La entrada al pueblo de Las Tejerías, en el estado Aragua, está vigilada por militares. El 8 de octubre del 2023 se cumplirá un año del alud torrencial que dejó un mínimo de 54 muertos y decenas de desaparecidos y el régimen de Nicolás Maduro reconstruye solo la entrada de la ciudad.
«La nueva Tejerías: ciudad de paz» reza en la nueva plaza y en los tres edificios de la Misión Vivienda, pintadas de varios colores, y decoradas por una estatua del expresidente Hugo Chávez Frías. A los alrededores se ve un hospital y un pequeño Mercal (de la Misión Mercado de Alimentos del año 2003), pero no dejan la entrada a ningún civil.
Los militares solo dejan ver la fachada. Vigilan quién entra y sale del pueblo.
—Tardamos 8 meses en armar todo esto. Es lo único que nos mandaron a hacer. Hasta ahora no hay más obras —dice Franklin Martínez, uno de los obreros de la zona en construcción, mientras raspaba la pintura de la plaza Los trabajadores—. Cerca de 36 apartamentos están en esas Misión Vivienda, pero allí no cabe una familia de cinco personas, si a caso de tres.
La vieja Tejerías se mantiene
A unos 670 metros de las construcciones, en pleno casco histórico del pueblo, se ven los restos del alud torrencial. Lodo, ladrillos y escombros es lo que queda del sector Castor Nieves Ríos. Los vecinos aún reconstruyen lo que queda de sus casas. Dos excavadoras siguen limpiando el cono de eyección de la quebrada Los Patos, una de las zonas más afectadas por el deslave.
«Desde el primero de octubre empezaron a limpiar la zona. Antes ni aparecían: solo estuvieron los dos primeros meses después del desastre y ahora, a cuatro días de que vengan los políticos», dice María Félix Díaz, profesora de 64 años y vecina del sector Castor Nieves Ríos.
Los vecinos caminaban encima del lodo y la quebrada, camionetas conducían sobre el lecho del riachuelo cargando muebles para recuperar las casas. Si desean subir a zonas más cercanas a la montaña, como el sector El Béisbol, debían pasar por ahí. No hay calles todavía.
«Es ahorita que pude reconstruir la fachada de la casa, con mis ahorros. Solo en esta parte, pegada a la quebrada, se perdieron más de 20 casas», agrega Díaz. «Pero, de todos los afectados por el deslave, solo unos pocos se fueron a Maracay, como unas 14 personas. Ni entre nosotros sabemos cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos hay y cuántos sobrevivientes se han ido», agrega Díaz.
En la ribera de la quebrada lo que queda son escombros. Al lado este de la quebrada los Patos solo se mantienen los muros de una pequeña zona comercial, llamada «el matadero». Una pared blanca y rodeada de maleza sirve de memoria tangible para los habitantes de Las Tejerías: una estela de lodo seco de tres metros de altura marca la magnitud del deslave.
Los transeúntes siguen sus rutinas: un mercado itinerante que se asentaba cerca del río sigue sus ventas. Los comercios cerca del cono de eyección del alud torrencial están cerrados, algunos hasta abandonados. En toda la zona del sector Castor Nieves Ríos solo funcionaba un Banco Venezuela a puertas cerradas.
Los colegios de la zona están sin estudiantes un miércoles por la mañana y la zona industrial al sur del pueblo ya no está tapiada de barro, pero sigue abandonada. Con la tierra ganada cerca del río crearon una cancha improvisada de bolas criollas cerca del mercado itinerante.
Opacidad demográfica
El último censo oficial que tuvo Venezuela fue en 2011. Para ese entonces, Las Tejerías tenía 54.392 habitantes. El pueblo es la capital del municipio Santos Michelena del estado Aragua, una de las zonas con alto riesgo de aludes torrenciales según el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil.
Ahora las estadísticas demográficas están sobre los hombros de los Consejos Comunales del pueblo, agrupaciones de vecinos liderados por la administración madurista. Remilgo Ceballos, ministro de Interior, Justicia y Paz, ofreció una cifra nacional de 14.000 viviendas afectadas por las inundaciones y aludes torrenciales durante el 2022. Pero el ministerio, hasta ahora, no ofrece una cifra exacta sobre los afectados en Las Tejerías.
«Los Consejos Comunales se volvieron un enredo con los censos: primero agarraban una manzana (o cuadra), pero luego negaban que alguien vivía en un hogar que estaba destruido y la gente no sabía cómo defenderse. También pasaba que otras familias le hacían un censo en un sector y se refugiaron en la casa de un vecino, y hasta el sol de hoy no sabemos si hicieron esas correcciones. No dicen nada», comenta Zulay Romero, una ama de casa de 55 años del sector Castor Nieves Ríos.
La incongruencia en los datos demográficos y el impacto de los desastres socioambientales no es nuevo en Venezuela. El antropólogo Rogelio Altez, especialista en desastres, ha denunciado desde el desastre de Vargas en el año 1999 que las cifras de fallecidos y desaparecidos no son transparentes.
