Según un informe publicado por Lupa por la Vida, un proyecto de la Fundación Centro Gumilla y Provea, en los primeros seis meses de este año se registraron 355 violaciones al derecho a la vida por parte de organismos de seguridad del Estado en Venezuela.
El informe se basa en entrevistas a familiares de las víctimas, monitoreo de medios y redes sociales, y revisión de minutas policiales. El documento revela importantes hallazgos sobre estos asesinatos, como la identidad de las víctimas, el lugar y la fecha de los hechos y los cuerpos que participaron.
Entre los organismos involucrados, se destaca la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que fue responsable de 182 casos, lo que representa el 51,3% del total. Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 66 casos (18,6%) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 32 casos (9%).
El informe también denuncia que la mayoría de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años, que vivían en zonas populares y que fueron ejecutados bajo el pretexto de enfrentamientos armados. Además, se evidencia la falta de investigación y sanción de estos crímenes, así como la impunidad y el silencio oficial.
