“La declaración emitida por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, alineada de manera servil con los intereses de la Exxon Mobil, pretende deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano, convocado a una consulta democrática y popular”, aseguró el canciller de Venezuela, Yván Gil, señaló en su cuenta de la red social X.
La petición inédita e insólita a la Corte Internacional de Justicia de medidas provisionales, para que no proceda e Referéndum Consultivo del 3 de diciembre de 2023, no tiene asidero legal y solo demuestra la desesperación de las autoridades de y su Guyana y su irrespeto a la soberanía de Venezuela.
La Cancillería publicó un comunicado oficial en respuesta al Gobierno guyanés, cuyo texto expresa:
La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su absoluto rechazo a la declaración emitida este 31 de octubre, por el Gobierno de la República Cooperativa de Guayana, alineada de manera servil a los intereses de la Exxon Móbil, donde pretende deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano, convocado a una consulta democrática y popular para definir asuntos relativos a los derechos legítimos e históricos que le pertenecen en el territorio de la Guayana Esequiba.
La petición inédita e insólita a la Corte Internacional de Justicia de medidas provisionales, para que no proceda e Referendum Consultivo del 3 de diciembre de 2023, no tiene asidero legal y solo demuestra la desesperación de las autoridades de y su Guyana y su irrespeto a la soberanía de Venezuela.
La estrategia de Guyana, elaborada a partir de la cohabitación ilegal con las empresas transnacionales energéticas, tiene como objetivos fundamentales desestabilizar la región y apropiarse de un territorio de manera fraudulenta.
Venezuela se defenderá de estas artimañas con las razones jurídicas, políticas, históricas y constitucionales que le asisten, haciendo valer sus derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, fiel a su posición histórica, reitera que el Acuerdo de Ginebra de 1966, que hoy pretende desconocer el Gobierno de Guyana, es la única vía existente para resolver, de manera práctica y satisfactoria la controversia territorial entre ambos países, por lo cual exhorta a este país para desistir de su errática conducta contraria al Derecho Internacional y asumir los compromisos de diálogo directo en el plasmados.
