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Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violencia sexual como delitos de tortura o tratos crueles
«Venezuela no ha mostrado que la Sala era irrazonable o no correcta en la conducta de su investigación. La conclusión es que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan lo solicitado por la Fiscalía», señaló la Fiscalía de la CPI
En el segundo día de audiencias en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la administración de Nicolás Maduro presentó sus argumentos sobre tres temas relacionados con las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.
En esta segunda deliberación del 8 de noviembre, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos del régimen chavista, tal y como lo hizo durante la primera audiencia, el 7 de noviembre, y además una representante comité de la defensa de las víctimas sentenció que mientras se debatía en el lugar, en Venezuela «se siguen cometiendo crímenes con impunidad».
En representación del régimen, el abogado británico Ben Emmerson reconoció que la mayor parte de los casos sobre Venezuela ante la CPI no se han concretado, es decir, siguen impunes.
“Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, señaló Emmerson.
En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad
Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, sentenció que para ellas, «Venezuela no está investigando, ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente» los crímenes que ellos, sus familiares o allegados sufrieron.
«Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad», sentenció.
Indicó que sus observaciones se basan en aportaciones de las víctimas, quienes contribuyeron con pruebas que demuestran la inexistencia de investigaciones nacionales.
«Las víctimas informaron de una fragmentación significativa y un retraso sustancial e injustificado en la realización de algunos procedimientos a nivel nacional. Esto demuestra que las autoridades nacionales no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal. Algunas víctimas indicaron que sus casos fueron desestimados sumariamente sin investigación adecuada (…) Otros indicaron que sus casos fueron desestimados porque no se encontró que la naturaleza de los actores fuera criminal (…) Además, informaron que desde 2014 numerosas personas han sido asesinadas ilegalmente durante manifestaciones, no solo por razones de derechos civiles y políticos, sino también por derechos sociales y económicos y que, en la gran mayoría de los casos, los autores no han sido enjuiciados», amplió.
Por otra parte, Massidda rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violencia sexual como delitos de tortura o tratos crueles.
«La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Estos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas”, resaltó Massidda.
Además, indicó que para las víctimas “solo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.
Tal y como lo señaló en la primera audiencia, Massidda recalcó: «En este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes».
«Aunque haya legislación nacional que abarque la intención discriminatoria, no es la única base al realizar una investigación. La Sala tiene razón al considerar la intención discriminatoria en crímenes ocurridos en Venezuela», agregó.
Solo 4 % de los casos presentados a la CPI recibieron condena
La jueza Luz Carmen Ibáñez Carranza preguntó sobre el estatus de las fichas presentadas sobre los 124 incidentes investigados y si las mismas son documentos oficiales. Ante eso, el abogado Aitor Martínez Jiménez, representante del Estado venezolano, señaló que 113 se encuentran en fase de investigación.
«Los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos y registrando avances significativos. Hay tres en fase intermedia, es decir, con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados», señaló Martínez Jiménez.
Con relación a los rangos, Martínez Jiménez explicó que actualmente hay «15 oficiales condenados«, los cuales van «desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana».
«Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos», añadió.
Por su parte, el abogado Ben Emmerson consideró que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”.
«Informamos que hay coroneles y sargentos condenados, pero para la Fiscalía no son rangos altos, aunque no lo tienen definido. La Fiscalía usurpó funciones de la Sala al determinar que documentos debía tomar en cuenta», señaló Emmerson.
También, reconoció que en algunos casos «habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel».
Emmerson también señaló que de esos casos, ninguno se ha cerrado o ha concluido completamente. «Ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua», dijo.
Fiscalía rebate las cifras del chavismo
La representación de la Fiscalía de la CPI en la audiencia de apelación rebatió las cifras que presentó la administración chavista.
«El material venezolano mostrado en la Sala Preliminar no mostró que se habían investigado estos elementos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad (…) La Sala fue razonable e hizo lo correcto (sobre autorizar la investigación)», señaló la representante de la Fiscalía de la CPI.
El abogado Aitor Martínez Jiménez señaló que los 124 incidentes reconocidos en la primera audiencia están representados en una nota verbal y 64 expedientes que reflejan 62 casos.
Sin embargo, la Fiscalía de la CPI argumentó que de los 62 casos, 59 se equiparan a los 124 incidentes. Además, resaltaron que en 47 de ellos no se identificaron a perpetradores, 46 se encuentran en fase intermedia, es decir, no se han hecho acusaciones formales, y en 21 casos se identificaron caracterizaciones jurídicas inadecuadas.
«Venezuela no ha mostrado que la Sala era irrazonable o no correcta en la conducta de su investigación. La conclusión es que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan lo solicitado por la Fiscalía», señalaron.
Además, la Fiscalía indicó que se descartó la solicitud de Venezuela de frenar la investigación por dos motivos: «Venezuela no está investigando los crímenes de lesa humanidad ni parecen reflejar los motivos de criminalidad, sobre todo la intencionalidad de los crímenes de carácter sexual».
Canciller madurista: «Crímenes de lesa humanidad nunca han ocurrido»
El canciller del oficialismo, Yván Gil, participó durante la audiencia para emitir un discurso político centrado en negar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido», señaló Gil.
A juicio de Gil, esto perjudica «la credibilidad» de la CPI, poniendo en duda la eficiencia de la misma al comparar su productividad con la del sistema de justicia venezolano.
«Con todo respeto, el número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolano, supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la CPI en los últimos 20 años. No se trata de una competencia entre la CPI y Venezuela. Es una realidad inobjetable», insistió Gil.
Según el canciller, en Venezuela «se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente», y dice que no pueden condenar «artificialmente» para complacer a la Corte Penal Internacional.
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