba investigando los hechos.
El establecer responsabilidades le corresponde a la Fiscalía y, cuando ya hay nombres identificados, explicó Moya, se habla de «la existencia de un caso dentro de una situación».
«En ese momento, se permite que el Estado pueda decir que está juzgando a esa persona» señaló Thairi Moya, quien aclaró que esos deben ser juicios «creíbles y con resultados garantizados».
«El Estado puede levantar la mano y decir que está investigando y que tiene hechos que lo corroboran. Tiene que mostrar pruebas reales. Lo que interesa son los resultados», acotó.
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