«Muchas de estas cifras fueron el resultado de declaraciones inexpertas o irresponsables, desde las cuales se nubló toda posibilidad de precisión al respecto, contribuyendo con ello a que la noción sobre aquel evento alimentara la imaginería y no la interpretación», escribió Altez en su investigación publicada en 2007. De seguir con los análisis y proyecciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los escenarios de desastres en Venezuela serán más frecuente con los años.
«De seguro hubo más muertos y desaparecidos. Por la iglesia evangélica, que quedaba también cerca de la quebrada, había varias personas cuando la edificación se desplomó. Aunque el deslave pasó en la noche, había mucha gente en la entrada de sus casas y en el mercado que queda a unos metros, en pleno caudal», opinó Romero.
Según la Carta Internacional de Espacio y Grandes Desastres (CIEGD), una plataforma internacional de monitoreo satelital, cerca de 1885 edificaciones fueron afectadas por el deslave. De acuerdo con Romero, la atención de las víctimas del desastre «ha sido un enredo, errático».
«Fue este 3 de octubre cuando ellos hicieron la primera reunión para llevar a unos vecinos para los apartamentos que están construyendo en la Misión Vivienda. Iban a asignarme uno, pero no lo hicieron porque mi casa quedó bajo la categoría de “anegada”. Aunque vivo al lado de la quebrada, mi casa se llenó de agua a una altura de cuatro dedos», dice Romero. «La otra razón es que todos mis hijos y nietos, que quedaron damnificados, están viviendo aquí. En esta casa hay doce personas. Sabemos que estamos en alto riesgo, pero no podemos irnos hasta conseguir un espacio más grande que un apartamento de tres habitaciones para tres familias».
«Refugios solidarios» y mercados secundarios
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) presentó este 2 de octubre su reporte sobre el desplazamiento forzado en el mundo durante el año 2022. Desde allí, el Consejo Noruego a Refugiados constató a través de la prensa nacional que 13.366 venezolanos se movilizaron dentro del país forzadamente debido a las inundaciones, a los deslaves y a la falta de gestión de riesgos. De ese grupo, la ONG estima que 9.737 desplazados ambientales son de Las Tejerías.
Mientras un número indefinido de afectados por Las Tejerías se desplazó a Maracay, otros que perdieron sus casas se encuentran en las viviendas de sus vecinos, como unos inquilinos humanitarios.
«Entre nosotros lo llamamos un “refugio solidario”. A la mayoría le piden que busquen un hogar por el mercado secundario: la persona damnificada busca una vivienda y el gobierno la debería pagar», explica Alejandra Ximénes, una artesana de 46 años que pidió el seudónimo para dar sus declaraciones. «Pero hasta ahora no he logrado mudarme: he conseguido tres habitaciones y, cuando pido la ayuda humanitaria, pierdo la oportunidad porque el Estado no responde desde hace un año. En esta última semana están presionando a las personas que están en los refugios solidarios para que consigan una vivienda».
Venezuela es uno de los países firmantes del Marco de Sendai, un acuerdo de las Naciones Unidas que compromete a los Estados a mejorar los sistemas de alerta temprana de desastres, tener o mejorar los programas de reconstrucción y rehabilitación humanitaria para todos los afectados por igual.
«Tampoco puedes recuperar tu local privado, porque pedir un alquiler está muy caro. Durante este último año, los precios de alquiler de espacios comerciales han subido hasta 400%. Antes podía trabajar con un alquiler de 30 dólares, ahora el alquiler está entre los 120 – 150 dólares mensuales», agrega Ximénes. «No entiendo por qué las personas que no tienen grupos familiares grandes no tienen los mismos derechos que los demás. Todos vivimos el desastre, todos tenemos derechos».
La mayoría de los habitantes de Las Tejerías que están en «refugios solidarios» y en el mercado secundario prefieren resguardar sus identidades por temor a represalias. Temen que si sus nombres aparecen en la prensa, exigiendo sus derechos fundamentales, el gobierno no le otorgará una vivienda, saltándose sus obligaciones internacionales.
Un hombre de 71 años del sector Castor Nieves Ríos denuncia que no existe una organización o patrón para aquellos afectados que son desplazados a Maracay y los que deben buscar vivienda por su cuenta. Una mujer del sector El Béisbol, en la zona alta de Las Tejerías y en la cabecera de la quebrada, dice que la zona sigue igual de lodosa, no hay servicios de agua desde que ocurrió el desastre y cerca de 40 menores de edad y 50 adultos mayores de 60 años se encuentran en los «refugios solidarios» de la zona.
Ellos no son los únicos, sobrevivientes del desastre del Valle de Mocotíes del 2021 en Mérida siguen en refugios, según Radio Fe y Alegría. En una entrevista telefónica a Runrun.es un afectado por el desastre en Mérida advirtió que sigue en edificaciones públicas que sirven como refugio a dos años ese desastre socioambiental.
«Quizás nunca sabremos cuántos muertos hubo, ni cuántos quedaron desaparecidos. Entonces queda hacer nuestras propias memorias, contar cómo vivimos la tragedia personalmente, para que no se olvide con el tiempo y algún día se cuente la historia completa», concluyó María Félix Díaz.
