Trabajo de: www.runrun.es
Este 31 de octubre Amnistía Internacional denunció que las medidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público de Venezuela sobre la Comisión Nacional de Primaria (CNP) es la perpetuación del «sistema represivo estatal» del gobierno de Nicolás Maduro que está siendo evaluado por la ONU desde el año 2014, y por lo tanto debe ser incluido en los reportes de las Naciones Unidas bajo las violaciones a los derechos humanos.
«El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas. Esta política de represión no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado de prensa.
Después de las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre, donde ganó María Corina Machado como la candidata para representar a la crítica del chavismo de cara a las presidenciales del 2024, la pareja de Nicolás Maduro, Cilia Flores, pidió judicializar a los organizadores de los comicios.
En menos de 48 horas el MP y el TSJ buscaron desvirtuar las elecciones que, a vista de la sociedad civil venezolana, era un evento que no viola ningún estatuto de las leyes venezolanas ni los derechos humanos.
«Nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. El escrutinio y los mecanismos de justicia internacional son más necesarios que nunca para evitar una nueva escalada de crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente durante el periodo electoral que recién comienza», agrega Piquer.
Más de ocho horas en el MP
El 30 de octubre tres representantes de la CNP fueron interrogados por dos fiscales del Ministerio Público, por la investigación de presunto fraude en el evento electoral del 22 de octubre.
Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión, ingresaron a la sede principal del MP en la mañana de ese lunes, pese a que las fiscalías actuantes representadas en la citación del organismo estatal —el Tribunal 73 Nacional contra la delincuencia organizada y Tribunal octavo nacional con competencia de delitos asociados al Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)—no se encontraban en la sede principal del Ministerio Público.
Roberto Abdul, director de la asociación civil Súmate, lo solicitó el MP debido al apoyo de la sociedad civil frente a los comicios. También convocaron los presidentes de las juntas de Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Lara, Mérida, Táchira, Aragua, Apure y Distrito Capital.
De acuerdo con la abogada de Casal, Magaly Vásquez, las entrevistas de la investigación, que tienen «carácter reservado», se hicieron por separado. No hubo declaraciones a la prensa al abandonar la sede de la Fiscalía. Pero la abogada afirmó que «no hay motivos para imputar porque no hay delito».
En el caso de las juntas regionales se les preguntó quién financió el evento, dónde está el material electoral, qué empresa lo imprimió y por qué permitieron que civiles inhabilitados participaran en las elecciones.
Mientras hacían el interrogatorio, el TSJ publicó que las elecciones no tuvieron efecto, alegando que María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano estaban inhabilitados.
Casal salió del MP cinco horas después de entrar al recinto. Camero estuvo nueve horas bajo la custodia del Estado y Abdul estuvo diez horas bajo el interrogatorio.
Leer más: www.runrun.es
