Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com
La Corte Penal Internacional (CPI) celebrará en los próximos meses una audiencia para decidir si reanuda la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto tras darse este martes 7 y miércoles 8 de noviembre de 2023 dos audiencias de apelación donde cada parte presentó sus alegatos.
En contexto, la investigación se inició en 2018 a raíz de una remisión presentada por 14 países miembros. El Gobierno venezolano apeló la decisión de la CPI de reanudar la investigación, argumentando que las investigaciones nacionales son suficientes.
En las audiencias de apelación, las partes presentaron argumentos y respondieron a preguntas de los jueces. Los jueces deliberarán ahora y emitirán su fallo en los próximos meses.
¿Qué impacto podría tener la decisión de la CPI?
Si la CPI decide reanudar la investigación, se abrirían los casos contra altos funcionarios del Gobierno. Esto podría generar una mayor presión sobre el Gobierno y contribuir a la búsqueda de justicia para las víctimas de los abusos.
Si por el contrario, la CPI decide no reanudar la investigación, sería visto como una victoria para el Gobierno de Nicolás Maduro, que tendría que procesar los presuntos casos de crímenes de lesa humanidad en su propia jurisdicción penal.
En cualquier caso, la decisión de la CPI será un acontecimiento importante para el país.
¿Qué argumentos presentaron las partes?
El defesor del Gobierno de Venezuela argumentó que la decisión de la CPI de reanudar la investigación es una intromisión en la soberanía del país.
El ministro para la Relaciones Exteriores, Yván Gil, afirmó que las investigaciones nacionales del Gobierno son suficientes para juzgar a los responsables de los crímenes.
“Se pretendió utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, afirmó el ministro Gil este miércoles, en el segundo día de la audiencia de apelación en La Haya.
“Venezuela no tiene nada que esconder. Estamos convencidos que la verdad prevalecerá, (…) pedimos un trato justo, equilibrado y objetivo, en favor de restablecer la legalidad quebrantada”, dijo el ministro en su cierre de pronunciamiento.
Por su parte, la Fiscalía de la CPI argumentó que las investigaciones nacionales del Gobierno venezolano son insuficientes y que no han permitido identificar a los responsables de los crímenes.
Asimismo, afirmó que la CPI tiene jurisdicción para investigar en Venezuela, puesto que los crímenes denunciados tienen una dimensión internacional.
Lo que dijeron los defensores de las víctimas
El jurista Aitor Martínez Jiménez compartió los datos que se tienen en relación a 124 incidentes que debieron ser investigados. Refirió con ello que solo cinco de los incidentes recibieron condena; es decir, apenas el 4 % del total.
En este sentido, la Fiscalía de la CPI afirmó que de los 62 casos de presuntos crímenes de lesa humanidad, “en 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores”.
“También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos, la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”, señaló este miércoles, día posterior a presentar sus argumentos para continuar con la investigación Venezuela I.
Por otro lado, la Oficina de Defensa de las Víctimas afirmó que los crímenes que sufrieron las víctimas están vinculados con sus creencias políticas y que no se denunció a la mayoría de los perpetradores. También afirmó que la CPI es la única institución que puede garantizar la justicia para las víctimas.
¿Qué pasará ahora?
Los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI escucharon los argumentos de las partes y ahora tienen que decidir si la investigación debe ser reanudada o no. Aún se desconoce la fecha exacta en la que se revelará la decisión.
Si los jueces coinciden en confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares, la investigación de la CPI en Venezuela continuará. Si los jueces deciden revertir o modificar la decisión, la investigación podría ser suspendida o enviada a la Sala de cuestiones preliminares para una nueva determinación.
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