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Durante una rueda de prensa en el Instituto de Previsión del Profesor de la Universidad Central de Venezuela, al menos seis organizaciones de la sociedad civil advirtieron el 02 de noviembre que las actuaciones del gobierno contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de «suspender sus efectos» están siendo evaluadas por las relatorías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
«Ante está acción cívica, las elecciones primarias de la oposición, las amenazas se han incrementado. Por eso es clave dejar testimonio de nuestra exigencia para que se respete el voto y la voluntad de cambio de millones de venezolanos. Nos toca mantenernos firmes para enfrentar los múltiples intentos que vendrán con la intención de cortar la ruta hacia las elecciones libres», dijo Griselda Colina, directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
Las ONG Provea, Acceso a la Justicia, Civilis, Voto Joven y Espacio Público acompañaron al evento. Reiteraron que la investigación del Ministerio Público y la sentencia del TSJ representan una extensión de los presuntos crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional está evaluando.
«La decisión del TSJ contra el proceso de primaria del 22 de octubre ratifica una vez más, lo diagnosticado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en tanto que los jueces y fiscales de nuestro país se han convertido en autores y promotores de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad», reiteró Rafael Uzcátegui, director de Provea.
«También ratifica un segundo diagnóstico de la ONU: que el gobierno de Nicolás Maduro tiene capacidad de adaptación para acallar a la disidencia en Venezuela mediante el uso de mecanismos duros, blandos y castigos ejemplarizantes para tratar de silenciar la crítica en Venezuela», agregó.
Uzcátegui enfatizó que el Estado venezolano busca mantener un «espacio cívico cerrado». «Por eso llamamos a la dirigencia política y democrática a que entiendan el mensaje emitido por los venezolanos sobre la necesidad de un proyecto unitario y cohesionado para rescatar la democracia».
Incertidumbre represiva
El director de Provea enfatizó que el Estado aún no ha cumplido las recomendaciones de la observación electoral de la Unión Europea tras los comicios regionales 2021, que hablan sobre la imparcialidad de los entes estatales y la diversidad de fuentes de información y medios de comunicación.
«Estamos muy conscientes de que en los actos del TSJ el objetivo jurídico es completamente secundario. Lo que rige la palabra en todo esto es el tema político», aseveró Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia.
Precisó que los delitos electorales no están en las leyes venezolanas. Lo máximo que pueden tener los miembros de la Comisión deberían ser multas. Al mismo tiempo, expresó que «no existe la figura de «investigado» por el Ministerio Público ni han imputado a los miembros de la Comisión».
Afirmó que los delitos electorales en Venezuela surgen cuando existen vicios que desacrediten o pongan en duda los resultados de los comicios. «Aquí nadie está cuestionando los resultados, ni el gobierno ni ningún otro ente», agregó Uzcátegui.
El director de Acceso a la Justicia advirtió que, si bien el TSJ no ha anulado las elecciones, existe el riesgo de que tomen esa decisión frente al vencimiento del plazo para que la Comisión Nacional de Primaria entregue los materiales electorales al TSJ, que sería este 02 de noviembre, y sentencien a la Comisión de Primara en desacato.
Violación de un compendio de DDHH
Las ONG reafirmaron que durante el proceso se han violado los derechos humanos al debido proceso judicial, al honor y la reputación de los miembros investigados de la Comisión, a la libertad de asociación, a la participación de eventos de asuntos públicos e incluso al derecho a la información —porque, de acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, al menos 3 estaciones de radio fueron censurados para cubrir las elecciones—.
Incluso sé violó el derecho a la privacidad de los miembros de la Comisión al publicar la dirección residencial de los involucrados en las investigaciones del Ministerio Público en sus citaciones.
«No hay que olvidarse de los miembros regionales de la Comisión Nacional de Primaria, que han sido objeto de intimidación y hemos tenido denuncias de su parte: a los abogados defensores no les permitían asistir al interrogatorio (que hizo el Ministerio Público). Se han violado varios derechos, entre ellos la presunción de inocencia», agregó Daniels.
Además, el director de Acceso a la Justicia enfatizó que la inhabilitación de María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano fue emitida por la Sala Electoral del TSJ, ente que no tiene competencia para dar esas sentencias. «En tal caso debió ser la Sala de Asuntos Políticos y Administrativos o, en caso de amparo, la Sala Constitucional».
La directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia consideró que se debe insistir en la observación internacional frente a las elecciones presidenciales del 2024 y las elecciones regionales y parlamentarias del 2025 para velar por los estándares internacionales.
Con respecto a la petición de la sociedad civil venezolana al presidente colombiano Gustavo Petro para habilitar a los candidatos a través de la presión internacional, tal como le pasó al mandatario neogranadino, Uzcátegui informó que la Cancillería sigue evaluando la moción.
Mientras tanto, Colina advirtió que los atropellos a las primarias de la oposición serán enviados al Centro Carter, una institución estadounidense de observación electoral, para que evalúen la concordancia de los acuerdos políticos entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y la oposición en sus acuerdos en Barbados.
«No estamos en un contexto democrático normal, estamos en un contexto autoritario. Por eso es valioso la observación internacional», recalcó.
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