Las audiencias de apelación, que comenzaron ayer y terminarán hoy en Ginebra, a solicitud de Venezuela contra los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizaron continuar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, son públicas y no se producirá un dictamen de inmediato, según dio a conocer a El Impulso el profesor Nelson Fréitez.
El coordinador de la Red Larense de Organizaciones de Derechos Humanos manifestó que la intención del gobierno de Nicolás Maduro es tratar de que no siga avanzando la investigación.
Al objetar a la mencionada Sala se evidencia que los alegatos del gobierno son de forma cuando señala que ha entregado una gran porción de documentos, que no han sido traducidos al inglés; pero, al gobierno le correspondía haberlo hecho en los idiomas oficiales de la Corte, ya que tuvo suficiente tiempo para ello.
En cuanto a la recepción de las denuncias de las víctimas y familiares de éstas, son muy enfáticas las manifestaciones de que en Venezuela no se ha procedido a realizar las investigaciones, que debía hacer la Fiscalía General de la República con el rigor y la profundidad que cada caso reviste.
Importante es destacar que pocas veces se han hecho audiencias de este tipo en la que están la Fiscalía de la Corte, la sección que recoge las denuncias de los casos de las víctimas y los jueces de la Sala de Apelaciones.
Es muy interesante lo que está ocurriendo allá en Ginebra, porque se está demostrando que está interviniendo la Corte porque en Venezuela, lamentablemente, no se ha procedido a realizar las investigaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad.
Conviene además resaltar que los jueces de la Corte han sido seleccionados por concurso con base a su trayectoria impecable, respetable y su proceder responde a la aplicación de una justicia inobjetable.
Da pena decirlo, no es la forma de juzgar que estamos acostumbrados a ver en Venezuela, donde los administradores de justicia no tienen autonomía e independencia para sus actuaciones.
Una vez que terminen las audiencias de estos días, correrá el lapso para que los jueces deliberen con relación a la apelación que el gobierno venezolano está haciendo, indicó el profesor Fréitez. Puede considerar la Sala que los alegatos venezolanos tienen fundamento y sería necesario retrotraer el caso para volver a escuchar las partes de nuevo, o, por el contrario, que autoriza al Fiscal de la Corte a llevar una nueva investigación con todas las formalidades que amerita esa labor.
No se puede obviar que hubo 8.900 denuncias de las víctimas y, recientemente, fueron recabadas 2.700 a través de formularios, las cuales ratifican que en Venezuela no hay investigación de los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y otros delitos.
Ante tan alto número de casos denunciados y la actuación de la Corte, el gobierno ha incorporado abogados extranjeros para estas audiencias de apelación; pero, son demasiadas las víctimas que están reclamando justicia y es imposible silenciar miles de casos, comentó nuestro entrevistado.
La expectativa es creciente en este momento, añadió el profesor Fréitez. Las víctimas y sus familiares se siguen quejando porque cada vez que van a la Fiscalía no son atendidas, se extravían los expedientes o se han perdido pruebas, y por lo general, no hay investigación.
La expectativa es en todo el país y por supuesto en Lara, donde hay 21 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, las cuales, además de los casos relacionados con la investigación de la Corte, atienden los problemas de salud, derechos civiles y políticos, pacientes organizados, pensionados y jubilados, así como de las que se ocupan de los servicios básicos.
