El pasado domingo 22 de octubre se hizo realidad lo que para muchos analistas y observadores políticos parecía imposible de consumar. Los venezolanos protagonizamos una hazaña de características épicas, demostrándole al mundo de qué madera cívica estamos tallados. Más de 2.4 millones de ciudadanos nos volcamos a los más de tres mil centros de votación instalados dentro del territorio nacional y a los 81 centros que funcionaron en el exterior, para que pudiera sufragar una representación de la gigantesca diáspora venezolana. Solo, con la tenacidad democrática de un pueblo corajudo, fue posible vencer el miedo para organizar unas elecciones primarias que quedarán registradas en la historia como una apoteosis que desafió la conjura de la dictadura madurista.
La gente salió a votar a favor de un nuevo destino. La ciudadanía no se contuvo ante las más variadas amenazas que puso en desarrollo el régimen, pretendiendo impedir lo que terminó siendo una avalancha de entusiasmo, fe y esperanza, sentimientos despertados por María Corina Machado. El mérito es que esa gente salió, en la mayoría de los casos, caminando porque en ese país con alucinantes reservas de petróleo escasea la gasolina, combustible indispensable para encender los motores de las unidades de transporte. La gente resolvió demostrar que la libertad no se negocia ni se canjea por una cajita de alimentos en donde no caben los principios democráticos que llevan muy acendrados en su espíritu. Ni los bonos miserables, ni los salarios paupérrimos, sirvieron para comprar la conciencia de un pueblo y el fantasma de la violencia no espantó a una ciudadanía resuelta a escenificar esa justa electoral, coronando a María Corina con más del 93% de respaldo popular.
Se demostró, en los hechos, que la sociedad civil era capaz de organizar esas primarias. Se confirmó que para votar y escrutar las boletas no era menester involucrar al aparato electoral del régimen ni depender de las máquinas electrónicas, ni ser custodiados por efectivos militares. Se tradujo, con la conducta ciudadana, que hasta el final no es otra cosa que luchar con perseverancia, tal como hizo María Corina, dando ejemplos nítidos y llamativos a ese pueblo que no disimulaba su indignación cuando confirmaba que a María Corina no le permitieron abordar un avión comercial para viajar desde la capital hacia el estado Táchira, o cuando por las redes sociales se difundían imágenes de unidades policiales transportando a los funcionarios destinados a perseguirla, o cuando detenían al vehículo en el que se desplazaba, en plena carretera, creyendo, ilusamente, que esa mujer gallarda se resignaría a ser detenida. Pero ¡qué va! María Corina salía decidida a avanzar, pasaba con paso firme y sereno la alcabala militarizada, se subía a una motocicleta o a un caballo, después de atravesar un río o serpentear un matorral hasta confundirse con las multitudes que la aguardaban con una pasión contagiante.
Y se hizo el milagro, pero en la tierra, con los santos alumbrados en el altar de cada hogar y esa mujer asumía forma de huracán que desataba las vibraciones que le fueron dando perfil a ese deslave humano que pasó por encima de maquinarias partidistas, seduciendo a su paso a mujeres y hombres de todos los sectores sociales, destacando electores que antes salían con las banderas del chavismo y ahora, frustrados y decepcionados, corean el nombre de María Corina como símbolo de expiación de esa traición.
Contra todos los pronósticos se realizó la primaria. La confabulación que se articuló para sabotearla fue desmontada por la valentía de un pueblo indetenible. Y la opinión pública internacional enfocada en los conflictos que involucran a Ucrania y a Israel, no evitaron voltear su atención hacia ese país suramericano que, en medio de una catástrofe humanitaria, se sobreponía para transitar, contra viento y marea, la ruta democrática. Esa vía tan defendida por el presidente Joe Biden, la misma alternativa que privilegia en sus comparecencias públicas el Sr. Josep Borrell, en su condición de representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Esa ruta, que no será posible culminarla, si no se realizan elecciones libres en Venezuela.
