Trabajo de www.talcualdigital.com
La flexibilización parcial de las sanciones petroleras de Estados Unidos hacia Venezuela abre las puertas a un nuevo panorama económico, pero las condiciones estructurales de la industria y la incertidumbre sembrada por un Gobierno que podría no cumplir con las condiciones para mantener las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro podrían aminorar el impacto que tendrá este hito en la economía venezolana.
El pasado miércoles 18 de octubre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió seis licencias que retiran gran parte de las sanciones impuestas por Washington a la industria petrolera venezolana. Esta decisión se tomó en el contexto de negociaciones con el gobierno venezolano que concluyeron con la firma de acuerdos entre delegaciones del chavismo y la oposición.
El retiro de las sanciones está condicionado a el otorgamiento de garantías electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2024, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores y a la liberación de presos políticos. Hasta no evidenciar resultados palpables sobre estas condiciones, no habrá un panorama claro con respecto a las licencias a largo plazo.
Esta incertidumbre podría perjudicar el interés que pueda generar Venezuela para los inversores internacionales, menguando el impacto de esta flexibilización y focalizando las inversiones en los actores petroleros que ya tienen presencia en el país, como Chevron, Eni, Repsol, Maurel & Prom y la China National Petroleum Corporation (CNPC).
Incluso con el alcance limitado —al menos en las primeras de cambio— de la desaplicación de las restricciones, economistas y analistas consultados por TalCual coinciden en que la economía venezolana podría recibir un empujón de cara a 2024, aunque las expectativas deben ser moderadas.
Y es que no podría ser de otra forma. Los datos demuestran que las sanciones tuvieron un impacto contundente tan pronto como fueron aplicadas. Un informe publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en octubre de 2020 sugería que, hasta aquel momento, Venezuela habría dejado de ingresar unos $30.949 millones a raíz de las restricciones. El economista Luis Oliveros, autor de la publicación, comentó que la cifra no se ha actualizado, pero tiene que ser muy superior actualmente.
«El cálculo debe ser mayor. Ha pasado tiempo, el precio del petróleo tuvo una subida importante y los descuentos que tenía que aplicar Venezuela son mayores ahora», explicó.
Para una economía excesivamente dependiente de sus exportaciones petroleras, el golpe fue inmediato. A pesar de que la economía venezolana ya estaba experimentando caídas sustanciales en los años previos, la situación empeoró después de las sanciones más férreas contra la industria petrolera, aplicadas en 2019.
En apenas dos años, durante 2019 y 2020, el Producto Interno Brujo (PIB) se contrajo 57%.
En otras palabras, el PIB cayó más de la mitad al pasar de $102.021 en 2018 a $43.788 para el cierre de 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la ausencia de cifras oficiales que debe proveer el Banco Central de Venezuela (BCV).
Por supuesto, los efectos de la pandemia también perjudicaron el tamaño de la economía, pero la disminución de la producción y ventas petroleras jugó un papel vital en este rendimiento negativo.
Desde 2021 hasta la actualidad se registra un tímido repunte, pero el crecimiento no ha sido el esperado después de un 2022 positivo. El escenario de cara a 2024 no era el mejor, pero le flexibilización de las sanciones le cambia la cara a ese horizonte.
Poca producción, más dinero
Las estimaciones más optimistas referentes al incremento de la producción petrolera proyectan poco más de 200.000 barriles por día (b/d) adicionales, con lo que Venezuela apenas rozaría el millón b/d.
El economista experto en materia petrolera, Francisco Monaldi, razonó que todo el incremento esperado en la producción recae en las inversiones de las empresas que operan proyectos mixtos con Pdvsa. Concretamente, prevé unos 100.000 b/d más por parte de Chevron, otros 100.000 b/d provenientes de la CNPC y no más de 60.000 b/d entre todos los proyectos que operan Repsol, Eni y Maurel & Prom.
Estas perspectivas cautas pese a las concesiones tan amplias otorgadas por Washington, se deben a la incertidumbre en torno a los acuerdos. El terreno es demasiado inestable como para que algunas empresas decidan hacer inversiones considerables sin una licencia específica de la OFAC.
«Las empresas petroleras podrían mejorar su producción, pero hasta que no les den su licencia particular, no creo que estén dispuestas a invertir con una licencia temporal. Tendría que haber un levantamiento permanente y una serie de reformas institucionales y legales para que sea algo mucho más sólido. De lo contrario, veo difícil inversiones de esa magnitud», apuntó.
Las estimaciones de Monaldi coinciden con las perspectivas que se planteó la consultora Ecoanalítica en un escenario de levantamiento de sanciones, donde una mayor participación de Chevron en la industria elevaría la producción apenas por encima del millón de barriles diarios.
No se esperan mayores cambios en la cuota de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dadas las condiciones estructurales de la industria nacional y la escasa capacidad de inversión en reparación y renovación de infraestructura.
El economista Luis Zambrano Sequín explicó, durante la presentación del Informe Coyuntura Venezuela con perspectivas económicas para 2024, que los servicios petroleros presentan un deterioro importante. Por una parte, la red eléctrica es incapaz de alimentar todas las plantas operativas, por otra, las carreteras se encuentran en mal estado y complican el traslado de insumos en el interior del país, la inseguridad, la escasez de gasolina e incluso la ausencia de capital humano.
