Venezuela había sucumbido en una crisis devastadora durante los mandatos de los hermanos José Gregorio y José Tadeo Monagas, este último con dos gobiernos.
A la sazón, la inestabilidad política del régimen de José Tadeo se agudizó entre 1857 y 1858, último año de su magistratura, produciendo toda clase de contrariedades políticas, económicas y diplomáticas, trance que sortearon los siguientes mandatarios Pedro Gual, Julián Castro y Manuel Felipe Tovar.
Uno de los casos más álgidos se registrará cuando don Eduardo Romea, encargado de negocios de España en Venezuela, presentó en 1859, un reclamo en donde exhortaba al Estado venezolano la indemnización de varios súbditos españoles que declararon haber sufrido daños ocasionados durante la Guerra de Independencia.
Inmediatamente el presidente Manuel Felipe Tovar, para responder a las exigencias, designó como ministro plenipotenciario en España a don Fermín Toro, uno de los hombres más virtuoso y sobresaliente del momento, quien, junto al secretario de la legación, don Mariano Julio Palacios, se embarcó el 7 de agosto con destino a la Madre Patria.
No obstante, el conflicto escaló a tal magnitud, que dos días después, el 9 de agosto, a escasas millas náuticas del Puerto de La Guaira, se apostaron estratégicamente dos buques de guerra con bandera española: el Blasco de Garay, con 6 cañones de 20 centímetros y una tripulación 150 hombres; y el Habanero, enviados por el capitán general de Cuba.
Romea insistió en sus pretensiones con otra nota que presentó el día 10 «… dando veinticuatro horas para que el gobierno garantizase su cumplimiento, declarando que en caso contrario quedarían rotas las relaciones entre Venezuela y España».
Al día siguiente, el Gobierno venezolano rechazó la nota. El día 12, Romea solicitó sus pasaportes y se embarcó en el Blasco y Garay. Desde la Presidencia de la República se decidió entonces que el delicado asunto sería solamente tratado en Madrid y que se informaría sobre lo sucedido a los países amigos.
El presidente Tovar designó al general José Antonio Páez que para entonces se encontraba residenciado en Nueva York, ministro plenipotenciario de Venezuela para realizar gestiones ante el gobierno norteamericano.
«Ninguna persona mejor que Páez, que había recibido en los Estados Unidos demostraciones y señales de aprecio, estaría facultado para tratar el asunto con el mejor final», escribió el presidente Tovar, el 14 de septiembre de 1860, al primer magistrado estadounidense James Buchanan, un experto diplomático con marcada atención en temas propios de la presencia de estados Unidos en el Caribe.
Oportunamente Páez informó al gobierno norteamericano que Venezuela jamás habría pensado en dejar de aplicar la ley a los autores de crímenes y atropellos, «pero para ello estaban los tribunales. Solamente estaría dispuesto el Gobierno a pagar daños causados por fuerzas propias y no por insurrectos».
Igualmente dejó asentado, que el Gobierno español, a través del encargado de negocios «al amenazar a Venezuela apoyado en buques de guerra, estaría incurriendo en actos inaceptables que ciertamente significan la intervención de una potencia europea en asuntos internos de un país americano».
Escribe el historiador Tomás Polanco Alcántara, en su libro Venezuela y Estados Unidos a través de dos siglos, que el presidente Buchanan recibió en Washington las credenciales de Páez el 20 de octubre, y unos días después, Lewis Cass, secretario de Estado, atendió la visita del plenipotenciario, escuchando con atención los planteamientos del viejo llanero que procuró ayuda «para que la cuestión vuelva a la senda pacífica de que no debió salir».
El conflicto diplomático se caldeó cuando el presidente norteamericano fijó posición neutral ante el asunto, toda vez que su país no permitía apreciar ni decidir los méritos de la cuestión ni intervenir en las relaciones que entre sí tuvieran otros Estados.
Sin embargo, no se negó a servir, indirectamente, como medio conciliatorio, por lo que instruyó a representante diplomático estadounidense en Madrid, para que advirtiera al Gobierno español la disposición de interponer sus buenos oficios.
Entretanto, en Madrid, don Fermín Toro había logrado una entrevista privada con el presidente del Consejo de Ministros, don Leopoldo O´Donnell, duque de Tetuán y conde de Lucena, presidente del Gobierno entre 1858 y 1863, «hombre con fama de buen juicio», resaltó Toro en uno de sus informes enviado a Caracas sobre el encuentro celebrado el 26 de octubre de 1860.
A juicio de Toro, a las conversaciones se les dio carácter de privado debido a la interrupción de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España, añadiendo que O´Donnell, expuso «con brevedad, energía y exquisita cortesía los motivos de agravio que tenía España para exigir reparaciones».
La prensa avivó el fuego
Pero mientras los plenipotenciarios ejecutaban cuidadosas maniobras para restablecer las relaciones bilaterales, la prensa española atacaba con violencia a Venezuela, acusando al Gobierno de «perversos y atroces», a su vez, hacía énfasis en las «negociaciones ocultas del general Páez con el gobierno norteamericano», tratamiento informativo que exponía arteramente la presencia de Páez en Washington, haciéndolo ver como un indicio de injerencia norteamericana en asuntos internos de la Corte de Madrid.
El 29 de diciembre regresó Páez a Washington con el fin de presentar sus saludos de Año Nuevo al presidente y a la vez a entrevistarse con el ministro español Gabriel García de Tessara, con quien ya había establecido un amigable y fructífero primer encuentro, y así lo informa a la Cancillería venezolana, el 6 de febrero de 1861 desde Nueva York.
Cuando el conflicto parecía llegar al punto más álgido, el enviado de Estados Unidos reiteró la postura conciliadora de su Gobierno.
Y después de varios encuentros y entrevistas diplomáticas, España retiró a su representante diplomático (Eduardo Romea) y concluir el trance pacíficamente ordenando a sus buques «abstenerse de todo acto hostil contra Venezuela». Los buques levaron anclas y tomaron rumbo a su base en Cuba. Fue así como se reestablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países suscribiendo un convenio en Santander el 12 de agosto de 1861.
Es imposible soslayar la influencia del Gobierno norteamericano en la resolución de este conflicto, así como las hábiles maniobras del general José Antonio Páez en el asunto, sin dejar de mencionar las doctas gestiones diplomáticas de don Fermín Toro.
Luis Alberto Perozo Padua
Periodista y cronista
@LuisPerozoPadua