En la isla de Barbados se formalizó, el pasado 17 de octubre, un nuevo esfuerzo de negociaciones entre representantes de la oposición y funcionarios autorizados por Nicolás Maduro. Los acuerdos divulgados por los medios de comunicación se reparten entre la solicitud del régimen de levantar las sanciones aplicadas, autónomamente, por cada país o instituciones europeas, mientras que desde el lado opositor se privilegia la reiteración de la liberación de los presos políticos civiles y militares y las garantías de realizar elecciones competitivas que se entiende como comicios libres y soberanos, sin más limitaciones que las que se desprenden de las leyes vigentes en Venezuela. En el pliego de acuerdo ambas partes se comprometen a “respetar la decisión de cada sector político a seleccionar a su candidato según el mecanismo de su preferencia”. Pues bien, eso fue lo que hicimos los venezolanos que aspiramos promover un cambio a partir del próximo año, tal como lo ha declarado el Sr. Josep Borrell, advirtiendo que, “Maduro no puede pretender escoger a su oposición”.
La legítima disidencia se expresó este pasado 22 de octubre habilitando conforme a una elección primaria, nuestro mecanismo preferido, aclamando a María Corina Machado. Lo más difícil era hacer la primaria. Y se hizo. Ahora viene la inscripción formal de su postulación presidencial. ¿Qué no le permitirán dar ese paso? Entonces salta la interrogante exclamando ¿serán elecciones libres, si se impide truculentamente que la persona que recibió el respaldo de más el 92% de los electores participe? ¡Evidentemente que no!
La inhabilitación política acordada por el Contralor General de la República, en caso de existir contra María Corina Machado, es inconstitucional y una manifestación inequívoca de abuso, extralimitación y desviación de poder. Para comprender con meridiana claridad este escabroso ardid, consulte al Dr. Perkins Rocha, quien nos apunta las siguientes razones para calificar como ilegítima tal medida:
1.- El artículo 42 de la Constitución establece, que sólo mediante una sentencia judicial definitivamente firme se puede impedir el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. El Contralor mediante un acto administrativo no puede inhabilitar a un ciudadano políticamente. Sólo lo puede acordar un Juez, previo un proceso judicial y mediante sentencia definitivamente firme. Conforme al artículo 65 de la Constitución, las inhabilitaciones políticas sólo pueden ser acordadas como sanciones penales y no administrativas, una vez que haya sido condenado un individuo mediante sentencia definitivamente firme por delitos de presidio o prisión y por delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas que afecten el patrimonio público.
2.- La inhabilitación política viola el derecho a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 49 de la Constitución, ya que las mismas son acordadas sin procedimiento alguno, actuando de esta manera el Contralor General de la República con absoluta discrecionalidad, dando cabida a la arbitrariedad.
3.- La inhabilitación política viola los artículos 64 y 67 de la Constitución ya que cercenan el ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo y el derecho que tienen los ciudadanos a la participación y asociación de carácter político. Las inhabilitaciones limitan las opciones políticas de los ciudadanos y del cuerpo electoral, les cercena su capacidad de decidir y escoger libremente al funcionario electivo de su preferencia. Las inhabilitaciones son un golpe a la democracia y al derecho que tienen los ciudadanos de escoger libremente y sin limitación alguna entre los candidatos postulados que aspiran a determinado cargo electivo. Se pretende convertir al Contralor General de la República en una suerte de gran elector que condiciona la libertad de elegir en democracia. El uso de dicha facultad inconstitucional le permite establecer quiénes son los candidatos por los cuales el cuerpo electoral puede votar, convirtiéndose un condicionante de la democracia.
4.- En el caso concreto de María Corina Machado, no conocemos el acto administrativo que acuerda la supuesta y, en todo caso, nula inhabilitación; no sabemos si existe el acto administrativo que la acuerda. Solo se conoce una comunicación a una tercera persona, hecha pública por los medios de comunicación, que no es más que una relación de hechos, que parten, todos, de un falso supuesto de hecho y de derecho. Se violan de esta manera los principios básicos de la Ley de Procedimientos Administrativos y las garantías a los ciudadanos que la misma contiene.
5.- La inhabilitación política viola el derecho a ser electo, un valor universal de la democracia, garantizado, además en las Constituciones de los Estados, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (art. 25.2) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 23.1.b), la cual es precisa en establece que sólo por Ley se puede restringir el ejercicio de este derecho, exclusivamente, entre otros casos, “por razones de condena, por juez competente, en proceso penal” (art. 23.2), lo que excluye absolutamente toda restricción por vía administrativa, como la que en Venezuela se ha atribuido inconstitucionalmente al Contralor General de la República.
La actuación del Contralor General de la República viola de manera evidente, clara y grosera el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y cuyo respeto y garantía como derecho fundamental es obligatorio para todos los órganos del Poder Público de los Estados Parte.
Antonio Ledezma
@AlcaldeLedezma
