Este jueves 9 de noviembre se llevará a cabo una marcha nacional por aumento a sueldos, salarios y pensiones. En el estado Lara se realizará desde la Plaza Altagracia hasta llegar a la Inspectoría del Trabajo, en el centro de Barquisimeto, donde esperan contar con la presencia de distintas organizaciones sociales de la región.

Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores Activos y Jubilados del Seguro Social, aseguró a El Impulso que hasta la fecha el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado respuesta a sus exigencias.

“Nosotros estamos terminando el año 2023 tal cual como lo empezamos, protestando. Protestando ante un gobierno que no da ningún tipo de respuesta a nuestras exigencias, pero no solamente eso, sino un gobierno que no cumple con su palabra, no honra lo que promete. Por ejemplo, ofrecer un bono de 10.000 bolívares a los trabajadores jubilados después del 2018 y no lo ha cumplido. Tenemos 20 meses, más de 600 días sin un aumento salarial. Nosotros estamos exigiendo la salarización de los bonos y que se empiecen a discutir los contratos colectivos”, manifestó.

Por su parte, Nelson Fréitez, coordinador de la Red Larense de Organizaciones de Derechos Humanos, señaló que los venezolanos se encuentran en una situación de extrema precariedad.

“Estamos en una situación de extrema precariedad en cuanto a las condiciones de vida en Venezuela, ha aumentado la pobreza, la desnutrición, hay agravamientos crecientes, tenemos ya más de nueve años en emergencia humanitaria y esa emergencia no cesa precisamente porque hay unas políticas públicas que están dirigidas al empobrecimiento generalizado de la población. Hay un ajuste económico que termina de beneficiar a muy pocos grupos económicos y grupos vinculados al poder que efectivamente mantienen a la población en una situación de extrema precariedad. Por eso estas movilizaciones, que son acciones de exigibilidad de derechos que nosotros como defensores de derechos humanos acompañamos con toda la fuerza necesaria para doblegar a un gobierno insensible que no utiliza los recursos que tiene precisamente para satisfacer los derechos humanos de la población”, refirió Freitez.