Las relatoras especiales de la ONU sobre la libertad de credo, Nazila Ghanea; y sobre la libertad de expresión, Irene Khan, solicitaron al gobierno de Nicaragua que libere inmediata e incondicionalmente al obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde agosto de 2022.
El obispo Álvarez es el único sacerdote católico que no fue liberado tras el acuerdo con el Vaticano para el traslado a Roma de los demás religiosos arrestados como parte de la represión contra la Iglesia Católica en el país centroamericano. El religioso fue condenado sin juicio previo y perdió sus derechos de ciudadanía y nacionalidad.
Las expertas de la ONU expresaron su gran preocupación “por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras religiones por parte de las autoridades nicaragüenses”.
Según ellas, el gobierno ha adoptado medidas que vulneran el derecho a la libertad de religión o creencias, como el arresto y la detención arbitrarias, las deportaciones forzosas, la criminalización de las actividades pastorales, la prohibición de realizar ceremonias religiosas, el asedio policial, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones pertenecientes a estos grupos religiosos, y la confiscación de sus bienes.
Las relatoras recordaron que estas acciones violan el derecho internacional y que parecen formar parte de un patrón más amplio de represión contra diferentes componentes de la sociedad civil nicaragüense, especialmente hacia personas o entidades percibidas como críticas del gobierno. En este sentido, afirmaron que las autoridades estarían vulnerando seriamente los derechos humanos a la libertad de asociación, y a la libertad de expresión y opinión, entre otras garantías fundamentales.