«El sector eléctrico es clave. Si tenemos cortes con una buena parte del sector industrial paralizado o trabajando al 30% ¿Qué pasaría si se reactiva la producción? Ahí tenemos un techo que hace muy difícil tener tasas altas de crecimiento», subrayó.
A estas barreras se añade como dificultad la cantidad de dinero que se requiere para hacer los correctivos necesarios para recuperar al sector petrolero, por lo que, incluso sin sanciones, Zambrano Sequín muestra poco optimismo de cara al crecimiento de esta industria.
«¿De dónde saldrá el dinero que se requiere para recuperar esos pozos y campos petroleros? Chevron ha dicho que prácticamente hay que rehacer al sector que presta servicios a la industria petrolera», resalta.
Aún con la existencia de estos impedimentos, se prevé un impulso para las ganancias de la actividad petrolera, ya que el levantamiento de sanciones permitirá vender la producción a un precio más cercano al de mercado.
El mercado natural de Venezuela es Estados Unidos, tanto por cercanía como por la capacidad de las refinerías estadounidenses de procesar petróleo venezolano. A raíz de las sanciones, este ventana comercial se cerró, junto con la europea, por lo que el Gobierno se vio en la necesidad de buscar clientes en el mercado asiático, con costos de traslado mucho más altos y además descuentos importantes para apelar a los compradores a pesar de las sanciones.
Esta política de descuentos se traducía en la venta de petróleo venezolano hasta 30% por debajo de su precio, que se aúna a los costos inflados del traslado y a medios de pago ajenos al sistema bancario internacional que disminuyen aún más las ganancias.
Con el alivio de las sanciones, estos problemas se reducen y Pdvsa puede sacar una mayor rentabilidad de cada barril vendido. En este sentido, el panorama en cuanto a la rentabilidad es bueno, ya que los conflictos bélicos internacionales impulsan el precio del petróleo.
Para Francisco Monaldi, la venta a precio completo puede marcar una diferencia importante en el desempeño de la economía y es el aspecto más diferencial del escenario sin sanciones, con lo que proyecta unos ingresos de hasta $1.000 millones mensuales por concepto de renta petrolera.
«Lo que sí va a beneficiar a Pdvsa y al Gobierno en el corto plazo es el incremento de los ingresos por no vender con descuentos. Si logran hacerlo, podrían estar exportando más de $1.000 millones mensuales. Este ingreso puede servir para que Maduro inyecte dinero en la economía y generar un pequeño boom con tasas de crecimiento relativamente altas. Dado que estamos avanzando desde un punto tan bajo, podemos alcanzar tasas de dos dígitos», pronosticó.
Trabas operativas dilatarán resultados
La licencia del Departamento del Tesoro no implica una reactivación inmediata. Los lapsos para que los negocios entre Pdvsa y el resto del mundo se reanuden pueden ser tardíos, pues será necesario completar múltiples procesos administrativos y trámites burocráticos en distintos frentes.
El economista y exfuncionario del Banco Central de Venezuela (BCV), Hermes Pérez, relató el proceso operativo que debe afrontar Pdvsa para reactivar sus cuentas bancarias y reintegrarse en los sistemas de pago internacionales.
Tanto el BCV como Pdvsa poseen cuentas en instituciones de Estados Unidos que, con las sanciones, fueron bloqueadas o cerradas por completo. Esto ocurre en cuentas en el Departamento del Tesoro y también en el Sistema de Reserva Federal (FED) que deben reactivarse para procesar pagos entre Venezuela y Estados Unidos.
Pérez enfatiza que hay condiciones que deben cumplirse. Las personas autorizadas para aprobar las transferencias no pueden estar sancionadas, por lo que habrá un proceso de designación de funcionarios y renovación de firmas para poder reestablecer estos puentes.
Con las cuentas del BCV en la banca comercial estadounidense ocurre lo mismo. Deben atravesar un proceso de renovación o, incluso, de reapertura, dependiendo de cada caso. Estos procesos, aunque no se demoran demasiado, podrían retrasar las transacciones al menos un mes, incluso si todo avanza de forma expedita.
También existe la posibilidad de que algunos bancos estadounidenses no quieran tener a instituciones venezolanas como cliente, ya no por el marco sancionatorio, sino por las masivas deudas del país.
Por si fuera poco, la licencia de la OFAC solo tiene aplicación en Estados Unidos, por lo que se mantienen los impedimentos para hacer transacciones países europeos. El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas) debe emitir una orden similar para levantar las restricciones de Venezuela en este sistema.
Todos estos retrasos se traducirían en que, en términos prácticos y si todos los procesos avanzan en el período de tiempo esperado, los primeros ingresos por concepto de exportación petrolera a precio completo podrían llegar a Venezuela para mediados de diciembre, como pronto.
«Que liberasen las sanciones no quiere decir que hoy se cargue un buque con el producto hacia Estados Unidos. Desde el punto de vista operativo, estamos hablando de que los nuevos recursos asociados a ventas de petróleo a Estados Unidos estarían siendo recibidos en diciembre», aclaró Pérez.
