«El 90 % de las muertes relacionadas con el clima ocurren en los países más pobres. Incluso, en los países más ricos la mayoría de las víctimas de desastres socioambientales son los más pobres y quienes se ya enfrentan desigualdades económicas y sociales», informó Mami Mizutori, directora de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), este 13 de octubre, día internacional para la reducción de riesgos y al inicio de la semana contra el cambio climático.
Para la comunidad internacional, Venezuela es uno de los países más vulnerables para enfrentarse a desastres socioambientales, como inundaciones y sequías, y a desastres tecnológicos, como conflictos armados y derrames de petróleo.
El país tiene el peor Índice de Desarrollo Humano de Sudamérica para el año 2021 – 2022, según la ONU. Venezuela, de por sí, sufre una emergencia humanitaria compleja desde el año 2016, «y agregar el contexto de un desastre, que ya la comunidad internacional lo considera una emergencia humanitaria, se multiplica la vulnerabilidad», explica Ingrid Rodríguez, arquitecto y experta en gestión de riesgos de la Universidad de Los Andes (ULA).
Para la UNDRR, la gestión de riesgos de desastres es un tema de derechos humanos: fomenta el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud y a un ambiente equilibrado.
Venezuela es uno de los países firmantes del Marco de Sendai, un compromiso internacional, desglosado en siete objetivos (de la «A» hasta la «G»), para reducir al máximo las pérdidas humanas y materiales en desastres para el 2030.
A siete años para cumplir con la agenda de la UNDRR (a mitad de camino del compromiso internacional), Runrun.es presenta tres claves para evaluar el país en materia de los derechos humanos ambientales.
«El gobierno venezolano ha mostrado resistencia a aceptar ayuda humanitaria y ha limitado el acceso de organizaciones internacionales, lo que dificulta la respuesta y la efectividad de la asistencia. La polarización política y la falta de confianza entre el gobierno y la oposición también pueden afectar la respuesta humanitaria internacional, ya que esto implica que hay desacuerdos sobre la magnitud del problema y la necesidad de ayuda externa», explica la experta de la ULA.
Rodríguez no desestima la ayuda humanitaria en desastres puntuales como el deslave de Las Tejerías y El Castaño, ambas en el estado Aragua en octubre del 2022. Sin embargo, el país no publica ningún plan para mitigar los riesgos frente al cambio climático o a otros desastres, como las sequías.
Frente a este panorama, Venezuela tiende a reprobar los objetivos «E» y «F» del Marco de Sendai: incrementar el número de países con planes nacionales y locales para reducir el riesgo y aumentar la cooperación internacional en los países en desarrollo, respectivamente.
Sin datos, sin mapas, sin alarmas
Venezuela y Bolivia son los únicos países de la región que no actualizan sus datos sobre pérdidas humanas y materiales a la ONU desde el año 2015.
En el caso venezolano, los datos históricos sobre desastres socioambientales y tecnológicos no están disponibles en internet desde el 2019, cuando la base de datos oficial de Funvisis perdió su dominio web. En el caso de los desastres tecnológicos, como los derrames de petróleo, la ONG Clima 21 denuncia que Petróleos de Venezuela no publica cifras desde el 2016.
«El hueco informativo en cuanto al registro de los desastres y su impacto no solo dificulta la toma de decisiones informadas a nivel gubernamental, sino que también limita la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades para obtener datos precisos y utilizarlos en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo resilientes ante los desastres», afirma Rodríguez.
En una investigación de Runrun.es en 2022 se filtró un mapa que precisaba la exposición a desastres. En el documento creado por el Viceministro de Gestión de Riesgos de precisó que 80% de la población venezolana está expuesta a inundaciones y deslaves, así como el 30% del territorio Venezolano (la región costera e insular del país) es propenso a sufrir los impactos de las sequías de forma más severa.
«Los apagones y los cortes de agua son un ejemplo tanto de la vulnerabilidad alta que ya sufre el país como de las consecuencias ante los desastres hidrometeorológicos, como el déficit de precipitaciones durante el periodo de El Niño en 2015-2016», advierte la arquitecta de la ULA. «Hasta ahora no se ha visto una gestión pública para prepararse ante este nuevo fenómeno de El Niño», que podría ser más severo que el año 2015-2016, según expertos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU.
Rodríguez advierte que el estado Mérida y el municipio Chacao de la Gran Caracas son unas de las pocas zonas con mapas actualizados hasta el 2018. «Y hay esfuerzos de la comunidad científica en aplicar mapas de exposición a riesgos naturales frente al contexto socioeconómico de las poblaciones de Aragua y Carabobo, pero falta voluntad política para implementarlos».
Con la opacidad en las instituciones públicas venezolanas, el Estado tendería a fallar en el objetivo «G» del Marco de Sendai —incrementar el acceso público a los sistemas de alerta temprana y a los datos de impacto y gestión de riesgos— y dejaría en incertidumbre el cumplimiento de los objetivos «A», «B» y «C»: reducir la mortalidad, la tasa de personas afectadas y las pérdidas materiales en contextos de desastres.
Sin refuerzos educativos ni separación de ministerios
«A pesar que desde el 2011 el Ministerio de Poder Popular para la Educación instruyó al sistema de formación básica y secundaria las orientaciones educativas para la gestión de riesgos, esto realmente no se aplica, y la debilidad está en una clara y seria política en la aplicación de estas orientaciones», enfatiza Rodríguez.
De acuerdo con Luisa Pernalete, coordinadora de Educación para la Paz de Fe y Alegría, el Estado tampoco ofrece datos sobre el sector educativo desde el 2016. No se sabe cuántos profesores hay ni una cuantificación de la calidad educativa de los estudiantes.
Tanto Pernalete como Rodríguez coinciden que los materiales didácticos sobre terremotos e incendios que ofrecía la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) no se encuentran por más de diez años en las aulas venezolanas.
«También afecta la vulnerabilidad institucional: la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de la gestión de riesgos, como los Cuerpos de Bomberos, la Protección civil, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) entre otros, también ha impactado negativamente en la capacidad de respuesta ante emergencias por la falta de recursos de transporte y preparación técnica».
La Organización Meteorológica Mundial recomendó al Estado venezolano que debe separar el INAMEH de los sistemas de alerta temprana de desastres y crear instituciones independientes para alcanzar el objetivo «D» del Marco de Sendai: reducir los daños críticos por desastres en infraestructuras sanitarias y educativas y la disrupción de servicios básicos a través de sistemas de resiliencia, como la educación y las alertas tempranas. Pero, hasta ahora, ambas funciones siguen bajo el mismo Ministerio de Relaciones, Justicia y Paz.
«La desigualdad dificulta el acceso a la información, los servicios y las alarmas. Y después de un desastre, a las comunidades vulnerables les toma más tiempo recuperarse y, a menudo, las personas caen aún más en la pobreza», concluye la directora del UNDRR. Tal como pasa en Las Tejerías, que a un año del deslave, aún los habitantes que perdieron sus hogares por el desastre buscan una vivienda propia, sin que el Estado los ampare oportunamente.
