Según el Coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Gerardo Blyde, los voceros del régimen de Nicolás Maduro están usando “condiciones acordadas para procesos electorales, como la presidencial, como si se hubieran suscrito para las primarias”, expresó el político a través de un comunicado de prensa.
Blyde señaló que el Acuerdo de Barbados protege el proceso de las primarias, “sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos” que garantiza el reconocimiento y respeto de las partes al derecho de seleccionar libremente al candidato para las elecciones presidenciales, de acuerdo con los mecanismos internos pertinentes.
El Coordinador de la Delegación expresó que el oficialismo busca atacar el proceso interno de la primaria aludiendo a puntos del acuerdo que no se refieren a un evento de elección interno.
“Yo creo que no se esperaban ese nivel de participación. Están leyendo condiciones acordadas entre las partes para procesos electorales como la presidencial como si se hubieran suscrito para las primarias y eso no es cierto”, expresó Blyde.
Criticó que el régimen de Maduro intente judicializar un proceso interno protegido por un acuerdo y resaltó que puede afectar el cumplimiento del acuerdo, “por lo que reclamaremos ante la comisión de verificación y seguimiento de manera contundente”, añadió el líder opositor.
Blyde defendió que el Acuerdo permitió desarrollar las primarias en paz, a pesar de la ofensiva que ahora enfrentan, además, agregó que el Acuerdo de Barbados permitió desestimar una mega elección para 2024, que se desarrolle el cronograma en el próximo semestre, que hay los organismos robustos de observación electoral calificados, como Unión Europea, Naciones Unidas, el Centro Carter puedan participar en la elección presidencial de 2024, que se realice la depuración del registro electoral, la inscripción de los venezolanos en el exterior, y puedan practicarse las auditorías al sistema electoral.
Además, reiteró que el acuerdo establece que todo candidato presidencial que esté sometido a una inhabilitación administrativa, sea rehabilitado bajo un principio de celeridad constitucional.