Alivio de sanciones, no tanto de bolsillo
La narrativa del oficialismo se ha centrado en justificar la crisis económica a raíz de las sanciones financieras de Estados Unidos. Nicolás Maduro ha llegado a afirmar que el Estado perdió más de 98% de sus ingresos por esta razón, además de apuntar que dejó de percibir al menos $232.000 millones en este período, que según su discurso, habrían sido dirigidos a planes sociales.
«El país debió haber percibido y dejó de percibir 232.000 millones de dólares que hubieran ido a salario, a derechos sociales, a educación, a salud, a alimentación, a vivienda, a infraestructura, al desarrollo general del país», afirmó en su rendición de cuentas anual frente a la Asamblea Nacional (AN) a inicios de 2023.
Ante este discurso, el alivio de sanciones invitaría a pensar que a Venezuela le aguarda un cambio de 180º en su economía, con un Estado capaz de adquirir más recursos y dirigirlos a la economía nacional y a sus programas sociales, mejorando la calidad de vida de una población azotada durante años por episodios de desabastecimiento, hiperinflación y salarios de hambre.
Y es cierto que se espera un mejor rendimiento para la economía, pero este impacto podría no ser el esperado y mucho menos el requerido para mejorar la calidad de vida de los millones de venezolanos que se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Además, este posible cambio de panorama tardaría en manifestarse.
Luis Oliveros razona que un incremento en los ingresos del Estado deberían traducirse en una reducción de la tasa de inflación y disminuir la velocidad con la que incrementa el precio del tipo de cambio, pero las dificultades económicas se prolongan a mucho antes de la implementación de las sanciones y su alivio no elimina el problema de fondo.
«Si mejora la situación fiscal, debería mejorar la inflación y disminuir la volatilidad de la tasa de cambio. Eso indudablemente repercute en la calidad de vida y el ingreso real de los venezolanos, pero hay que tener en cuenta que los problemas económicos no se acabaron con la flexibilización de las sanciones, aunque mejoran las perspectivas. La mejora no va a ser en el corto plazo, sino que podríamos verla en el mediano y largo plazo», acotó.
Mientras esa mejora llega, la población sigue sometida a una economía desigual con márgenes de ingresos bastante bajos para la mayor parte del país. De acuerdo con las estimaciones de la consultora Ecoanalítica, un abrumador 85% del país genera ingresos mensuales por debajo de los $300, mientras que la canasta alimentaria publicada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) para septiembre se ubicó en $495, es decir, 65% más que el tope salarial de ocho de cada 10 venezolanos.
Dentro de ese 15% restante de la población que percibe mensualmente más de $300, solo 2% supera la franja de los $1.000 mensuales.
La dinámica de los últimos años ha fomentado un crecimiento desigual en donde unos pocos son beneficiados por la poca actividad económica que se experimenta en las principales ciudades, especialmente en el sector comercial. El levantamiento de las sanciones, incluso si se extienden más allá de los seis meses iniciales, no garantiza corregir este problema. Para Henkel García, analista financiero y director de la consultora AlbusData, todo responde a un cambio de políticas económicas.
«La desigualdad no tiene tanta relación con las sanciones. El sistema hace que, quienes tengan relación con el Gobierno, sean beneficiados. Si queremos mejorar la desigualdad, tenemos que apuntar a mejorar lo interno. Para mí, tiene mucho que ver con las instituciones, cuando creemos instituciones que velen por todos y estemos enrumbados hacia un sistema económico robusto, allí estaríamos hablando de un sistema con mayor igualdad», subrayó.
El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, lleva meses resaltando la necesidad de levantar las sanciones financieras del país, pero ha insistido en que esta medida no tendrá el efecto deseado si no es acompañada de un cambio en el marco jurídico que incentive la inversión y la captación de capitales nacionales y extranjeros.
«Es una combinación entre sanciones y marco jurídico, que debe pasar de ser sancionatorio a motivar a la inversión. Si mezclamos esas dos cosas, vamos a tener la solución, una Venezuela más productiva», recalcaba en una entrevista para TalCual.
Si bien las licencias de la OFAC no corregirán la economía, sí incrementarán el margen de acción de un Gobierno que ciertamente dispondrá de mayores recursos de cara a un año electoral en el que con toda seguridad aumentará el gasto público.
Ya la consultora especializada en gestión de recursos humanos, Mercer, advertía que 2024 podría ser un año de aumentos salariales, pues en años de elección presidencial bajo el chavismo se han producido 19 aumentos, lo que genera un promedio de 3,8 ajustes salariales por año electoral.
Para García, un aumento salarial en el mediano plazo es una posibilidad bastante alta, pero incluso con mayores recursos, es poco probable que sea de magnitudes importantes.
«Eso muy probablemente lo veamos para 2024 cuando esos ingresos efectivamente empiecen a entrar. Creo que hay que ser cauteloso con las expectativas de mejora de ese ingreso. Sí va a haber, pero probablemente no sea la magnitud que requiere la gente y que vaya acorde con las expectativas del ciudadano», aseveró.
