Un llamado a concertar una política salarial para que pueda recuperarse el valor del trabajo, propone León Arismendi, director general del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) cuando se acaban de cumplir 19 meses del último ajuste del salario mínimo a Bs. 130.
“Mantener congelado el salario mínimo hasta su casi desaparición (3,73 dólares al tipo de cambio del 17 de octubre), así como incrementar el monto del denominado Cesta Ticket Socialista y el bono de guerra de los trabajadores del sector público, sin que existan medidas eficaces para controlar la inflación y fomentar la actividad productiva, no da respuesta al problema de fondo”, Arismendi.
Advierte el directivo que sostener esas condiciones es darle continuidad a la misma política salarial unilateral, espasmódica e incoherente que ha conducido a la merma alarmante del poder adquisitivo de la remuneración, de las pensiones y, en general, a la pérdida del valor del trabajo.
Considera que todo esto explica la fuerte caída del consumo y la alta conflictividad laboral existente en el país. Los trabajadores –principalmente de la administración pública- perciben Bs 130 como salario mínimo, el mismo que se fijó en marzo de 2022.
“Los trabajadores no tienen un solo estímulo distinto a la sobrevivencia para cumplir con sus labores. No es casual que más venezolanos engrosen las filas de los que se van a otros países en busca de mejores condiciones de vida”, dice Arismendi, por lo que pide recuperar el valor del trabajo como eje fundamental de la política económica.
De esta manera “esta tendría mucho más legitimidad y eficacia si fuera acordada mediante el diálogo tripartito. El país necesita con urgencia una política salarial concertada. No es con insultos al ‘imperialismo’ ni evadiendo responsabilidades propias como deben abordarse los cambios que el país requiere”.
El directivo del Inaesin destaca que es indispensable diseñar una política para la progresiva mejora del salario que, teniendo como premisa principal la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias, tome en cuenta variables como la inflación, la paridad cambiaria, el costo de la canasta básica, el promedio de las remuneraciones en el sector público y en el privado, el presupuesto nacional, la productividad de las empresas y su capacidad de empleo.
“En fin, datos suficientes y actualizados que faciliten la toma de decisiones y su seguimiento”.
Arismendi lamenta que el gobierno, en lugar de aprobar un método para la fijación del salario mínimo que incluya el uso de los datos mencionados y cumplir el Convenio N° 26 de la OIT referido al tema, insista en su fijación unilateral y arbitraria.
