Organizaciones de la sociedad civil larense emitieron una declaración pública ante el «cúmulo de obstáculos, barreras, amenazas y riesgos que se está imponiendo, desde los poderes públicos y el partido político de gobierno» a la realización de la primaria.
Al referirse al proceso del 22 de octubre, detallan que «la Comisión Nacional de Primaria y Juntas Regionales de Primaria en los 24 estados del país, así como quienes presentaron sus candidaturas y las organizaciones que los respaldan, han experimentado distintos tipos de intimidaciones, difamaciones e incluso agresiones físicas y amedrentamientos a sus seguidores y a quienes les brindan servicios».
Además, agregan, «se ha amenazado con abrir procesos judiciales al grupo de directivos de los entes nacional y regionales responsables, por realizar sus legítimas labores».
En el documento también rechazan las acciones del oficialismo que buscan evitar la participación de algunos candidatos en la primaria.
«Como parte del proceso de bloqueo del derecho a la participación de los factores democráticos del país, la Contraloría General de la República , extralimitando sus funciones y actuando al margen de sus competencias, inhabilitó administrativamente a tres candidaturas y persiste en negarles el derecho a asumir la representación de los factores democráticos en la elección presidencial del año 2024».
Señalan que «además existe la amenaza de varios recursos introducidos ante el TSJ en los cuales, por diversas razones infundadas, se solicita la declaración de nulidad del evento de la elección primaria».
En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil que suscriben este documento, manifiestan que desde los sectores oficialistas aplican «presiones indebidas e ilegales de diversos órganos del poder público por imponer condiciones y obstáculos al proceso de organización y realización autónoma de la elección primaria, violando los derechos a la participación contemplados en la Constitución».
«Valoramos altamente el esfuerzo ciudadano y el riguroso compromiso de preparación y organización de la Primaria por la Comisión Nacional de Primaria y las Juntas Regionales de Primaria», añaden.
Por último, respaldan la solicitud de la Comisión Nacional de Primaria al Consejo Nacional Electoral «para que gestione el resguardo y la seguridad, tanto del material electoral como la integridad física de quienes participaran en la organización del evento del 22 de octubre».
«Nos sumamos a quienes realizarán el monitoreo del proceso comicial documentando, reportando y difundiendo sobre la marcha del mismo cualquier hecho que constituya violaciones a los derechos humanos, y al derecho a elegir, de la población venezolana», concluyen.
