Los partidos de la plataforma unitaria propusieron al país un proceso de elección primaria para escoger un candidato unitario que represente a toda la oposición democrática en las elecciones presidenciales del 2024. Para ello tuvieron el buen tino de poner este proceso en manos de intachables figuras de la Sociedad Civil, designado una Comisión Nacional presidida por el honorable profesor universitario Jesús María Casal, esta Comisión a su vez nombró en Lara una Junta Regional que preside una ilustre dama quien goza del máximo respeto de la comunidad como lo es Nelly Cuenca de Ramírez.
Este proceso de elección primaria de manera gradual y contundente se ha sembrado en lo profundo del sentimiento popular venezolano. En todas partes del país, en grandes ciudades y apartados caseríos se observa el empuje entusiasta del venezolano, los cuales en suma millonaria se hará presente el 22 de octubre para dar un paso decisivo hacia un futuro de libertades sociales y económicas que nos permita reinsertarse en el grupo de repúblicas occidentales que tienen una vida normal, donde el trabajo sea un instrumento para la subsistencia, donde haya suministro de agua, electricidad y combustibles accesibles sin necesidad de la intermediación de un dirigente comunal afecto al partido oficialista. En verdad esta Primaria son un grito alegre de rebeldía que se metió en el corazón del pueblo.
Toda esta emoción, toda esta movilización popular en calles y avenidas en respaldo a las candidaturas está montada sobre una noble estructura humana representada por sectores independientes, pero sobre todo y mayoritariamente, por mujeres y hombres que militan en las diferentes organizaciones políticas involucradas en el proceso de la Primaria, quienes han puesto su tiempo, sus viviendas, sus negocios, su vida y la de sus familias, al servicio de este proceso democrático y unitario. Por ello en el Movimiento DECODE damos testimonio de agradecimiento a todas estas personas que son un bastión de resistencia y lucha espiritual y moral a favor de la dignidad nacional. La Primaria es puesta en manos de la sociedad civil, están en el corazón del pueblo y avanzan sobre las espaldas de la militancia de todos los partidos democráticos incorporados al proceso.
Precisamente, por estar la Primaria consustancial con toda la comunidad venezolana, con frecuencia nos pregunta el común, desde humilde gente del pueblo trabajador, como destacados profesionales o notorios participantes de sectores sociales o económicos acerca de las inhabilitaciones que entorpecen el normal desarrollo de este proceso cívico y siempre tenemos una respuesta categórica: “ningún candidato en la Primaria està inhabilitado”. La razón es muy sencilla ya que todo acto ilegal de cualquier autoridad tiene la mácula de nulidad, por lo cual no tiene ningún efecto en la vida ciudadana.
El artículo 65 de la Constitución, que quisiéramos copiar en su integridad para evitar dudas al respecto, establece lo siguiente: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delito cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”. Por su parte el Código Penal dispone lo referente a las sanciones accesorias de la pena de presidio: “La inhabilitación política mientras dure la pena”. Por último, el artículo 289 constitucional establece las atribuciones de la Contraloría General de la República y en sus 6 numerables no crea excepción alguna a lo dispuesto en las disposiciones transcritas, sino que las refrenda al ordenar en su numeral 6º que este órgano tendrá como facultad “Las demás que establezca esta Constitución y las leyes”. Ninguno de los candidatos a la Primaria ha sido sometido a juicio penal o condenado a la pena de presidio y en conclusión ninguno de ellos está afectado de inhabilitación política.
Pero el caso de la candidata María Corina Machado resalta, pues el ilegal lapso de inhabilitación política que le impusiera la Contraloría General en 2015 ya concluyó, lapso que quiere revivir el mando autoritario del gobierno, mediante un oficio de un funcionario subalterno de la Contraloría General, sin que lo antecediera proceso alguno y sin dar razón de los motivos que lo llevó a usurpar la función del Contralor General, único funcionario que podría imponer tal sanción, claro, conforme a las normas antes transcritas de cuyas hipótesis no se deduce la inhabilitación de ninguno de los candidatos a la Primaria. La nulidad de esta resolución inicua está prevista en el artículo 138 de la Constitución: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. ¡¡¡Más claro no canta un gallo!!!
Aceptar que estas acciones espurias del régimen tengan validez y puedan aplicarse impunemente en la vida de la ciudadanía, es un acto que avala y da aliento al ilegítimo gobierno que ha destruido inmisericordemente a nuestro país.
Y entonces, ¿Qué hacer?
Si las vías jurídicas que naturalmente se utilizan en una democracia, a fin de impedir la aplicación de órdenes claramente ilegales violatorias de la Constitución están cerradas, pues estas instancias de decisión, principalmente el Poder Judicial, están copadas ilegítimamente por el mando arbitrario, la propia Constitución en su protección ordena en su artículo 333 que “En tal eventualidad todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Si se omite la vía jurídica, el sendero legal que ha de transitar un gobierno democrático y se apela a la vía de hecho vulnerando visible y notoriamente la Constitución, a “todo ciudadano investido o no de autoridad”, le corresponderá la obligación de actuar a fin de restablecer la vigencia del régimen legal inexistente actualmente en nuestro sufrido país.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
